El gobierno de Charles Michel, anterior a la crisis sanitaria en Bélgica, estaba dominado por los liberales (Mouvement réformateur-MR francophones y el Flemish Open Vlaamse Liberalen-Open VLD) y los nacionalistas flamencos de derecha (New Flemish Alliance NVA).
Desde octubre de 2014 hasta su caída en diciembre de 2018, cuando la NVA se negó a firmar el pacto sobre migraciones de las Naciones Unidas, fue el gobierno más derechista de la posguerra. Las medidas dirigidas contra las jubilaciones, la atención de la salud, el aumento del desempleo y el ataque contra los servicios públicos provocaron, en un país con una tasa muy elevada de sindicalización, un número importante de manifestaciones, huelgas y conflictos sociales. [1]
Bajo el prisma de los medios de comunicación, en los que las informaciones prioritarias son los atentados y sus juicios, la crisis del coronavirus y su sucesión de confinamientos y desconfinamientos, las luchas sindicales encuentran aún menos visibilidad que en tiempos normales. Cuando el 19 de octubre de 2015 la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), uno de los dos principales sindicatos, convocó un paro general, tras una huelga de los servicios públicos y una gran manifestación a la que asistieron más de 100.000 personas, el editorialista en jefe del principal diario de la capital escribió: «la palma de oro de la indigencia le corresponde a (…) los sindicatos, que anoche mantuvieron su llamado a la huelga en algunas localidades de Valonia. Dadas las circunstancias (es decir, el alto nivel de la amenaza terrorista) no vale la pena dedicarles una sola línea». (Le Soir, 23-11-2015).
Batalla sobre el derecho de huelga
Durante esa huelga general de 2015, los manifestantes habían bloqueado el tráfico en la autopista del Pont de Cheratte, en Lieja, un lugar donde el tráfico era ya difícil a causa de las obras que se estaban realizando. El diario regional La Meuse (22-10-2015) denunció «la escandalosa acción sindical» y le atribuyó la muerte de un paciente hospitalizado al hecho de que un cirujano había quedado atrapado por los huelguistas en la autopista. [2]
Diecisiete sindicalistas acusados, reconocidos por los medios de comunicación y gracias a las fotos de las redes sociales entre cientos de manifestantes, incluido el presidente de la FGTB, fueron llevados ante la justicia y acaban de ser juzgados. El tribunal retiró rápidamente los cargos relacionados con la muerte de la persona hospitalizada y absolvió a los sindicalistas sobre esas acusaciones infundadas. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2020, el tribunal penal de Lieja condenó a los 17 sindicalistas «por haber impedido gravemente el tráfico» a multas y a penas de cárcel sin prisión de 15 días para los militantes y de un mes para los delegados y el presidente de la FGTB.
La única causa conservada contra los huelguistas y la diferencia de las sentencias dictadas arrojan una sombra sobre la sentencia. El tribunal reconoció que los acusados habían llegado a la escena cuando la autopista ya estaba cortada. Sin embargo, el artículo 406 del Código Penal, en el que se basa la condena de los sindicalistas, estipula que para ser acusados de tráfico obstruido, la obstrucción debe ser real y constatada. La presencia en el lugar, cuando la autopista ya estaba paralizada, no puede justificar la decisión del tribunal. En segundo lugar, dado que los actos denunciados eran los mismos, ¿la pena más severa contra los delegados y el presidente del sindicato, no tendrá como objetivo condenar al propio sindicato? Como escribe Daniel Richard, secretario regional de la FGTB de Verviers [ciudad industrial de la provincia de Lieja], «el tribunal manipuló el código penal para restringir el derecho de huelga».
Por supuesto, detrás de este fallo hay una batalla de jurisprudencia sobre el derecho de huelga. Se trata de una sentencia que había sido precedida por la condena tras la apelación en 2019 de Bruno Verlaeckt, presidente de la FGTB de Amberes, por haber organizado el 24 de junio de 2016 un piquete de huelga interprofesional que impedía el acceso al puerto de Amberes. En ambos casos, se trata de justificar el uso del artículo 406 del código penal que sanciona la «obstrucción malintencionada del tráfico» para limitar el ejercicio del derecho de huelga.
La huelga en las carreteras, en las autopistas, plazas y rotondas
Se puede decir que no hay nada nuevo en la criminalización de los huelguistas por decisiones judiciales. Por otra parte, los patrones no impugnan el «derecho de huelga», sino las condiciones de su «ejercicio». Sin embargo, no hay «derecho» sin «ejercicio del derecho». Contrariamente a las querellas verbales habituales entre los patrones que defienden el «derecho al trabajo» y los sindicalistas que defienden la instalación de piquetes en la entrada de las empresas, tanto en Lieja como en Amberes, y para estigmatizar el derecho de huelga, sólo se hizo referencia a la «obstrucción malintencionada del tráfico», sin mencionar las empresas.
Sin embargo, por lo general, los tribunales eran más exigentes con los piquetes que con las «malintencionadas obstrucciones del tráfico». Aún se mantiene fresco en las memorias el bloqueo de la autopista París-Bruselas con bulldozers en marzo de 1998, por los obreros de las Fundiciones de Clabecq [3]. Todos los trabajadores fueron eximidos de los cargos que se les imputaban y los bloqueos posteriores de las carreteras por parte de los huelguistas no dieron lugar a ningún juicio.
La patronal de ayer se ha incorporado a la nebulosa jerárquica e implacable del accionariado. Con la financiarización, la globalización y la digitalización de la economía, las empresas no son ya el lugar en el que se toman las decisiones que las afectan a ellas mismas. Su destino ya no se decide en sus propias sedes o en el país en el que están establecidas. Además, para aumentar su valor, gracias a la gestión a distancia, el capital puede incluso ahorrarse hasta el costo de la empresa. Cientos de miles de empleados, trabajadores, repartidores, traductores, consultores, ayudantes de hogar, asistentes, etc. trabajan por fuera del marco de la empresa. La actividad económica se organiza ahora en cadenas de captación de valor que van más allá y que sustituyen a las empresas.
Por lo tanto, no es sorprendente en este «nuevo mundo» que la protesta social no quede ceñida a los límites de la empresa. Cuando la situación lo permite, las reivindicaciones profesionales pueden seguir expresándose dentro de las empresas y los conflictos se reflejan en las huelgas, sobre todo. El control que ejercen los trabajadores a través de sus delegados sigue siendo importante y la falta de representación sindical en las pequeñas empresas sigue siendo crucial. Pero, aún más que antes, para hacer efectivo el ejercicio del derecho de huelga, la acción de los huelguistas se lleva a cabo en las calles a través de manifestaciones y bloqueos.
Además, ¿no es la calle el lugar donde se expresan todos los movimientos sociales? Los Indignados habían ocupado las plazas públicas, los chalecos amarillos las rotondas y los manifestantes por el clima ocupan las calles. A través de la utilización de esas «malintecionadas obstrucciones del tráfico», también podrán ser reprimidos.
La movilidad, talón de Aquiles del capital
En un mundo en el que la producción está organizada en cadenas de captación de valor, la fluidez de los mercados, la circulación «justo a tiempo» de piezas y materiales, la velocidad de la información y la flexibilidad del empleo son las leyes de la economía. Como resultado de ello, la protesta social se desplaza allí donde puede atacar la lógica del beneficio. Durante las huelgas, el centro de gravedad se ha desplazado del trabajador industrial al trabajador ferroviario. Por eso es intolerable el bloqueo de una carretera o de una zona portuaria y por eso las acciones en los ferrocarriles y en el transporte público se ven frenadas por el uso de normas de «servicio mínimo». Dado que el capital necesita moverse y cambiar constantemente para reproducirse, la movilidad se ha convertido en su talón de Aquiles.
Los efectos del bloqueo del puente de Cheratte, en Lieja, seguirán ampliándose. Cinco años después de los hechos y de la constatación por parte de la justicia de la ausencia de todo tipo de relación entre la muerte de un paciente en el hospital y el bloqueo de la autopista, el Presidente del Partido Liberal, Georges-Louis Bouchez, sigue atribuyendo la responsabilidad de esta muerte a los sindicalistas. Pero el caso no se va a quedar ahí: Thierry Bodson, presidente de la FGTB, decidió demandarlo por calumnias e insultos. Los 17 sindicalistas, por su parte, decidieron también apelar la sentencia.
En 2015, los atentados yihadistas habían creado un clima propicio para el recorte de los derechos democráticos y la represión de los huelguistas. Ahora la crisis sanitaria justifica nuevas y más restricciones a las libertades. Las leyes antiterroristas y las leyes de emergencia sanitaria corren el riesgo de convertirse en etapas para la reducción de las libertades públicas y de los derechos individuales. Razón de más para prestar una atención especial a las restricciones del derecho de huelga y de manifestación.
Notas
[1] El “Centre de Recherches Socio-politiques, CRISP”, publica anualmente un análisis de las huelgas y de los conflictos sociales en Bélgica, establecido por el Grupo de Análisis de los Conflictos Sociales, GRACOS.
[2] Sobre esto, véase Daniel Richard, “Tordre le Code pénal pour réduire le droit de grève? ” dans Revue Politique.be, 4-12-2020.
[3] La historia de esta lucha contra el cierre de las Fundiciones de Clabecq, una siderúrgica belga situada a 20 kilómetros de Bruselas, fue relatada recientemente por uno de sus principales protagonistas en: Françoise Thirionet et Silvio Marat, Moi, Silvio de Clabecq, militant ouvrier, Agone, París, 2020.
Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa