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Honduras

Crisis en el CNE, pero unidos para excluir a candidaturas independientes

Fuentes: Rebelión

Piden revertir decisión del CNE que dejó fuera a más de 20 propuestas ciudadanas

A pesar de atravesar una crisis institucional que amenaza con poner en riesgo las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras decidió de forma unánime el 2 de julio rechazar la inscripción de más de 20 candidaturas independientes en todo el país. Entre ellas se encuentran la de Víctor Fernández, en San Pedro Sula, y la de Albertina López, en el municipio de Tela.

La decisión se basó en un informe del Registro Nacional de las Personas (RNP), cuya metodología no ha sido detallada públicamente y que ha sido severamente cuestionado por los movimientos afectados. Sectores sociales y expertos electorales denuncian que esta resolución constituye una forma renovada de exclusión política y “una nueva modalidad de fraude electoral”.

Un CNE fracturado… pero coordinado para excluir

Paradójicamente, la resolución unánime ocurre en un contexto de fractura institucional profunda. Dos de los tres consejeros del CNE —Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Cossette López (Partido Nacional)— han sostenido choques constantes con el tercero, Marlon Ochoa (Partido Libre). Esta semana, Hall incluso hoy puso a disposición su cargo, denunciando presiones políticas, ilegalidades en los procesos y falta de condiciones para garantizar elecciones creíbles.

Pese a esa disfuncionalidad, el CNE logró actuar con rapidez y consenso para negar las candidaturas ciudadanas. “¿Cómo puede un órgano fracturado sesionar unánimemente solo para cerrarle el paso a las voces independientes?”, se preguntan desde las candidaturas independientes. La contradicción ha avivado las sospechas de un pacto entre cúpulas partidarias para blindar el poder y limitar el acceso electoral a quienes no forman parte del sistema tradicional.

«Una decisión jurídicamente criminal»

El abogado y líder social Víctor Fernández, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, fue contundente en su denuncia. Calificó la resolución del CNE como “jurídicamente criminal” y un acto de corrupción electoral concertada entre los tres grandes partidos: Libre, Liberal y Nacional. “Esto no fue un error técnico. Es autoritarismo encumbrado, una traición a la voluntad popular”, expresó Fernández en declaraciones públicas.

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Su candidatura, al igual que la de Albertina López en Tela, fue impulsada sin financiamiento estatal, con firmas recolectadas barrio por barrio y con organización comunitaria. Ambos equipos aseguran haber cumplido cada requisito legal, y cuestionan que ni el RNP ni el CNE hayan presentado criterios técnicos verificables para invalidarlas.

Victor Fernández, abogado y Director del Bufete Dignidad declaro en sus redes sociales: “Ustedes son una vergüenza para este país. No hay duda: las cúpulas del Partido Libre, Liberal y Nacional quieren obstruir nuestro proyecto político. Lo temen porque saben lo que representamos, porque nacimos desde abajo, desde la dignidad del pueblo que lucha», estas declaraciones ocurrieron al momento de enterarse que las 26 candidaturas de su espacio «independiente» fueron rechazadas

«Nuestra candidatura no le cuesta un centavo al Estado. La hemos levantado con esfuerzo, con nuestras uñas, con el aporte de la gente sencilla. Hemos cumplido con todos los requisitos, con contenido, organización y propuesta. Y aún así, el CNE y el RNP, tomaron una decisión estúpida, insensata y vergonzosa, negando la inscripción de una candidatura limpia, legítima y popular, como también la de otras candidaturas independientes que han luchado desde condiciones aún más adversas. Esto no es democracia. Esto es un cerco autoritario para que nadie fuera del pacto corrupto pueda representar al pueblo», fueron sus palabras al momento de recibir la negativa, ante meses que estuvieron trabajando recabando las firmas necesarias con sus adherentes casa por casa y de manera voluntaria.

Fecha clave: 18 de julio

Los movimientos afectados han presentado recursos de reposición, el mecanismo administrativo previsto en la Ley Electoral hondureña. El CNE deberá emitir una resolución definitiva el 18 de julio, fecha en la que se juega la posibilidad de revertir la exclusión de estas candidaturas.

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En ese contexto, organizaciones ciudadanas han exigido al organismo que garantice debido proceso, transparencia en los métodos de verificación y respeto al derecho constitucional de participación política. “La democracia no puede reducirse a tres partidos. Excluir al pueblo organizado es poner en riesgo la legitimidad de todo el proceso electoral”, afirmaron desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Pese a la exclusión, Fernandez indicó que: “La dignidad no se inscribe ni se cancela. La construimos y la defendemos. No hemos sido vencidos. Somos semilla en la conciencia de un pueblo digno.”

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la crisis electoral en Honduras. La permanencia de las exclusiones podría derivar en un escenario de desconfianza generalizada, con consecuencias graves para la estabilidad democrática de cara a las elecciones de noviembre.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.