Paraguay es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en el acceso a la tierra, el último censo agropecuario (2008) demuestra que el 85% las tierras aptas para la agricultura y la producción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios mayores a 500 hectáreas. Esto va acompañado de una forma […]
Paraguay es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en el acceso a la tierra, el último censo agropecuario (2008) demuestra que el 85% las tierras aptas para la agricultura y la producción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios mayores a 500 hectáreas. Esto va acompañado de una forma de desarrollo de la actividad agrícola, consistente en un modelo empresarial, con crecimientos extraordinarios de la soja y lo que esto implica: mayor deforestación, mayor uso de agrotóxicos, mayor exportación del grano. El cultivo de la soja utiliza 3.500.000 hectáreas, ubicándose como el rubro de mayor utilización de tierras y que ha llegado en el último periodo a 9.975.000 toneladas.
La expansión sojera, necesariamente va acompañada de una expansión de la represión contra los sectores excluídos del agronegocio. Mientras los mínusculos sectores de la población alaban este crecimiento de las exportaciones, una gran parte de la población se encuentra indiferente ante la problemática de la tierra, y otra, que de manera organizada despliega una serie de acciones para visibilizar la problemática de la tierra y la exclusión, la lucha de los sectores democráticos por una reforma agraria, que no ha encontrado mayores resultados que la represión durante el gobierno de Horacio Cartes.
Las formas de represión dirigidas hacia las comunidades empobrecidas, y especialmente campesinas, han sido diversas, en este caso nos centraremos en una de ellas, que tienen que ver con los desalojos violentos por parte de las fuerzas del orden. Las otras formas de violentar a las comunidades, las podemos agrupar de la siguiente manera a partir lo que se ha observado en el actuar del Estado y sus fuerzas:
– Los allanamientos en horas de la madrugada, que generalmente incluye el maltrato físico y verbal, disparos intimidatorios, ingreso a las viviendas sin orden judicial.
– El sicariato contra dirigentes campesinos de base, que por lo general son asesinados con saña en su propia vivienda, frente a su comunidad y/o familia. Los casos quedan impunes.
– Deslegitimar las reivindicaciones de la lucha campesina y la lucha por la tierra, como la crítica al latifundio, el no uso de agrotóxicos, contra la deforestación; vinculando estas consignas con grupos armados y violentos fuera de la Ley.
– Bajo la excusa del combate al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) se mantienen militarizados tres departamentos del país (desde agosto del 2013), existen denuncias de que los militares están hacie
ndo uso de la fuerza letal contra campesinos pobres y desarmados que no tendrían vinculación real con el grupo en cuestión.
– En el marco de la militarización se mantiene en constante acoso a las comunidades campesinas, bajo la permanente sospecha de estar vinculadas a acciones subversivas, lo que provoca el abandono de sus tierras por parte de los campesinos ante el miedo de ser víctimas de la violencia del Estado.
Haciendo un recuento rápido de los desalojos en el año 2014 podemos señalar: desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre se realizaron 14 desalojos, si tomamos estas cifras para el año 2014, en promedio se han realizado desalojos por lo menos una vez al mes. Desalojos urbanos fueron 4, 3 en Central y 1 en Guaira, específicamente Villarrica, uno de ellos corresponde a una Comunidad indígena en el Departamento Canindeju, los demás corresponden a asentamientos campesinos. San Pedro constituye el Departamento con mayor desalojo de campesinos.
Así como San Pedro se ha constituido en uno de los principales puntos geográficos de crítica y resistencia activa a las políticas estatales, también es el Departamento que ha sufrido mayor cantidad de desalojos. Los otros son Canindejú y Alto Paraná (en cuanto a asentamientos campesinos); sin embargo es interesante observar que en el Departamento Central (con 3 desalojos) está creciendo lo que se denomina el desalojo a los asentamientos «sin techos», lo que demuestra una tendencia de que la criminalización se va extendiendo hacia grupos urbanos, y que la problemática de la tierra se traslada al área urbana, agravada por el gran déficit de vivienda y la falta del empleo o trabajos formales.
Los meses de mayor concentración de los desalojos fueron los meses de mayo y junio, en total se produjeron 8 de los 14 contabilizados.
El movimiento popular ha demostrado un importante avance de reorganización, de recuperación de la acción colectiva como forma de lucha, y capacidad de convocatoria ante las políticas excluyentes del gobierno colorado; se puede sintetizar:
a) la Huelga General en el mes de marzo,
b) las movilizaciones contra las políticas del gobierno en su aniversario en el mes agosto,
c) los cortes de ruta y piquetes en varios puntos del país en el mes de diciembre, con más de 10 mil campesinos en las rutas del interior teniendo como principal foco de concentración Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro,
d) Constantes movilizaciones regionales y locales por parte del Federación Nacional Campesina en contra de la fumigación y el uso extensivo de agroquímicos que violan las leyes ambientales y perjudican la salud y el ambiente de pobladores/as que viven en comunidades campesinas, y,
e) Vale mencionar que las movilizaciones urbanas han cobrado mayor protagonismo a lo largo del año 2014, primero una serie de movilizaciones juveniles en contra de la suba del pasaje, segundo miles de manifestantes provenientes de los Bañados de Asunción en defensa de su territorio y por mayor participación en las políticas públicas.
Algunas de las características de estos desalojos son que en ocasiones no se presentan orden judicial y se realizan sin previo aviso. En los últimos procedimientos se ha registrado la participación de lo que denominamos civiles armados, bajo esta denominación se ha podido constatar la participación de personas civiles, que por lo general van armadas, y que se encargan de destruir las viviendas de los asentados; en ocasiones son guardias contratados por los que reclaman el título de la propiedad, en otros casos son funcionarios públicos (tractoristas) y en otros, los mismos familiares (hijos) de los supuestos propietarios, que actúan con alto grado de violencia en coordinación con las fuerzas públicas.
De los desalojos que hemos logrado registrar, en la mitad de ellos se han producido quema o destrucción de las viviendas precarias, que por lo general va acompañado de la destrucción de cultivos y animales domésticos que los campesinos tienen para su sustento diario.
Del total de 14 desalojos, en cinco de ellos han participado civiles armados en su diversa modalidad, en conjunto con la Policía Nacional.
Desde agosto del 2013 a diciembre del 2014 se han producido un total de 21 desalojos, al menos de lo que se ha podido registrar, la mayoría de ellos con abuso de la fuerza contra las comunidades afectadas, y tres Departamentos del País se encuentran militarizados bajo la figura de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que han tenido varias actuaciones irregulares desde el maltrato físico y psiquico hasta la muerte de campesinos, sin investigaciones objetivas y creíbles por parte del Ministerio Público para esclarecer los hechos que generan dudas y críticas por parte de las comunidades violentadas, es decir las Fuerzas Armadas actuan con total impunidad, además con el apoyo político del presidente de la república, gozando de una suerte de carta blanca que les permite vulnerar el derecho de las personas sin ningún tipo de consencuencia o sanción.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.