En varias oportunidades hemos compartido con los lectores nuestra preocupación por la presencia creciente del crimen organizado en Panamá. Esta situación se asocia directamente con las políticas públicas equivocadas que han ejecutado los últimos gobiernos y que el presidente Ricardo Martinelli no ha cambiado. Por un lado, la creciente informalidad del empleo, producto de las […]
En varias oportunidades hemos compartido con los lectores nuestra preocupación por la presencia creciente del crimen organizado en Panamá. Esta situación se asocia directamente con las políticas públicas equivocadas que han ejecutado los últimos gobiernos y que el presidente Ricardo Martinelli no ha cambiado.
Por un lado, la creciente informalidad del empleo, producto de las políticas de flexibilización, está debilitando la estructura de la mayoría de las familias panameñas que están quedando sin cabeza responsables. Por el otro, la política de desregulación pone en peligro el sistema educativo del cual dependen más de 700 mil escolares. Estos factores, combinados con la «apertura» financiera que favorece inversiones especulativas y de origen desconocido, crean el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado penetre el tejido social panameño.
El debilitamiento de la familia crea comunidades vulnerables, donde prevalecen los negocios que bordean con lo permitido por la ley y proliferan las pandillas al servicio del crimen organizado. Las escuelas, a su vez, son abandonadas por autoridades y comunidades que ceden ante el avance del crimen.
El sistema educativo panameño está en crisis desde el inicio de la ejecución de los programas neoliberales en la década de 1980. En la actualidad, las escuelas se encuentran en un estado de abandono lamentable. Los educadores son mal pagados y no existen programas de educación continua adecuados para asegurar sus niveles académicos. El nivel de deserción escolar ha llegado a su nivel más alto en la historia del país.
Frente a esta situación desoladora, el gobierno del presidente Martinelli no presenta propuestas. Más bien continúa aplicando las viejas políticas que tienden a hundir aún más el sistema educativo. En forma sorpresiva, sin embargo, el mandatario panameño ha sacado un «as de la manga» que pretende resolver los problemas del sector educativo. Anunció la creación de un programa para subvencionar las economías familiares de todos los estudiantes del país.
Comenzaría en 2011 con los escolares de primaria en los planteles oficiales a lo largo y ancho del país. Seguiría con los adolescentes de la educación media. Según señalan los medios, en 2013 el programa incluiría también a los escolares del sector privado. En total, se beneficiarían cerca de 800 mil estudiantes pertenecientes al sistema educativo panameño. Casi el 90 por ciento está formado por estudiantes en el sector público (oficial).
Según el programa que ejecutaría el Ministerio de Educación, la familia recibiría un subsidio mensual de 20 dólares por cada niño (hasta un máximo de cuatro) que tiene un buen rendimiento escolar. El despacho ministerial todavía no tiene un presupuesto para el proyecto. Tampoco tiene claridad sobre el total de estudiantes que serían beneficiados ni como calcularlo.
El equipo que está trabajando en el proyecto tampoco tiene un plan para distribuir los fondos a las familias. Desde el punto de vista político, sin embargo, el programa puede resultar en una enorme ayuda a elevar la muy golpeada imagen del gobierno. Sin importar el éxito administrativo del programa, los fondos desembolsados por el gobierno serían muy bien acogidos por la gran mayoría de las familias panameñas que están pasando serias dificultades económicas, tanto de la capital como del interior del país.
El gobierno nacional tiene una responsabilidad: ofrecerle la mejor educación a los panameños. El programa descrito más arriba no está dirigido a lograr ese propósito. Para cumplir con esa obligación constitucional, el presidente Martinelli tendría que formar un equipo que presente el mejor programa académico para los niños panameños. Además, ofrecerle a cada niño un desayuno y almuerzo diario, en forma organizada y considerando los niveles nutritivos más altos.
Un cálculo muy por encima -20 dólares por estudiante- arrojaría un gasto total anual para el programa de 100 millones de dólares (sin incluir los gastos administrativos). El Ministerio de Educación tiene actualmente un presupuesto de 600 millones de dólares. Apenas el 2.5 por ciento del presupuesto nacional del gobierno. Para que el sistema educativo se comience a recuperar, el gobierno tendría que duplicar el presupuesto de ese sector a un cinco por ciento del total. Es decir, a un total de 1,200 millones de dólares.
Se estaría hablando de casi diez veces la suma que pretende gastar el gobierno en su programa de 20 dólares para cada escolar. Sólo se puede concluir que el programa presentado por el presidente Martinelli tiene más objetivos politiqueros que educativos.
Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA)
http://marcoagandasegui10.blogspot.com
Fuente: http://alainet.org/active/39831