«Duelen en el corazón», reconoció el primer ministro de Portugal, el socialista José Sócrates, sobre las draconianas medidas económicas decididas por su gobierno, en un intento, de dudosos efectos, por calmar los mercados financieros y recuperar la credibilidad perdida.
El gobernante aseguró que el país vive «la peor crisis en 80 años», para explicar medidas como la subida de impuestos y caída en la protección social con que se pretende contener el déficit fiscal en 4,6 por ciento en 2011. Mientras, se duda que el sacrificio sea suficiente para los organismos europeos e internacionales y los mercados.
El ministro de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, presentó el día 16 un nuevo paquete de medidas para aplicar en 2011 y advirtió que «el país puede perder independencia en caso que no logre convencer a los mercados internacionales», lo que equivaldría a la formal entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ola de agitación social que se está levantando en Portugal, solo tiene parangón en 1983, cuando las finanzas públicas del país obligaron a una intervención del FMI, que obligó a aplicar medidas de extrema dureza.
El paralelismo con 27 años atrás lo reafirma el hecho de que las dos confederaciones sindicales rivales hayan convocado a una huelga general para el 24 de noviembre, cuyo único precedente es una protesta similar ocurrida entonces.
Según interpretan la mayoría de los analistas, las recomendaciones que el FMI ya comenzó a dar -sin haberle pedido aún asistencia- aconsejan a Portugal un Presupuesto General del Estado (PGE) para el año próximo aún más restrictivo del proyectado por el gobierno, lo que afectaría especialmente a las capas más vulnerables de la población.
Las líneas maestras del proyecto de PGE que debe aprobar el parlamento incluyen un incremento promedio de impuestos de 20 por ciento, el mayor en 27 años.
También contempla una rebaja del salario de los empleados públicos de entre 3,5 y 10 por ciento, nuevos cortes en las ayudas a familias indigentes y tasas tributarias sobre las jubilaciones, entre otras acciones inéditas destinadas a reducir el gasto público en 15.700 millones de dólares y aumentar los ingresos.
La meta del gobierno socialista es acelerar la reducción del déficit, que ya pasó de 9,4 por ciento, en 2009, a 7,3 por ciento este año, para situarlo en 4,6 por ciento en 2011, con la quimera -según los analistas- de limitarlo en tres por ciento en 2012.
Algunas cifras explican la sima financiera en que se encuentra Portugal. Actualmente, su deuda pública es de 223.000 millones de dólares, prácticamente igual a su producto interno bruto (PIB) de 2009, que totalizó 232.600 millones.
Solo en amortización de esa deuda, esta nación europea deberá erogar en 2011 la cantidad de 39.200 millones de dólares, equivalente al gasto anual en educación.
En abril, el FMI colocó a Portugal como el décimo integrante del «club» de los diez países de mayor riesgo mundial en términos de deuda pública.
La posibilidad de que el FMI imponga sus reglas nuevamente alarma a la izquierda, desde el sector marxista que representa 19 por ciento del electorado, pasando por la llamada «ala izquierda» del Partido Socialista (PS), hasta sus «representantes históricos», cuyo principal exponente es el ex presidente Mário Soares (1985-1995).
El presupuesto que «nos fue impuesto por el Banco Central Europeo (BCE), es sobre todo muy duro para los portugueses, en especial para los de menores ingresos», planteó Soares a IPS.
Cuando el PGE comenzó a ser conocido «se convirtió en una bomba de tiempo, que tendrá consecuencias imprevisibles en el plano social», añadió. Culpó de esta situación «a los mercados, que son insaciables, resultado de la ideología neoliberal, que transformó los mercados, que nadie sabe lo que son ni quien los comanda y que se han colocado en el centro de todo. De las sociedades, de la política, de la ética y de las propias personas».
«Los partidos y los sindicatos portugueses conscientes de esta situación, sean a favor del gobierno o de la oposición, deben asociarse a sus homólogos europeos para crear un movimiento de opinión contrario a las prácticas ‘economicistas’ del BCE y de la Comisión Europea», el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE).
Un movimiento vasto, «antes que las revueltas de los jóvenes, de los desempleados o simplemente de los que sienten la injusticia de las restricciones, se lancen en acciones violentas, incontrolables y desesperadas, como ya parece que se está diseñando en Francia», concluyó advirtiendo Soares.
En una entrevista con TSF-Radio Jornal, Tiago Caiado Guerreiro, uno de los más destacados economistas del país y especializado en asuntos fiscales, calificó las medidas impositivas de «aumentos brutales que inciden en bienes de primera necesidad»
El Impuesto del Valor Agregado (IVA) pasará en promedio de 21 a 23 por ciento, pero con alzas en algunos rubros «de carácter absolutamente inmoral, como pasar de seis para 23 por ciento» en algunos alimentos, afirmó.
Al apostar todo al control del déficit, el PGE proyectado por el gobierno fija un crecimiento económico de tan solo 0,2 por ciento para 2011, frente al ya limitado aumento de 1,3 por ciento de este año, y una tasa de desempleo abierto de 10,8 por ciento, dos decimas más que el del actuar ejercicio.
Analistas locales aseguran que los portugueses sufrirán más comparativamente que los griegos e irlandeses, con crisis de similar gravedad. Ello porque el PIB por habitante de Irlanda es de 41.000 dólares y el de Grecia de 31.000, mientras que el de Portugal solo llega a 21.700 dólares.
Mario Gómez Olivares, profesor de la facultad de Economía y Administración de la Universidad de Lisboa, analizó para IPS que a la luz de estos datos, «puedo decir que Portugal tiene la condición social peor de los tres países para aguantar el chaparrón».
Eso es así, a su juicio, «tanto por la distribución de la riqueza, como por las medidas ciegas en porcentajes de impuestos, que afectan drásticamente a los más pobres».
«Al ser el PIB por habitante medido en paridad de compra, mucho más bajo en Portugal, el impacto de la pérdida de ingresos se hará notar con más fuerza en la caída de la renta disponible de la clase media y los estratos aún más pobres», concluyó el catedrático.
A incrementar el descontento interno contribuyeron el presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller (primera ministra) alemana Angela Merkel, quienes propusieron en una declaración conjunta reciente el retiro del derecho a voto en la UE a los países con déficit excesivo.
El columnista e historiador Rui Tavares, diputado independiente en el Parlamento Europeo, expresó este lunes 25 en el diario Público de Lisboa que la propuesta «es un capricho de Alemania, y encima peligroso».
Consideró que «esa gente no entiende nada de democracia y parece decidida a retirarle todo sentido a esta palabra», en referencia a Merkel y Sarkozy. «Federalismo sin democracia no es federalismo, es usurpación», concluye Tavares en su columna.
El gobierno de Sócrates, en minoría en el parlamento, tiene ahora la compleja tarea de tratar de encontrar aliados para el PGE y sus duras medidas.