Los policías que tomaron parte en la operación que costó la vida al joven brasileño Jean Charles de Menezes intervinieron esta semana en otro operativo en el que un hombre resultó muerto, informaron hoy las fuerzas del orden.
Los agentes integran la unidad armada CO19 de Scotland Yard, que el pasado martes apoyaron a la policía en el caso de un robo en una sucursal de la entidad de crédito hipotecario Nationwide en la localidad de New Romney, en Kent (sureste de Inglaterra).
La Policía Metropolitana de Londres indicó que en el equipo enviado a Kent había agentes involucrados en el caso De Menezes, el joven brasileño abatido a tiros en el interior de la estación de Metro de Stockwell, sur de Londres, el 22 de julio de 2005.
La Comisión Independiente de Quejas a la Policía (IPCC, siglas en inglés) -encargada de aclarar situaciones en las que personas pierden la vida en situaciones policiales- investiga el último incidente, dado que un hombre resultó muerto.
Scotland Yard no ha querido comentar informaciones periodísticas que indican que uno de los agentes que disparó a De Menezes disparó también contra un hombre en Kent.
‘Ellos tienen una labor extremadamente difícil pero vital, ya que responden a amenazas contra la población y sus colegas que están desarmados, y es extremadamente raro que los agentes disparen’, indicó una nota de la Policía.
‘Como es apropiado, la IPCC lleva a cabo una investigación sobre el disparo’, agregó el comunicado a la vez que puntualizó que ‘es extremadamente lamentable cuando alguien muere como resultado de una acción policial’.
De Menezes, al que la Policía confundió con un terrorista suicida, murió un día después de los atentados fallidos contra el transporte público de Londres, en los que ninguna persona resultó herida porque sólo estallaron los detonadores y no las bombas.
Tras una investigación de la comisión de quejas, la Fiscalía decidió no procesar a los agentes que participaron en la operación contra De Menezes, pero presentó cargos contra el cuerpo policial por violar una ley sobre seguridad e higiene, puesto que no resguardó la vida del joven.
La familia del brasileño ha pedido una revisión judicial sobre esa decisión y ha expresado su malestar porque la Fiscalía no presentó cargos contra los agentes que lo mataron.
En la mañana del 22 de julio de 2005, el joven brasileño, de 27 años y de profesión electricista, acudía a su trabajo cuando fue abatido a tiros.