Con el préstamo de 10.000 millones de euros a Chipre del pasado sábado, la Unión Europea ha roto definitivamente el gran tabú financiero: los depositantes chipriotas, los ciudadanos, tendrán que asumir pérdidas y aceptar forzosamente una quita en sus ahorros. Para garantizarla, el Parlamento de Nicosia se ve obligado a aprobar, de inmediato, una ley […]
Con el préstamo de 10.000 millones de euros a Chipre del pasado sábado, la Unión Europea ha roto definitivamente el gran tabú financiero: los depositantes chipriotas, los ciudadanos, tendrán que asumir pérdidas y aceptar forzosamente una quita en sus ahorros. Para garantizarla, el Parlamento de Nicosia se ve obligado a aprobar, de inmediato, una ley que congele temporalmente todas las cuentas bancarias e impida la salida de capitales….Sí, un corralito en Europa.
El objetivo de este préstamo, como el del resto, consiste en traspasar una ingente cantidad de dinero desde los ahorros de los ciudadanos a las manos de los acreedores de una banca sobredimensionada y putrefacta, empobreciendo a los pueblos europeos. Sin embargo, al contrario de los demás «rescates», donde los ciudadanos hemos pagado los excesos del casino capitalista de manera gradual a través de sucesivos recortes y subidas de impuestos, esta vez el robo se produce al instante. En unas horas, en unos minutos, pueden llegar directamente a nuestros ahorros, meter la mano y ofrecérselos sonriendo al capital financiero. El contenido simbólico es evidente: no existen límites para los halcones neoliberales.
Y no existen porque incluso jurídicamente así está consagrado. El préstamo no lo concede la Comisión, el Eurogrupo o el Banco Central Europeo, sino el recién creado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE),i un organismo internacional nacido al calor de la estructura de la Unión que pretende convertirse en la gran banca de los Estados europeos, en un nuevo FMI para el viejo continente. A él deben acudir ahora los gobiernos para recibir asistencia financiera y desde él se introduce el neoliberalismo en las economías nacionales.
El procedimiento es relativamente simple: un Estado, con dificultades financieras, acude al MEDE para que le otorgue un préstamo. A cambio, el Estado ha de firmar y cumplir un Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) impuesto por el propio MEDE. El contenido de ese MoU viene ya anticipado en el Tratado constitutivo del Mecanismo: una estricta condicionalidad en las políticas económicas y fiscales que asegure la devolución del préstamo y sus intereses, mediante la consolidación fiscal y la reestructuración del sistema público. O lo que es lo mismo: la pérdida de nuestros derechos sociales, el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar y la pauperización de la clase trabajadora para preservar la posición de dominio de la oligarquía acreedora. Como en el caso de Portugal o Irlanda, el MoU que tenga que firmar Chipre seguirá la misma línea neoliberal: privatizaciones, flexibilización de las leyes laborales, aumento de los impuestos indirectos, etc.
Todo ello vendrá reflejado de manera difusa y oscura en el Memorándum, cuyo guardián e intérprete será el mismo MEDE que lo impuso. ¿Pero quién o qué compone este nuevo poder? Principalmente, sus dos órganos rectores: el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Administración. Ambos se configuran en el Tratado como nidos sin control ni legitimidad democrática que poseen ilimitadas facultades sobre los Estados «beneficiarios» del préstamo. Para mayor escarnio están dirigidos por uno de los insignes halcones de la ortodoxia fiscal, el economista alemán Klaus Regling, otrora destacado miembro de un fondo de especulaciónii y ahora Director Ejecutivo del Mecanismo de «Estabilidad».
El primero de los órganos rectores, el Consejo de Gobernadores, está compuesto por un representante de cada Estado, cuyo voto es ponderado en función de la aportación de tal Estado al fondo del MEDE. Sus principales competencias residen en decidir, a grandes rasgos, las condiciones de política macroeconómica que se van a imponer en el MoU a los Estados que reciban asistencia financiera, concretadas después por el Consejo de Administración; y elegir a los componentes de este último, un órgano mucho más técnico (y aún menos transparente y presidido por el europeísta especulador) que ha de velar por el cumplimiento del Memorandum.
El Mecanismo cuenta con un capital autorizado de 700.000 millones de euros dividido en acciones, de los cuales se desembolsarán por los Estados 80.000 millones en los próximos 2 años de manera gradual. España, que posee el 11,9% de las acciones, es el cuarto mayor accionista del MEDE después de Alemania (27,2%), Francia (20,4%) e Italia (17,9%). Precisamente, una de las disposiciones más polémicas del Tratado constitutivo es la contenida en el artículo 9 en cuanto a los requerimientos de capital. El Mecanismo tiene plena libertad para exigir que el capital autorizado (hasta 700.000 millones, recordemos) sea desembolsado en cualquier momento por parte de los Estados, de manera inmediata, para hacer frente a los «rescates».iii Con ello, no solo se ha conseguido ceder la soberanía económica por parte de los Estados beneficiarios del préstamo, sino del resto de integrantes del MEDE, por cuanto deben financiarlo en la manera, en el plazo y de la forma que el Mecanismo exija. Un ejemplo que quizás ilustre la entidad de este poder: tras la aprobación del préstamo a Chipre por el Consejo de Gobernadores, España tendrá que desembolsar en el plazo que se acuerde (puede ser incluso de días), aproximadamente 1300 millones de euros. Y la pequeña isla mediterránea supone solo un 0,17 % del PIB europeo.
La soberanía nacional también se ve mermada con la exclusión de la unanimidad en la toma de decisiones, al establecer como regla general la mayoría simple y reservar la cualificada para casos muy puntuales. Lo cual implica que si un Estado se posiciona en contra del rescate a un país y, no obstante, el MEDE lo aprueba por mayoría, ese Estado debe aportar también el capital necesario para la concesión del préstamo.
Y como era de esperar, ambos órganos no responden ante ninguna institución de la Unión ni de los Estados, ni siquiera de aquellos a los que han hurtado la soberanía tras la petición del préstamo. El control democrático sobre sus actuaciones que, recordemos, afectan al bienestar de millones de personas es, simplemente, inexistente. La opacidad, como en el caso del Banco Central Europeo, es absoluta.
Como novedad, además, la configuración jurídica del Mecanismo posibilita y alienta, a lo largo de todo el articulado del Tratado constitutivo, la participación directa de instituciones tan democráticas como el FMI, la Comisión y el BCE (la famosa Troika), no solo en la elaboración de los MoU sino también en la vigilancia y seguimiento de su cumplimiento. Pero el caso más flagrante es, sin duda, el del FMI, por cuanto no tiene vinculación alguna con Europa. La presencia de la señora Lagarde y todo su ejército de economistas refuerza lo que la propia Exposición de Motivos del Tratado no trata siquiera de ocultar: que el MEDE se inspira directamente en las políticas del FMI y que, por ende, asume su ideario neoliberal y lo consagra.iv Y recoge, además, una de las estrategias sui géneris del Fondo, como es su financiación no solo a partir de las aportaciones estatales, sino también de los mercados financieros. El Tratado del MEDE regula toda una serie de instrumentos a través de los cuales las instituciones financieras pueden participar y beneficiarse de la gran fiesta de los rescates europeos.
El organismo viene así a constituirse en la clave de bóveda de la estafa que es la crisis: el juego irresponsable de la banca y su quiebra sistematizada provoca su rescate por los Estados. Éstos se ven, en consecuencia, obligados a endeudarse en los mercados, donde aguardan los mismos bancos a los que ha salvado para especular contra sus bonos y conseguir pingües beneficios. Cuando la situación se vuelve insostenible, llega el MEDE y, mediante un préstamo multimillonario, impone una política macroeconómica neoliberal a base de recortes que desmantela el Estado de bienestar del país en cuestión. La banca, de nuevo expectante, se beneficia en este caso por partida doble, pues no sólo participa de los intereses del nuevo rescate a través de su inversión en el Mecanismo, sino que consigue que ante ella se abran innumerables oportunidades de negocio tras las privatizaciones y el aumento de la desprotección social, consecuencias directas del Memorándum. Negocio redondo.
Nos encontramos pues, ante un nuevo organismo que, alejado de los focos de la prensa y de la opinión pública, y revestido de mera tecnicidad, se va a convertir en el amo y señor de una Europa moribunda, en el vértice de una estafa criminal institucionalizada. Su bautismo de fuego ha sido Chipre y ha querido hacerse notar dejando claro que no tiene obstáculos a la vista. La década perdida de Latinoamérica aterriza en Europa de la mano del FMI para, desde las alturas del MEDE, cumplir el aforismo de Tácito: «ellos crean un desierto y lo llaman estabilidad».
Gabriel Moreno González es investigador del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y militante de ATTAC
i El Tratado constitutivo, firmado por los 17 Estados de la Eurozona, entró en vigor el 1 de julio de 2012.
ii El fondo en cuestión es Moore Capital Strategy Group. La trayectoria del señor Regling, como la de la mayoría de los altos cargos de la eurocracia, es un continuo ir y venir del sector privado al público. En el caso del MEDE, los nuevos nombramientos de sus altos funcionarios han vuelto a reactivar con inusitada rapidez las famosas «puertas giratorias».
iii Esta obligación de responder a los requerimientos de capital autorizado no desembolsado en cuanto el MEDE así lo demande, fue examinada por el Tribunal Constitucional alemán al apreciarse su posible incompatibilidad con el principio democrático y con la soberanía nacional consagrados en la Ley Fundamental. Sin embargo, el Alto Tribunal consideró que tal exigencia era perfectamente constitucional, al estar contemplada en un Tratado internacional debidamente suscrito por el Gobierno alemán. No obstante, en su sentencia, impuso someter a la aprobación del Parlamento cualquier desembolso de Alemania que exceda los 190.000 millones de euros.
iv De hecho, es significativo que las deudas contraídas con el MEDE tengan carácter de preferencia exclusiva frente al resto de acreedores a excepción, sin embargo, del FMI, el cual tendría preferencia en el cobro aun por encima del mismo Mecanismo.
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