En un comunicado publicado en la mayoría de diarios peruanos el 5 de enero, la empresa estadunidense Renco Group y su filial Doe Run Perú, que opera una antigua fundición en la céntrica ciudad andina de La Oroya, notificaron a las autoridades gubernamentales su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional amparándose en el […]
En un comunicado publicado en la mayoría de diarios peruanos el 5 de enero, la empresa estadunidense Renco Group y su filial Doe Run Perú, que opera una antigua fundición en la céntrica ciudad andina de La Oroya, notificaron a las autoridades gubernamentales su intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional amparándose en el tratado de libre comercio con EEUU, vigente desde febrero del 2009.
Doe Run adquirió en 1997 la planta metalúrgica de La Oroya que pertenecía al conglomerado estatal Centromin, comprometiéndose a cumplir en un plazo de 10 años con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Sin embargo, Doe Run nunca culminó con el PAMA e incluso logró que el gobierno le otorgara dos ampliaciones, la última en setiembre del 2009, aduciendo que no podía cumplir con la fecha límite por dificultades financieras. Desde principios de ese año sus proveedores habían dejado de entregarle concentrados cuando omitió pagar sus compromisos. Los bancos le cortaron sus líneas de crédito, y en junio la empresa suspendió temporalmente las operaciones de la fundición, la principal fuente de trabajo de La Oroya, considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
En el comunicado, Renco Group y Doe Run acusan a Centromin, a su sucesor Activos Mineros y al gobierno peruano de haberse negado «a remediar los suelos de La Oroya y sus alrededores».
Mientras se encontraba en funcionamiento, la fundición arrojaba unas 900 TM de dióxido de sulfuro a la atmósfera diariamente. Diversos estudios han encontrado elevados niveles de metales pesados, tales como plomo en la sangre de los pobladores, particularmente niños, que sobrepasan largamente los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 microgramos por decilitro.
Las organizaciones no gubernamentales CooperAcción y Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGe) señalaron en un comunicado que detrás de la decisión de iniciar el arbitraje internacional está la demanda presentada contra Doe Run ante una corte del estado de Missouri, EEUU, por un grupo de pobladores de La Oroya por los daños a la salud causados por la fundición y la existencia de un proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) según el cual los acreedores de la metalúrgica deben presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos. La junta de acreedores deberá determinar próximamente si Doe Run se reestructura o se liquida.
Para CooperAcción y RedGe, el éxito de la estrategia de Doe Run «dependerá de lo que haga o deje de hacer el Estado peruano. Ya se han cometido varios errores como el de otorgarle nuevos plazos para la ejecución de sus inversiones ambientales a una empresa que había demostrado ser irresponsable».
«La excesiva protección de los derechos de los inversionistas que otorgan los tratados de libre comercio permiten que empresas como Doe Run, que han incumplido sistemáticamente sus obligaciones en el Perú, tengan ahora mecanismos internacionales para demandar al Estado peruano. Prefieren pagar el arbitraje internacional que asumir las responsabilidades que tienen en el país», precisó Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de RedGe.
El gobierno tiene 90 días, que se cumplen a fines de marzo, para lograr un acuerdo con la empresa; de lo contrario ésta iniciará un costosísimo proceso de arbitraje internacional.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6288