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El 18 de abril se convoca el Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio e Inversiones

Diputados de la Izquierda Europea denuncian el TTIP en un acto del sindicato Acontracorrent

Fuentes: Rebelión

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, destacó el 2 de junio de 2014 en la inauguración de un foro organizado por la Cámara de Comercio Hispano-norteamericana que el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos) es una prioridad para España, ya que abriría nuevas oportunidades para […]

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, destacó el 2 de junio de 2014 en la inauguración de un foro organizado por la Cámara de Comercio Hispano-norteamericana que el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos) es una prioridad para España, ya que abriría nuevas oportunidades para las empresas, los trabajadores y los consumidores. Además estimularía, según un comunicado del Ministerio de Presidencia, la actividad económica y la creación de empleo de calidad.

En cambio, a juicio de Susan George, se trata de «un Tratado Vampiro, que sólo puede vivir en la oscuridad. Si lo sacamos a la luz, si lo damos a conocer, retrocede y muere». Por esta razón se ha convocado el 18 de abril el Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio e Inversiones, con 360 actos de protesta en más de 30 países. En el punto de mira se halla el TTIP, pero también el CETA (acuerdo entre la Unión Europea y Canadá) y el TISA (acuerdo de comercio de servicios). En el estado español se han convocado manifestaciones contra el TTIP en más de 20 ciudades, después una campaña de varios meses en la que han participado unas 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Las Jornadas Anticapitalistas del sindicato Acontracorrent se han sumado a las acciones informativas y de denuncia sobre el tratado, con una sesión organizada en la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia en la que han participado parlamentarios del Partido de la Izquierda Europea: Marina Albiol (Izquierda Unida), Stelios kouloglou (Syriza), Helmut Scholz (Die Linke) y Miguel Viegas (Partido Comunista de Portugal).

«El objetivo del TTIP es dejarlo todo bien amarrado por , para que los gobiernos -como Syriza- que quieran actuar a favor de las mayorías sociales se queden sin margen de maniobra», según Marina Albiol. El objetivo del Tratado se puso de manifiesto, a juicio de la eurodiputada, en el mandato de la Unión Europea cuando comenzaron las negociaciones: proporcionar el mayor grado de garantías y protección jurídica para las inversiones europeas en Estados Unidos, y para las norteamericanas en la UE. «El mandato dice que este Acuerdo ha de permitir a las empresas privadas denunciar las legislaciones y reglamentaciones cuando consideren que son un obstáculo para la competencia, el acceso al mercado y la inversión».

Estos eran los fines reales, que desde el principio se trataron de ocultar con un barniz propagandístico y la habitual pompa oficial. Además de los discursos triunfalistas de Obama, la Comisión Europea habló de la creación de 400.000 empleos anuales y un crecimiento económico (también anual) en torno al 1% del PIB. Marina Albiol destaca que las cifras se basan en un estudio del Centre of Economic Policy Research, financiado por el Deutsche Bank, el Banco de Santander, BNP Paribas, y Citigroup. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Massachusetts señala que el TTIP implicará la pérdida de 600.000 puestos de trabajo en toda Europa, provocará una caída de los salarios y un aumento de la precariedad. Pero también cuando se negociaba la firma del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) llegaron a anunciarse 20 millones de empleos, aunque finalmente se llegaran a perder, según las estimaciones más optimistas, un millón de puestos de trabajo.

Otra de las constantes en la negociación del tratado ha sido el secretismo. De las 566 reuniones mantenidas, 520 (el 92%) han tenido como interlocutor a representantes de círculos empresariales e industriales. Al inicio de los contactos, «el jefe de los negociadores de la UE envió una carta a su homólogo en Estados Unidos, en que le prometía que las actas de la negociación serían confidenciales durante 30 años; ni siquiera los eurodiputados tenemos acceso a toda la documentación», critica Marina Albiol. «Y cuando lo tenemos, agrega, hemos de firmar un documento prometiendo que no vamos a difundir ningún contenido; nos hacen entrar en la sala de lectura sin que podamos hacer copias o fotografías, de hecho, nos avisan de que divulgar documentación puede implicar un proceso penal».

La eurodiputada de Izquierda Unida advierte de posibles interpretaciones desviadas del conflicto. Así, afirma que no se trata de un conflicto «territorial» entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino entre las multinacionales y la clase trabajadora de los dos continentes. «La clase obrera de los Estados Unidos también está sufriendo a sus multinacionales, poderes económicos y oligarquías», apunta la parlamentaria.

La lucha de clases puede apreciarse nítidamente en los mecanismos de resolución de litigios (ISDS) entre estados e inversores. Se pretende así, según Marina Albiol, «que las multinacionales puedan demandar a un estado cuando piensen que una legislación perjudica su tasa de beneficios». Hay muchos ejemplos de estas prácticas, como la demanda de la multinacional francesa Veolia contra Egipto por incluir el salario mínimo en su legislación laboral; o las demandas de Philip Morris a los estados de Australia y Uruguay por la legislación sobre salud pública que limita la publicidad en el tabaco.

En un acto organizado el día anterior por EUPV-IU, el eurodiputado de Syriza, Stelios kouloglou, afirmó: «Hoy en día en Grecia se está dando un golpe de estado, igual que pasó con el gobierno de Allende en los años 70; entonces el presidente Nixon dio la orden a la CIA de estrangular a la economía chilena, y ahora se está intentando hacer lo mismo con la economía griega; han cortado toda posible financiación del BCE de manera totalmente ilegal e inmoral; la nueva Troika está amenazando, extorsionando y dando un ultimátum».

Por otro lado, Miguel Viegas ha subrayado la importancia del TTIP como bloque geopolítico para hacer frente a los BRICS. Éste es, de hecho, uno de los motivos del tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. «Hillary Clinton se refirió al TTIP como la OTAN económica», recuerda el eurodiputado del Partido Comunista de Portugal. Entre las dos potencias casi alcanzan el 50% del PIB mundial, el 25% de las exportaciones y el 31% de las importaciones mundiales. La aspiración es llegar a constituir la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado que superaría los 800 millones de potenciales consumidores.

La firma del Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio tendría múltiples implicaciones. Por ejemplo la «armonización de normas y estándares» y la limitación del principio de precaución europeo afectaría a la seguridad alimentaria. Llevaría, según las organizaciones opositoras al tratado, a tener que aceptar en la UE alimentos modificados genéticamente, carne de ternera y cerdo tratados hormonalmente o el pollo desinfectado con cloro. En el apartado de impactos ambientales destaca el fracking, una técnica de extracción de gas habitual en Estados Unidos. Otra de las batallas es la del etiquetado de los productos modificados genéticamente. Además, la eliminación de aranceles y barreras podría perjudicar a los agricultores europeos (las explotaciones del viejo continente son más reducidas y menos competitivas).

Otro punto habitualmente señalado es que el reglamento REACH permite a la Agencia Europea de Químicos imponer restricciones a cómo se producen, son vendidas y utilizadas estas sustancias (químicas), de manera que la firma del TTIP implicaría una regulación a la baja. Lo mismo ocurriría con los derechos laborales y sindicales que, pese a los recortes ya materializados en las legislaciones europeas, la merma podría ser aún mayor. La razón es que Estados Unidos no ha ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales. Además, una mayor liberalización y desregulación del sector financiero sería otra de las consecuencias del tratado, lo que se agregaría a una liberalización de todas las actividades de servicios, incluidas la sanidad y la educación.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.