La paralización de proyectos hidroeléctricos sobre el río Oxec [1] es un triunfo de la resistencia comunitaria frente al abuso absoluto (consecuencia del poder absoluto) empresarial. Una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, confirmada provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad, CC,[2] obliga a la suspensión de las actividades empresariales, por violación del […]
La paralización de proyectos hidroeléctricos sobre el río Oxec [1] es un triunfo de la resistencia comunitaria frente al abuso absoluto (consecuencia del poder absoluto) empresarial. Una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, confirmada provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad, CC,[2] obliga a la suspensión de las actividades empresariales, por violación del derecho de consulta de las comunidades.
Sin embargo, una intensa campaña presiona para la reversión de esta sentencia. La campaña se desarrolla al menos con estas líneas:
1 Se solicita a la CC que resuelva sin tener en cuenta la violación de derechos, a partir de criterios de seguridad y certeza de la inversión empresarial (comunicado de Asociación de Generadores de Energía Renovable). Para ello se vincula la paralización de los proyectos a la pérdida de empleo, el alza de un 35% del precio de la luz y la retirada de la inversión.
En contraposición a esta idea, algunos estudios demuestran infundada y falsa esta preocupación. Ixmucane Gómez de la Universidad de San Carlos[3] afirma que en 2016 se generó una sobreproducción de electricidad estimada en 11.1 mil millones de kilovatios hora, de los cuales solo se consumen 9.9 mil millones (el resto se exportan). La autora explica que el peso de la energía producida por hidroeléctricas es relativo, así como su impacto en el precio al consumidor: Las hidroeléctricas producen el 34% de la energía, las termoeléctricas el 60% y los ingenios azucareros el 25%.
2 Se intensifican acusaciones a dirigentes y organizaciones comunitarias. Después de la confirmación de la sentencia por la CC, un artículo de opinión acusa al Colectivo Madreselva de acarreo de personas, incitación al conflicto, violencia extrema, entre otros[4]. Otro reportaje acusa a uno de los dirigentes comunitarios, Bernardo Caal, de residir fuera del lugar del conflicto. La personalización de las opiniones en dos dirigentes hace más preocupante la amenaza.
3 Se propone por parte de Oxec y el empresariado la homologación retroactiva de los proyectos en ejecución y, por tanto, la continuidad de los mismos. Esta propuesta se incluye en la discusión de la Construcción de Estándares Básicos para las consultas comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de 2016. La homologación se justifica, para los empresarios, porque la inversión de las empresas genera derechos y porque la responsabilidad de la no realización de consultas es del Estado, no de las empresas.
Operativamente, el reglamento de consultas validaría reuniones de información desarrolladas por la empresa: en el caso de Oxec, unas 55 reuniones informativas (según análisis del Colectivo Madreselva) en la que no se preguntó a la población sobre los proyectos.
Que alguien me explique cómo homologamos la impunidad (o cómo legalizamos la ilegalidad)
La propuesta de reglamentación en los términos planteados por los empresarios es tan sencilla legalmente como perversa políticamente. El problema es que la homologación y continuación de Oxec implica legalizar actos ilegales cometidos, blanqueando una empresa que ha operado de forma delictiva, en el sentido estricto de delito como acción que va en contra de lo establecido por la ley o circunstancia de haber cometido una acción contraria a la ley.
La violación del derecho de consulta, la obtención anómala de permisos y licencias (estudios de impacto ambiental y licencias de construcción, entre otras), el uso de la violencia y la judicialización para contener la oposición, el soborno (casos Jaguar Energy, Terminal de Contenedores Quetzal), son -entre otras- prácticas comunes de las empresas en los territorios.
La norma es la ocultación, el engaño, la impunidad, el uso de la fuerza: en Cahabón, Carchá, Monte Olivo, Barillas, San Miguel Ixtahuacán, La Puya, San Juan Sacatepéquez, Cahabón, Carchá. La excepción es la legalidad y la ética. Por ello los proyectos extractivos tensionan la institucionalidad, el débil Estado de Derecho y la democracia como principio, generando conflictos comunitarias y sociales.
El Estudio Hidroeléctricas Insaciables, publicado en 2016, que analizó los proyectos Hidro Santa Cruz (Santa Cruz Barillas) y Renace (río Cahabón), concluye que estos proyectos violan de forma generalizada derechos de la población, especialmente:
derecho a la información, a la consulta, a la no discriminación, al territorio (…) La implantación progresiva de empresas extractivas en busca de recursos naturales, tanto en Barillas como en Carchá, se revela como un factor de vulneración del Derecho al Territorio de los Pueblos Indígenas (…) En Carchá nunca se realizó una consulta a las comunidades indígenas (…) La investigación ha detectado (…) insuficiente información, coacciones, amenazas o prácticas de infiltración de las empresas en las organizaciones comunitarias[5].
Aunque el estudio no aborda el caso Oxec, éste está interconectado con Renace a partir de la empresa constructora de los túneles, y de la utilización común de los caudales en el sistema cuenca.
Luchas por la vida y alternativas al desarrollo: el foco de todas las disputas
La resistencia y eventual paralización del proyecto Oxec afecta intereses más amplios, de ahí las reacciones que genera.
Una empresa, un proyecto económico, no se opera solo, sino a través de una abigarrada red de apoyos institucionales y financieros, operadores de justicia, redes de abogados, medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales, actores militares y diplomáticos.
Un proyecto extractivo no es solamente un espacio para la acumulación sino el impulso de un modelo de desarrollo, que prioriza el beneficio individual, a costa de la destrucción de la naturaleza y el ejercicio de derechos.
En estas líneas se desarrolla la oposición comunitaria a Oxec y otros proyectos. Es una lucha contra un entramado de intereses espurios y acciones delictivas. Es una lucha contra un modelo de desarrollo construido sobre el saqueo y el secuestro de bienes, libertad, dignidad. Es, por tanto, una propuesta que frente a la violencia y el despojo, promueve los derechos de todas y todos, y el cuidado de la vida.
Una lucha que es nuestra lucha.
Notas:
[1] Desarrollados en tres fases, según Centro de Medios Independientes sobre el río Oxec, en Cahabón, Alta Verapaz.
[2] El 4 de enero, la CSJ dictó sentencia en la Acción constitucional de Amparo en oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Oxec (tres fases) sobre los ríos Oxec y Cahabón en Alta Verapaz. La sentencia se otorgó a favor de las comunidades q´eqchi´ por violación al os derechos constitucionales y por no haberse efectuado la consulta comunitaria, previa y obligatoria para acceder al uso de bienes de dominio público (Comunicado comunidades).
[3] Ixmucane Gómez. ¿A qué interés debe responder la aprobación o rechazo de los proyectos hidroeléctricos en Guatemala? Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, Universidad de San Carlos, 2017.
[4] Prensa Libre, 28 de febrero de 2017, página 13, «Sembrando Conflictividad», Pedro Trujillo.
[5] http://omal.info/IMG/pdf/infor
Blog del autor: www.memorialguatemala.blogspot
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