En los últimos años hemos visto como el discurso de Sociedad Civil ha tomado fuerza en diversos lados del mundo, particularmente lo escuchamos constantemente en América Latina. Este actor, aunque existen profundos debates en torno a esto marcados por la ambigüedad del término, surge como una tercera fuerza que entra en la disputa entre mercado […]
En los últimos años hemos visto como el discurso de Sociedad Civil ha tomado fuerza en diversos lados del mundo, particularmente lo escuchamos constantemente en América Latina. Este actor, aunque existen profundos debates en torno a esto marcados por la ambigüedad del término, surge como una tercera fuerza que entra en la disputa entre mercado y Estado, que el mundo vive desde los 70’s y en nuestra región, principalmente desde los 90’s. Esta lucha viene dada a partir de la expansión de las políticas económicas neoliberales.
En El Salvador, el término aparece como algo todavía más ambiguo y difuso. Se asume desde algunos sectores un discurso que parece, y esto no sin ayuda de los medios de comunicación, pretender eliminar al mercado de este trinomio, el cual aceptamos se encuentra en constante movimiento y disenso. Así, la sociedad civil es presentada en este contexto como una antítesis del Estado, sobre la base de demandas que son más o menos universales y de interés transversal en casi todos los sectores de la sociedad, como la transparencia y la lucha contra la corrupción. El Estado es asimilado, en este discurso, como algo exógeno a la sociedad.
El discurso sociedad civil vs Estado está construido sobre la base de una idea posideológica o pospolítica, donde se suprime la heterogeneidad de los diversos actores sobre la base de un supuesto interés común. El ejemplo más evidente de esto fue la formación de «Aliados por la Democracia», donde diversas organizaciones se integraron para «defender la democracia». Con el tiempo, esta alianza se fue desintegrando, víctima de la falta de correspondencia entre valores e ideas de muchos de sus integrantes, hasta que al final solamente quedaron las organizaciones vinculadas a los sectores empresariales. ¿Se puede encontrar correspondencia entre los intereses de las empresas aglutinadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y las asociaciones de trabajadores? ¿Encuentran los movimientos ambientalistas, feministas, en favor de la comunidad LGTBI, asociaciones de campesinos, indígenas, defendidos sus intereses en esta organización? Definitivamente, no.
Por otra parte, es importante observar como en ciertas coyunturas estos auto-proclamados representantes de la sociedad civil sitúan a la Sala de lo Constitucional como referente de la lucha contra el abuso del Estado, mismo al cual, paradójicamente, pertenece. Es decir, esta supuesta dualidad queda reducida a un mero ejercicio discursivo que en la práctica no se cumple.
Todas estas contradicciones nos obligan a abandonar el término «sociedad civil» y hacer referencia al de organizaciones o movimientos sociales, que expresa de mejor forma la diversidad y que devuelve al mercado, que no es más que la abstracción detrás de la que se esconden un pequeño grupo de empresas, la visibilidad dentro de este diálogo-conflicto a tres bandas.
El filósofo argentino Ernesto Laclau señala que las sociedades «están abiertas», que puede entenderse como que la última palabra no se ha dicho. Bajo esta premisa deben guiar su accionar los movimientos y organizaciones sociales, posicionándose como un contrapeso de los abusos del Estado y del mercado. Pero no para suprimirlos, sino para transformarlos, por una parte, democratizando el mercado, y por otro, avanzando en la construcción de un Estado amplio, en términos gramscianos, donde no solo no se suprima la política, sino que se politice el disenso y la negociación del conflicto a todos los niveles de la sociedad, desprendiéndose así de una única voz hegemónica y entrando en un constante diálogo de todas las voces, que construya una sociedad que sea de todos y todas.
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