La aprobación del llamado «Decreto Dignidad» por parte del gobierno italiano ha provocado furibundas reacciones en diversos círculos políticos y empresariales. La multinacional alemana Foodora abandona Italia. Lejos de toda prudencia, las principales organizaciones patronales amenazan con despidos masivos. El día de su aprobación en el Senado, los representantes del Partido Demócrata exhibieron carteles en […]
La aprobación del llamado «Decreto Dignidad» por parte del gobierno italiano ha provocado furibundas reacciones en diversos círculos políticos y empresariales. La multinacional alemana Foodora abandona Italia. Lejos de toda prudencia, las principales organizaciones patronales amenazan con despidos masivos. El día de su aprobación en el Senado, los representantes del Partido Demócrata exhibieron carteles en los que podía leerse #ByeBye lavoro («Adiós trabajo»), lo que motivó que la presidenta de la cámara los llamara al orden. Periodistas a sueldo de las finanzas han emprendido una campaña sin precedentes contra el artífice de la norma, Luigi di Maio, el joven ministro de Trabajo y vicepresidente del país transalpino. Hasta los sindicatos han manifestado su oposición al Decreto, aunque en este caso por motivos muy distintos a los anteriores. Lo cierto es que el Decreto Dignidad ha abierto un intenso debate en la sociedad italiana sobre los parámetros que rigen las relaciones laborales y, más allá, sobre las políticas sociales y económicas aplicadas en Europa desde la aprobación del Tratado de Maastricht.
¿A qué viene tanto ruido? Empecemos por contextualizar el Decreto Dignidad en la historia de la legislación laboral italiana. Una historia, por cierto, que resultará familiar a los lectores españoles. Durante los últimos treinta años, las sucesivas reformas laborales han desregulado el mercado de trabajo y han generalizado la precariedad laboral: la Ley Treu (1997), la reforma Biaggi-Maroni (2003), los denominados «bonos de trabajo» (2008), la Ley Fornero sobre las pensiones (2012)… estas y otras normas fueron construyendo un mercado laboral precario y desregulado en el que los empresarios tienen por entero la sartén por el mango. La culminación de este proceso fueron las reformas acometidas por Matteo Renzi en los años 2014 y 2015, que implantaron el llamado «contrato único» (despido libre) y la contratación temporal sin causa como formas ordinarias de gestión de la mano de obra en las empresas. O sea, precariedad para todos y en todas partes. Recordemos, sin acritud, que por aquel entonces el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, consideraba a Renzi su principal referente en Europa.
Partiendo de esta base, no puede negarse que el Decreto Dignidad constituye un punto de inflexión en las políticas sociales aplicadas en Italia desde la irrupción del neoliberalismo. Se dirá, con razón, que la norma no cuestiona el paradigma dominante del mercado de trabajo y que serían necesarias reformas mucho más profundas y ambiciosas. Así es. Pero ello no debería impedirnos valorar en su justa medida el Decreto Dignidad.
Veamos sucintamente su contenido. Para atajar la precariedad laboral, se reduce la duración máxima de los contratos temporales de 36 a 24 meses y, todavía más importante, se restablece el principio de causalidad en la contratación temporal a partir del primer año de vigencia del contrato, de modo que éste sólo podrá prorrogarse cuando existan circunstancias temporales y objetivas que lo justifiquen. Aún más, con afán evidentemente disuasorio, se incrementa significativamente la indemnización por despido de los contratos temporales y se penaliza el uso abusivo de los mismos, aumentando la cotización adicional a la Seguridad Social en 0,5 puntos por cada prórroga del contrato.
Pero no sólo eso. El Decreto Dignidad establece también importantes restricciones a la deslocalización empresarial, sancionando a las empresas que abandonen el territorio italiano con la pérdida de las ayudas públicas vinculadas a inversiones productivas que hayan recibido, e imponiendo fuertes multas administrativas si la empresa se desplaza a países no pertenecientes a la Unión Europea. Aunque está por ver cuál es su eficacia, creemos que se trata de una decisión valiente al menos por dos razones: primero, porque supone un cuestionamiento de los principios que inspiran la construcción neoliberal del mercado europeo, señalando el nudo de problemas a los que muy pronto tendrá que enfrentarse el gobierno italiano; y, segundo, porque fortalece la posición de poblaciones laborales completas que hasta ahora asistían impotentes a la degradación sistemática de sus condiciones de vida y trabajo para «hacer de Italia un país competitivo» y «salvar los puestos de trabajo».
Por último, pero no por ello menos importante, el Decreto Dignidad aborda la prohibición de la publicidad de las apuestas deportivas y juegos de azar, en la pretensión de erradicar una lacra social que golpea sin piedad a las familias italianas, especialmente a las más pobres y vulnerables. Con la única excepción de las loterías nacionales, la norma prohíbe cualquier clase de publicidad relacionada con apuestas y juegos de azar, efectuada por cualquier medio, incluyendo eventos deportivos, culturales o artísticos, transmisiones de televisión y radio, prensa diaria y periódica, publicaciones en general, vallas publicitarias e Internet. La lucha contra la ludopatía nunca ha sido fácil, tampoco en Italia, como evidencian las muchas iniciativas fallidas que se emprendieron en el pasado. Al proceder de este modo, el gobierno italiano está asumiendo la defensa de las clases populares frente a grupos de presión poderosos e influyentes que controlan los principales medios de comunicación a través de gigantescas inversiones publicitarias.
En nuestra opinión, la importancia del Decreto Dignidad no puede ser ignorada. El gobierno italiano parece ser el único que ha tomado nota de la importante Resolución del Parlamento Europeo aprobada el pasado 31 de mayo sobre la lucha contra la precariedad laboral, en la que se insta a los Estados miembros a erradicar el empleo precario y a promover el trabajo de calidad, seguro y bien remunerado. Es posible que las medidas laborales del Decreto sean insuficientes, pero rompen con el pasado reciente y transitan un nuevo camino. Las medidas contra las deslocalizaciones apuntan a las empresas que en mayor medida han explotado y precarizado el trabajo. La lucha contra la ludopatía implica la defensa efectiva de los más pobres y excluidos, de las personas que sufren la crisis y lo han perdido todo. Guste o no guste, el Decreto Dignidad constituye un notable esfuerzo por defender al pueblo italiano contra los señores de las finanzas y de las deslocalizaciones. En política hay que debatir sobre datos y hechos. Juzgar las intenciones es propio de inquisidores y pobres mentes que carecen de argumentos racionales. ¿Fascismo en Italia? Decreto Dignidad.
Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/09/05/fascismo-en-italia-decreto-dignidad/