José Caraballo Cueto es economista y docente-investigador, adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Caraballo Cueto realizó estudios de Bachillerato y de Maestría en Economía en la Universidad de Puerto Rico (2001-2008). José obtuvo su grado de Doctor en Economía de la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York ( Ph.D., 2010-2013). Desde el […]
José Caraballo Cueto es economista y docente-investigador, adscrito a la Universidad de Puerto Rico. Caraballo Cueto realizó estudios de Bachillerato y de Maestría en Economía en la Universidad de Puerto Rico (2001-2008). José obtuvo su grado de Doctor en Economía de la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York ( Ph.D., 2010-2013). Desde el 2014 dirige el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Cayey. En el 2017 dirigió la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Entre el 2014 y el 2017 fue el Coordinador General del primer Índice de Desarrollo Humano de Puerto Rico. Caraballo Cueto ha respondido a mis preguntas sobre la situación actual de Puerto Rico, y todas sus respuestas son para compartirlas con vosotros.
1.1 Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) -¿Cómo comprende o entiende la depresión económica que atraviesa Puerto Rico? ¿Qué la agrava? ¿Cómo era la economía de Puerto Rico previo al inicio de la depresión?
1.2 José Caraballo Cueto (JCC, en adelante) – La economía de Puerto Rico fue una economía agraria a principios del siglo XX. Luego entra en un proceso de industrialización, desde mediados del siglo XX en adelante, aprovechando la disponibilidad que tenía el Gobierno federal de proveer incentivos para la manufactura en Puerto Rico. El Gobierno local también proveyó incentivos y se creó un programa de industrialización que modernizó la economía. Ahora, el problema o lo que le faltó a ese modelo fue primero, diversificarse, no depender de un solo sector, y encadenarse con el sector local de Puerto Rico, transferir capacidades para que no se quedara el sector local siendo tan pequeño con respecto al extranjero. En ese sentido, el crecimiento que tuvo esa industrialización ya en la década del ochenta era bajo y para colmo de males en el 1995 el Congrego [de Estados Unidos] decide eliminar uno de los incentivos, que lo que hizo fue darle la última estocada que necesitaba ese modelo de industrialización por invitación para culminar. Es entonces, cuando termina ese período de transición del fin de la 936, que comienza en el 1996 y termina en el 2006, es justamente cuando empieza la depresión que Puerto Rico está viviendo, que es la más larga y la más profunda que ha tenido en más de cien años. Desde que comenzó esta depresión no se ha buscado otro modelo económico que reemplace aquel modelo de industrialización por invitación y, por el contrario, se han tomado muchas reformas de mercado, como es la austeridad, reformas laborales que no han rendido los frutos esperados.
2.1 WRS – ¿Qué políticas públicas permitió aplicar en Puerto Rico la Ley PROMESA del Congreso de los Estados Unidos (2016)? ¿Cómo afectaron la resiliencia institucional de Puerto Rico durante el Huracán María (2017)?
2.2 JCC – Entiendo yo que la Ley 600, pero no soy abogado, no me gustaría comentar sobre cuál es el marco legal que lo permite. Ahí hay un andamiaje legal que no es de mi especialidad.
3.1 WRS – ¿Qué pasaría con la economía de Puerto Rico si se enmienda la Ley Promesa sin que se cambien las políticas públicas aplicadas hasta ahora?
3.2 JCC – Las enmiendas a la Ley PROMESA pueden incluir cambios a la políticas públicas que se han aplicado hasta ahora. Por ejemplo, si esas enmiendas a la Ley PROMESA incluye que se definan los servicios esenciales, entonces ahí puede darle un giro a las políticas públicas que se han tomado hasta ahora. Sin embargo, si las enmiendas a la Ley PROMESA se quedan en cambios superficiales que no dan unas órdenes específicas, pues, es difícil que se cambien esas políticas públicas que se han aplicado hasta ahora.
4.1 WRS – Hoy la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que regula la Ley PROMESA la financia el Gobierno de Puerto Rico. ¿Quién debe financiarla? ¿A dónde se debe destinar lo que el Gobierno de Puerto Rico destina ahora a la JSF? ¿Por qué?
4.2 JCC – La que la financia en la actualidad es el Pueblo de Puerto Rico con sus impuestos. Me parece a mí que si es un organismo federal como reclama el Departamento de Justicia federal, pues debe financiarla entonces el Gobierno federal. Lo que el Gobierno de Puerto Rico envía en la actualidad a esa junta debería de utilizarse para proveer servicios esenciales que se han recortado significativamente, como es la educación pública superior; para la Universidad de Puerto Rico, para algún tipo de programa de becas que ayude a los estudiantes con los aumentos extremadamente altos en el costo de la matrícula.
5.1 WRS – Los servicios esenciales en Puerto Rico hoy están establecidos en la primera orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico del 2017. Es una orden muy similar a la primera orden ejecutiva que firmara el Gobernador de Puerto Rico en el 2009. ¿Cómo considera deben definirse o establecerse los servicios esenciales en la Ley PROMESA? ¿Por qué?
5.2 JCC – A mí me parece que el marco que defina esos servicios esenciales debe ser el marco del desarrollo humano porque la finalidad de las políticas públicas, de lo que se hace en la cosa pública, debe ser el desarrollo integral de las personas. Y desarrollo integral no sólo incluye el área de ingresos, sino el área de salud y el área de educación. A mí me parece que ese marco del desarrollo humano puede proveer un marco filosófico importante para la definición específica de los servicios esenciales.
6.1 WRS – ¿Considera o favorece que la Ley PROMESA deba regular que por orden del tribunal se divulguen los profesionales contratados por la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Dónde deben residir los profesionales contratados? ¿Por qué?
6.2 JCC – Sí, en aras de la transparencia, si uno recuerda cuando se estaba discutiendo en el Congreso la necesidad de una junta para Puerto Rico, uno de los argumentos era que no había transparencia, que no había estados financieros auditados, que prácticamente era una caja oscura, cerrada, hermética, el Gobierno de Puerto Rico, que tenía incluso, hasta cuentas dispersas, que no se sabía dónde estaba el dinero, que había muchas contrataciones en exceso, y eso es justamente lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal. Esa misma oración que yo acabo de decir, uno quita donde dice Gobierno de Puerto Rico, e inserta el nombre de la Junta, se describe exactamente lo que ocurre en la Junta: Muchos contratos, no se sabe dónde se está yendo el dinero en esa junta y en ese sentido es una junta de supervisión que necesita supervisión, aunque para mí es una junta de control fiscal más que de supervisión porque tiene poder de veto, las juntas de supervisión no tenían poder de veto. Esos profesionales que se han contratado pueden ser del exterior siempre que trabajen en conjunto con profesionales de Puerto Rico, que conozcan cómo opera el Gobierno de Puerto Rico, que es diferente, por ejemplo, a cómo operan los estados. Lo más importante es el costo, que sea un costo que sea pagable por el Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico no puede pagar a mil dólares la hora a ningún profesional. Si hay alguno que entienda que ese es el precio de sus servicios, pues, tenemos que buscar otro profesional porque no es pagable. Si decimos que no es pagable la Universidad de Puerto Rico, pues no pueden ser pagables servicios profesionales tan caros. Y sobre todo, que también haya algún tipo de rendición de cuentas sobre esos servicios. Si uno recuerda la firma que preparó el primer plan fiscal estaba usando incluso el Producto Interno Bruto, que los economistas en Puerto Rico sabemos que no se usa el Producto Interno Bruto para modelar la economía de Puerto Rico, y eso es un malpractice, que luego lo cambiaron, pero en ese sentido no pudieron haber facturado por cambiar algo que realmente era un malpractice, o una negligencia o falta de conocimiento en la otorgación de ese servicio.
7.1 WRS – ¿Qué es lo que ha permitido que la economía de Puerto Rico se haya mantenido relativamente a flote en este momento?
7.2 JCC – La Ley PROMESA tiene un inciso que le proveyó a Puerto Rico una paralización de litigios por cobro de dinero, que se llama en inglés el stay. Eso es positivo de la Ley PROMESA y ha permitido que el gobierno continúe operando temporeramente en lo que se resuelve el proceso de quiebra. Eso por un lado, por otro, la reconstrucción también ha mantenido temporeramente la economía bajo respiración artificial. Lo importante es que se busque un nuevo modelo.
8.1 WRS – ¿Qué ha causado que definitivamente la economía de Puerto Rico atraviese por un período de depresión tan prolongado?
8.2 JCC -Lo importante es que Puerto Rico con ese nuevo modelo de desarrollo económico permita crear los empleos que necesita la gente de Puerto Rico para que no continúen migrando y que permita también los recaudos del Gobierno de Puerto Rico, que el Gobierno de Puerto Rico necesita para proveer sus servicios esenciales.
9.1 WRS – ¿En qué poder de Estados Unidos o de Puerto Rico recae la responsabilidad política de realizar los cambios estructurales que requiere la economía de Puerto Rico? ¿Por qué?
9.2 JCC – Esto es interesante. Si uno le pregunta a la Junta cuáles son los cambios estructurales que hacen falta, hablan de reformas laborales y de reformas de mercado. Y la pregunta se está dirigiendo hacia unos cambios estructurales que yo entiendo también que hacen falta en el caso de Puerto Rico, que son cambios estructurales en la relación política que se tiene con Estados Unidos, que limitan por ejemplo el desarrollo del turismo porque hace falta visa de turista para que vengan turistas a Puerto Rico, limita la integración de Puerto Rico a la economía internacional porque está aislado gracias a las leyes de cabotaje aéreo y marítimo. Entiendo que hace falta ese tipo de cambio estructural que renegocie esa relación política, ya sea hacia una completa integración a Estados Unidos o ya sea hacia una soberanía. Esta relación actual, la colonia, limita más el desarrollo económico que una soberanía o que la integración o la anexión completa de Puerto Rico a los Estados Unidos.
10.1 WRS – ¿Cómo las enmiendas a la Ley PROMESA pueden ayudar a la economía de Puerto Rico? ¿Cuál es la decisión que considera indispensable hacer dentro de cualquier proceso de enmienda a la Ley PROMESA que realice el Congreso de los Estados Unidos?
10.2 JCC – Cuando decía hace falta que se definan los servicios esenciales y también que la selección de los miembros de la Junta sean personas, ya sea electas por el Pueblo de Puerto Rico o sean nombradas en consulta con la sociedad civil de Puerto Rico, no impuesta desde el exterior y con personas que tengan poco conocimiento y poco apego a lo que es la realidad social de Puerto Rico.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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