Bertha Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COADEH), está amenaza. Su lucha data de más de 25 años y explica cómo lo sucedido en Honduras, el 28 de junio, forma parte de un experimento que busca llevar escenarios como el de su país a otras latitudes de América Latina, donde […]
Bertha Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COADEH), está amenaza. Su lucha data de más de 25 años y explica cómo lo sucedido en Honduras, el 28 de junio, forma parte de un experimento que busca llevar escenarios como el de su país a otras latitudes de América Latina, donde se lucha por la democracia.
Honduras es el país de Centroamérica que presenta uno de los cuadros más fuertes de inequidad e inmovilización social. Con más de siete millones de habitantes, 66 por ciento vive debajo de la línea de la pobreza y aproximadamente 48 por ciento en la indigencia.
Defensora de los Derechos Humanos, desde la pérdida de su esposo en los años ochenta, Oliva considera que la nación ha vivido una frágil institucionalidad y una débil democracia durante los últimos 15 años, y aunque esto no significaba un triunfo sobre el autoritarismo, las reformas iniciadas en la segunda mitad de los noventa apuntaban a un cambio sistema político social.
Entrevistada por SEMlac, luego de una audiencia del Observatorio de la Trasgresión feminista, explica cómo las reformas constitucionales de 2001 parecían apegarse a la voluntad de dejar atrás el militarismo, limitaban las funciones de las fuerzas armadas a la defensa de la soberanía nacional y del territorio, y también atribuían al presidente de la República amplias potestades sobre todas las fuerzas armadas y del orden público (Policía Nacional).
«Los organismos de derechos humanos estábamos conscientes de que los grandes retos seguían siendo la impunidad, los esquemas y actitudes tradicionales de los grupos conservadores situados en la extrema derecha, la burocracia partidista y la corrupción, fenómenos que despuntaron con el resurgimiento del autoritarismo en 2003; una etapa difícil», reseña.
El Comité contra la Tortura en Honduras ha considerado que nunca desparecieron los apresamientos extrajudiciales, en tanto la coyuntura económica llevó al país a una situación de fondo, grave, donde las mujeres y sus asesinatos son un ejemplo de impunidad que puede, en muchos casos, significar tortura.
No obstante, relata cansada Bertha, ha recibido más de 2.000 quejas en los últimos 55 días, por evidentes violaciones a los derechos humanos o abusos de todo tipo, algunos no constitutivos de violación a los derechos.
«Hoy es claro que los aparatos incólumes de la doctrina militar, celosamente mantenidos de bajo perfil, surgieron en la semana del 23 al 26 de junio, cuando al mejor estilo de los años ochenta, militares en retiro lideraron las marchas de los reservistas del ejército en todo el territorio nacional», señala.
Y prosigue: «los mismos militares cuyas propiedades se convirtieron en cementerios clandestinos de opositores políticos y que exhibieron tanquetas y baterías anti aéreas contra jueces y fiscales en 1995».
Contiene el dolor. La sala donde hablamos enmudece. Ellos, los de antaño, encabezaban las marchas junto a un ex jefe de las Fuerzas Armadas, recordado por atentar contra las reformas y democratización del instituto castrense.
«Pero el peligro real se desarrolló el 28 de junio de 2009, cuando las autoridades del Congreso Nacional y militares, en un cambio de táctica, propinaban un golpe de Estado convalidado por la Corte Suprema de Justicia, la empresa privada e iglesias. Todos legitimando el estamento del militarismo con un discurso democrático de conveniencia y movilizaciones a los cuarteles militares para saludar a la Junta de Comandantes», afirma.
«Este golpe ha sido una nueva forma de intervención. Se hace con supuestas medidas jurídico-legales: esta es una nueva manera de cegar la protesta social y ocultar la pobreza, así como la lucha y los avances democráticos que están en la gente», indica.
Se queda pensando y reflexiona: «parece un escenario donde todo se puede echar a tierra: el control democrático de la milicia, la atención social, pero de manera significativa el avance de las mujeres, la estabilidad y sobre todo la confianza».
Bertha, que desde hace 25 años sabe de desapariciones de mujeres o apresamientos, recuerda que desde la declaratoria sobre los resultados de las elecciones, en noviembre de 2005, el presidente Manuel Zelaya había sido polémico y heredó un conflicto entre empresarios de medios de comunicación que contribuyeron a la polarización entre el ejecutivo y los poderes reconocidos y ocultos.
El proceso de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), la Firma de Petro Caribe, el traslado del aeropuerto a Palmerola, la firma de decretos ejecutivos como el salario mínimo, el decreto 18-2008 y otros, allanaron el camino de la agudizaron y radicalización de las posiciones de Zelaya.
El golpe de Estado ocurrió el día mismo en que tendría lugar la consulta ciudadana de carácter no vinculante, convocada por Zelaya, respecto a la necesidad de que la ciudadanía se pronunciase sobre cambiar la Constitución, redactada en 1982.
En ese entonces, el país venía saliendo de una dictadura militar -apoyada por Estados Unidos- extremadamente brutal, que detentó el poder desde 1972 hasta 1981, pero que, al decir de las organizaciones populares y diversos analistas, continuó ostentando el poder a todo lo largo de la década de los ochenta.
Así, los militares tenían no solamente la garantía de total impunidad, sino que el instituto de previsión militar había emprendido una escalada contra el sector industrial, financiero y comercial, y conservaba las gerencias y direcciones clave de las instituciones estatales.
Estos hechos, afirma el comité que preside Bertha Oliva, son elementos sustantivos de lo que ha significado hoy el golpe militar. «son los intereses de carácter global –agrega ella–, que están actuando en Honduras, un laboratorio de siglo XXI».
Por ejemplo: la consulta tenía el componente de la transición de una democracia representativa a una participativa, como lo demanda el contexto actual y el movimiento de derechos sociales y humanos, en el cual la participación es la pieza de centro de los derechos humanos en la globalidad, explica.
Y analiza: no obstante lo que la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó como un proceso democrático fue deslegitimado en Honduras por el contubernio bien establecido entre los medios de comunicación, la iglesia y los conservadores.
La feminista afirma que no es de extrañar que, en este concubinato, participe la Iglesia Católica, pues siempre ha participado del sostenimiento de los estamentos. Durante la conquista española, la religión católica acompañó y estuvo de lado de los conquistadores; en tiempos del General Francisco Morazán se posesionaron en contra de su revolución; él se vio obligado a separar la Iglesia del Estado y confiscó sus propiedades, especialmente la tierra y el diezmo, recuerda.
«Hoy no sonaron las campanas, pero usaron los púlpitos y los medios masivos para llamar al derramamiento de sangre», asegura.
Los «golpistas», encabezados por quien representaba al Congreso, confabulados por los otros poderes, han conseguido dar al escenario post golpe un halo de «normalidad», han justificado todas sus acciones con papeleos en oficinas y fiscalías, dice.
Según explicó la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que encabeza la abogada Sandra Ponce, este ministerio es independiente y «está abriendo todos los expedientes, con sólo una nota en los diarios», pero lo cierto es que la Fiscalía General, de la que dependen Ponce y otros 19 fiscales, fue la que armó un expediente legalizando el apresamiento del presidente Zelaya.
Según Oliva, el post golpe tiene graves implicaciones para los derechos humanos: desde el mismo día se le impidió a la población el derecho a la información, al interrumpirse el fluido eléctrico y militarizar las torres de controles y transmisiones de diferentes medios de comunicación. La línea internacional fue inhabilitada, medida que se mantuvo hasta el primero de julio, a las cinco de la tarde.
Por otro lado, el 29 de junio la Empresa Estatal de Comunicaciones fue militarizada y sus empleados desalojados. Ese mismo día se militarizó también la Empresa de Energía Eléctrica, a las cinco de la mañana, y tres de los empleados de turno fueron capturados. La Casa de Gobierno fue uno de los primeros lugares tomados por el ejército desde el 28 de junio.
«Es decir -denuncia Oliva- el golpe está perfectamente documentado, aunque ahora en todos los medios televisivos, durante todo el día, se habla de «secesión presidencial» y de que «la nación está en marcha».
La comisión que preside Bertha Oliva, integrada por organizaciones sociales, algunos diputados e integrantes del gabinete depuesto, tiene fotografías, pruebas y videos de todo lo sucedido.
Las imágenes del golpe han sido transmitidas por todos los medios y las televisoras internacionales, se puede ver cómo se militarizaron el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Armería, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, Hondutel y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tal como lo documentó el grupo de Derechos Humanos de Guatemala, presidido por Rigoberta Menchú, en su informe del pasado 8 de julio.
Se movilizaron tanquetas, comandos especiales, helicópteros y jets A-37 que infundían el temor en la población. Helicópteros con artillería pesada sobrevolaban a baja altura las principales ciudades y la desinformación comenzó a fluir con el objetivo de desmovilizar a la población.
FUTURO
El domingo 22 de agosto fue el último día para que la población se inscribiera en las listas de electores. Se quiere dar un halo de «normalidad», insiste Mirta, quien agrega que el proceso electoral podría ser el comienzo de la debilitación del frente contra el golpe.
A casi dos meses del golpe, y no obstante la condena internacional, Bertha Oliva, Mirta Kennedy y Gilda Rivera, dirigente del Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), coinciden. Los primeros días, ante una movilización rápida, dice Kennedy, parecía que podría darse marcha atrás al golpe. Pero ahora, y ante el escenario de «normalidad», proceso electoral y contradicciones tanto externas como internas frente al golpe, lo único que puede decirse es que hay «incertidumbre».
Gilda es más contundente: «las feministas en resistencia no participaremos en ningún remedo electoral, ni siquiera si regresa Zelaya.
Golpes militares en Honduras
Honduras es un país lamentablemente bastante familiarizado con los golpes de Estado. Durante la historia reciente del siglo XX ha vivido varias dictaduras militares, las cuales ocuparon todo el período de los años sesenta y setenta.
En los ochenta, esta historia de violencia de clase y terrorismo de Estado siguió bajo la forma de un régimen «democrático», bajo el cual proliferó el paramilitarismo, que cobró la vida de miles de campesinos y trabajadores hondureños. Fue este paramilitarismo el que sirvió de plataforma para el terrorismo y la Contra que devastó a Nicaragua.
Estas operaciones eran dirigidas directamente por John Negroponte, embajador de Washington en Honduras, y con fuerzas militares financiadas y dirigidas desde la Embajada de los Estados Unidos, como de las Fuerzas Territoriales y la Escuela de Montaña. Entre los ex alumnos destacan:
General José Rosa Doblado: inspector de las Fuerzas Armadas, miembro de la Junta de Comandantes que dio el Golpe de Estado este 28 de junio de 2009, formada por el General Romero Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Capitán de Navío DEMN, así como Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Comandante General de la Fuerza Naval; el General de Brigada Miguel Ángel García Padget, Comandante General del Ejército, y el General de Brigada Luis Javier Prince Suazo, Comandante General de la FAH.