Con la implementación del modelo neoliberal a inicios de la década de los noventa, se generaron algunas expectativas de crecimiento para la economía salvadoreña, sobre todo en los primero años (6.2% en promedio para el periodo, 1991-1995) expectativas que sólo fueron efímeras y de nulo o reducido impacto en el bienestar en la población. Las […]
Con la implementación del modelo neoliberal a inicios de la década de los noventa, se generaron algunas expectativas de crecimiento para la economía salvadoreña, sobre todo en los primero años (6.2% en promedio para el periodo, 1991-1995) expectativas que sólo fueron efímeras y de nulo o reducido impacto en el bienestar en la población. Las estadísticas oficiales son contundentes, a mediados de la década de los noventa la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto muestra una marcada tendencia a la baja; tendencia que en la actualidad es agudizada por la crisis económica financiera. Siendo el bajo crecimiento de la economía salvadoreña una problemática tan evidente en la actualidad (1.3% en promedio para el último lustro), se han planteado, en el debate académico, económico y político, las causas que explican esta tendencia. En este sentido, una de las principales causas que se exponen, con cierto grado de consenso, es que la economía no crece dado los bajos niveles de inversión, -extranjera y nacional, pública y privada- niveles relativamente bajos en comparación con otros países de América Latina.
El debate se centra entonces en explicar cuáles son los principales determinantes de la inversión en el país; en esta línea, se ha vulgarizado en diversos sectores académicos, políticos y gubernamentales, una respuesta proveniente de la clase empresarial y sus tanques de pensamiento, quienes plantean tres grandes determinantes: a) la falta de reglas claras; b) la no definición del rumbo al que se quiere llevar al país y; b) la falta de confianza en las instituciones. Ante esto resulta importante desmitificar ¿Qué realmente esconde la explicación de la clase empresarial salvadoreña? Desde luego, sus respuestas no son el resultado de un proceso meramente técnico, como así lo justifican sus tecnócratas, sino que encierran un posicionamiento ideológico y político para favorecer los procesos deliberados de acumulación del capital, así como hacer la apología necesaria para sostener el paradigma neoliberal.
En referencia al primer determinante que propone la clase empresarial salvadoreña; exigir reglas claras para la inversión, es en esencia, exigir derechos para el capital. Hacer del capital un sujeto de derechos es una de las principales aristas del proceso de acumulación capitalista, es una exigencia sine qua non que se debe profundizar en concordancia a las exigencias de explotación y expansión del capital mismo. En esta vía, se busca crear una variedad de instrumentos jurídicos que garanticen la reproducción del capital, instrumentos que aseguren la ganancia máxima ante cualquier eventualidad que no sea producto de la lógica del libre mercado; en fin, para la clase empresarial, todo lo que ponga en riesgo el proceso de valorización del capital debe ser abolido o regulado, de esta forma se puede generar seguridad para los inversionistas.
En este sentido, el sistema mismo crea una relación inequívoca entre derechos del capital y ganancia máxima; el canon resulta claro, se deben profundizar la creación de leyes que protejan el capital de inversión, leyes que protejan la obtención de la ganancia máxima; el capitalista no ignora esto y, por tanto, lo asume como parte de su trabajo. En otras palabras, se busca generar y mantener un proceso de legalización de la explotación del hombre por el hombre, del despojo de los medios de producción de la clase trabajadora, de la transnacionalización del capital, entre otros. Esta forma de legalización capitalista se convierte a la vez en un proceso de «legitimación», legitimación que se da desde el Estado y a través de él expresa el carácter de clase del Estado moderno, por una parte; por otra parte, esa legitimación se da a costa de los derechos de las mayorías, supeditados a la lógica de la ganancia.
Esta necesidad capitalista de hacer sujeto de derechos al capital tiene graves repercusiones sobre la vida de las personas y en la naturaleza misma. En este proceso de legalización capitalista surge una clara prelación por los derechos del capital frente a los derechos de las personas y surge un sometimiento de la vida a las exigencias del capital. En esta lógica, las decisiones son tomadas en base una relación instrumental medio-fin; se consagra así, un utilitarismo de la vida y de la naturaleza en función de la voracidad del capital; por ejemplo, es obligación del Estado garantizar a la población su derecho a la educación como una fuente de emancipación social; pero en el utilitarismo capitalista, educar solo tiene sentido si la educación es puesta al servicio del capital como un insumo que maximiza la ganancia, caso contrario, invertir en educación es sólo un gasto innecesario.
Pasemos al segundo determinante que expone la clase empresarial salvadoreña, que hace referencia al patrón de acumulación vigente. Son evidentes los pésimos resultados del modelo neoliberal en cuanto a generación de bienestar de la población; en palabras simples, es un modelo fracasado. Sólo la clase empresarial, que viendo lo evidente lo niega porque no conviene, es quien se empecina en mantener el actual patrón de acumulación. Para la clase empresarial, plantear un modelo alternativo, que es una necesidad impostergable en la actualidad, es sinónimo de querer cambiar las reglas del juego, es una forma de ahuyentar al inversionista, sería seguir atrapados en el bajo crecimiento económico. Caen en una postura perversa, y expresan una forma chantaje ante una propuesta alternativa, postura que ata los intereses del pueblo exclusivamente a los intereses de la clase empresarial.
La situación anterior, expresa una inflexibilidad de la clase empresarial a cambiar el actual patrón de acumulación y una falta de empatía ante las necesidades de la población. Por supuesto, dicha postura no resulta nada insólito, en lo absoluto, es una obviedad que la clase empresarial defienda a capa y espada el actual modelo económico, si claramente han sido los únicos beneficiados. Desde su trágica concepción, abolir el actual patrón de acumulación sería robarles la «gallina de los huevos de oro» que ha estado en su poder. La flexibilidad de la clase empresarial salvadoreña sólo se muestra en el marco del sistema capitalista, es decir, estarían abiertos a un modelo económico pro capitalista, atado desde luego a sus intereses de clase, y que como mínimo que tenga el aval del imperio; aceptar un modelo alternativo que contravenga el sistema actual, seria en su concepción, desaprobado automáticamente por considerarlo contrario a sus intereses.
Por ejemplo, continuando con la idea anterior, pero con carácter más específico, en términos de política económica, existe una imperiosa necesidad de una profunda reforma fiscal. La actual base impositiva, creada y ajustada a las exigencias del vigente patrón de acumulación, ha demostrado ser injusta e inequitativa, ha trasladado la recaudación de impuestos del capital hacia el trabajo; donde las personas con menores ingresos pagan impuestos proporcionalmente mayores a los de aquellas que tienen mayores ingresos, claramente no hay justicia fiscal. Desde la óptica empresarial, cambiar la actual base impositiva, que necesariamente implica que las personas de mayores ingresos paguen mayores impuestos (base impositiva progresiva), es visto como un claro desincentivo a la inversión privada, suponen que a mayores impuestos al capital menor inversión privada, por eso se decantan por un sistema tributario regresivo que favorece sus intereses.
Por último, la confianza institucional de la que hablan los empresarios, no es más que un híbrido que facilita la consecución de las ganancias capitalistas. La creación de leyes no genera per se una relación automática con la confianza de la clase empresarial; por supuesto, el capitalista sabe que sería un error poner de forma explícita en una ley todas sus exigencias, y acepta, no de buena manera, algunas particularidades que no le pueden favorecer. En este caso, la confianza para el capitalista se genera en la aplicación irrestricta de las leyes que le favorezcan y, a la vez, en la desaplicación de las leyes que contravengan el proceso de valorización del capital. La confianza gira entorno entonces a una permisibilidad que asegure la no desincentivación de la inversión privada, creando condiciones obligatorias de una respuesta positiva, cuando la situación sea, incluso, legalmente adversa.
Por ejemplo, empresas mineras estadounidense han interpuesto sendas demandas al Estado salvadoreño frente al CIADI, amparadas en el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés); en la lógica empresarial, la ley se debe aplicar rigurosamente y la demanda debe ser resuelta a favor de las empresas mineras para enviar un mensaje de confianza a los inversionistas, aunque la justificación del porqué no se otorgan los permisos para la explotación sea por los notorios efectos que esta actividad genera en la vida de las personas y el medio ambiente; en caso contrario, si el Estado buscase demandar a estas empresas por la contaminación que han causado y los efectos que esta ha generado sobre la población, la clase empresarial diría que es un serio golpe a la confianza de los inversionistas. Otro claro ejemplo, es que la empresa privada no aboga por el respeto de los derechos humanos e incluso son los mismos empresarios quienes los vulneran, poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores y trabajadoras; caso contrario a las exigencias reiteradas a la legislación en materia de inversiones. Es decir, aceptan y reconocen en el ámbito público -hipocresía diplomática- los derechos de la clase trabajadora, pero en el proceso de trabajo no hacen más que vulnerar los derechos de la clase trabajadora, sometiéndolos a salarios de miseria, por mencionar una.
En conclusión se puede decir lo siguiente: tenemos una clase empresarial que ve en la ganancia máxima el fin último de la sociedad, capaz de anteponer los derechos del capital por sobre los derechos de las personas, posiciones que socaban el bienestar de la población y de la naturaleza misma. En la concepción empresarial no es posible cambiar el actual patrón de acumulación, a menos que sea un modelo pro capitalista y avalado por el imperio, una propuesta alternativa sería desechada automáticamente, porque desde su concepción se pondría en peligro sus inversiones. Por último, la confianza de la clase empresarial en las instituciones se basa en la aplicación o en la desaplicación, según convenga, de las leyes, es decir, debe existir una permisibilidad enfocada a mantener los privilegios de la valorización del capital en todas sus fases, incluso por encima de los derechos de la clase trabajadora.
Balmore Rodríguez. Colectivo de Estudio de Pensamiento Crítico (CEPC).
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