El conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica está arrojando un nuevo capítulo que para Costa Rica bien podría titularse así «De un estado de excepción a un estado de corrupción». En efecto, esta vez los regímenes de Ortega y Chinchilla están repitiendo otro artificioso conflicto en función de sus respectivos intereses «nacionales» que no […]
El conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica está arrojando un nuevo capítulo que para Costa Rica bien podría titularse así «De un estado de excepción a un estado de corrupción». En efecto, esta vez los regímenes de Ortega y Chinchilla están repitiendo otro artificioso conflicto en función de sus respectivos intereses «nacionales» que no son otros que los intereses geo-políticos y económicos de grandes capitales imperialistas en toda esa franja fronteriza. Desde las grandes empresas hidro-extractivas (represas, minería), pasando por los capitales de la inversión en biotecnología (farmacéuticas), los grandes desarrolladores turísticos e inmobiliarios y las inversiones de las agroindustrias a gran escala (piñeras, naranjeras), todo un enjambre de capitales confluyen allí en disputa por las riquezas naturales, la tierra y la super-explotación de los trabajadores a ambos lados de la frontera.
El nuevo conato de conflicto que estalló a finales de 2010 en torno a la Isla Calero, hizo que el Gobierno de Laura Chinchilla emitiera un «Decreto de Emergencia» para la construcción de una «trocha» o carretera a lo largo de toda la ribera sur del limítrofe Río San Juan. Sin pudor alguno se atrevieron a bautizar la trocha como «Ruta 1856, Juan Rafael Mora Porras» en alusión a la gesta nacional contra el filibusterismo yanky de entonces. De igual forma y con un cinismo rampante el gobierno costarricense enarboló las banderas de la defensa del medio ambiente cuando han sido este y los últimos gobiernos de la oligarquía los campeones en la depredación y entrega de los recursos naturales al gran capital imperialista . Cabe destacar aquí que vergonzosamente la izquierda «progre» y los grupos ambientalistas costarricenses cuando no fue que guardaron silencio sobre el conflicto, dieron su apoyo político expreso al Gobierno de Laura Chinchilla y a su sucia y xenofóbica cruzada en defensa de la «soberanía nacional». Tal fue el caso del Frente Amplio y del Partido Vanguardia Popular.
Pero además de toda esta farsa política, hoy podemos decir que somos testigos de uno de los más indignantes escándalos de corrupción gubernamental y empresarial en Costa Rica. Al amparo del susodicho decreto de emergencia ocurre que ya se vienen robando la friolera de Ȼ 44.000 millones, en un operativo de saqueo de fondos públicos sin precedentes al mejor estilo de «rápido y furioso». La desvergüenza ha sido tal que ya no sólo se burlaron los más elementales controles y procedimientos de gastos y contrataciones de la administración pública (aún así estos sean los excepcionales de un decreto de emergencia), sino que se abrió trocha sin son ni ton, sin ninguna consideración a los más elementales principios técnicos, ambientales e ingenieriles del caso. Todo ello ha resultado en un derroche descomunal de recursos públicos que podrían aumentar al doble sólo corrigiendo «errores» (los expertos del Colegio de Ingenieros y del LANAME de la UCR estiman que ese camino bien hecho costaría apenas unos Ȼ 10.000 millones) y por supuesto también en un irreparable daño ambiental al ecosistema de la Cuenca Binacional del Río San Juan.
Ante estos hechos, en días pasados el Gobierno emitió un comunicado bajo el título «Posición del Gobierno de la República en relación a la Ruta 1856». Este comunicado es muy peligroso pues el Gobierno no sólo evade referirse a la corrupción y a sus responsables, no sólo no se refiere en nada a los irreparables y delincuenciales daños al medio ambiente, sino que justifica en un tono bélico, xenofóbico y provocador la construcción de la trocha, inyectando un odioso veneno anti-nicaragüense y delirando acerca de supuestas invasiones al territorio costarricense. El peligro consiste en que además en este comunicado se justifica incluso la eventual supresión de garantías democráticas al amparo de estos «decretos de emergencia». Y más recientemente la Presidenta Chinchilla en igual tono bélico y patriotero, declara a los medios que en la construcción de esa trocha no hubo «errores» y que más bien se trata de los «faltantes» en un proyecto de construcción que apenas dio inicio. Es obvio el tono bélico y chovinista con el que Gobierno pretende justificar y ganar adeptos a su sucia causa. Y es obvia la impunidad de clase para su séquito de pandilleros pues recordemos que este escándalo se suma a la cadena de anteriores escándalos del actual Gobierno y a la caída, una tras otra, de altos jerarcas y ministros de su gabinete, incluido ahora el principal jerarca del ramo de Transportes. Hoy no debemos esperar y mucho menos confiar en los tribunales de la justicia costarricense, y menos aún en el Gobierno burgués de Laura Chinchilla. Ella misma debería ser procesada por responsabilidad en estos hechos. Mas lo cierto es que al igual que otros escándalos, en este la impunidad al más alto nivel será la regla.
Desde el Partido de los Trabajadores, PT, hacemos un llamado a la izquierda costarricense, a todo el movimiento sindical, estudiantil, ambientalista, campesino y popular de ambos lados de la frontera, a que no caigamos en las trampas guerreristas y del patrioterismo, la voracidad y la rapiña capitalista de los Ortega y las Chinchilla. Hoy se impone la unidad de los pueblos nicaragüense y costarricense con absoluta independencia de sus respectivos gobiernos. Nos toca a nosotros en Costa Rica desplegar la más amplia campaña de denuncia contra uno de los gobiernos más corruptos en la historia nacional, y la más alta campaña por la unidad y la defensa de los miles de trabajadores migrantes nicaragüenses en Costa Rica sobre quienes siguen recayendo los más odiosos sentimientos de represión y discriminación en este país. ¡Cárcel para los corruptos del Gobierno y las empresas privadas! ¡No a la impunidad!
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