Se cumplen ya diez días de lluvias torrenciales en Centroamérica, que están dejando decenas de personas muertas y miles de damnificadas, así como numerosos daños materiales en viviendas e infraestructuras. Más allá de la magnitud o del goteo de cifras en una emergencia de este tipo, esta crisis de baja intensidad (que se profundiza según […]
Se cumplen ya diez días de lluvias torrenciales en Centroamérica, que están dejando decenas de personas muertas y miles de damnificadas, así como numerosos daños materiales en viviendas e infraestructuras. Más allá de la magnitud o del goteo de cifras en una emergencia de este tipo, esta crisis de baja intensidad (que se profundiza según se prolonga en el tiempo) supone la destrucción de las formas y proyectos de vida de cientos de miles de personas que ven interrumpido su día a día y sus posibilidades de subsistencia. Guatemala y El Salvador son los países que han informado de los mayores daños hasta el momento, mientras en Honduras y Nicaragua se eleva el nivel de alerta por el mantenimiento de la previsión de lluvias y la subida de niveles de ríos y lagos, que están obligando ya a evacuar a la población. Los gobiernos de estos países han hecho llamamientos de ayuda a la Comunidad Internacional.
En concreto, los datos más recientes reportan sólo en Guatemala 32 personas muertas, 7 desaparecidas y 12 heridas, más de 47.000 personas afectadas, 11.000 evacuadas y 7.000 albergadas. También hay un total de 8.704 viviendas dañadas por sismos y lluvias en todo el país, y 3.415 viviendas en situación de riesgo por inundaciones, derrumbes o deslizamientos. En El Salvador se ha registrado también la muerte de 32 personas, la mayoría por deslaves, 2 desaparecidas y 25 heridas. Se contabilizan también 34.834 personas evacuadas, de los que 24.162 están refugiados en 267 albergues y 10.676 en casas de amigos o familiares. En la mayoría de los casos, la cantidad de personas damnificadas y sus necesidades rebasan la capacidad de los albergues, en los que se dan situaciones de hacinamiento y escasez.
En Honduras y Nicaragua la situación se ha agravado en las últimas horas: 13 de los 15 departamentos de Nicaragua se encuentran afectados y la cifra de personas fallecidas es de 7, con 133.858 personas afectadas, 15.000 familias aisladas y 9.100 personas desplazadas a 102 albergues (que se suman a las más de 4.000 que se encuentran en albergues desde el año pasado).
A los daños personales y en viviendas y los cortes de carreteras y accesos a comunidades, se añaden las pérdidas económicas que las lluvias fuera de temporada están ocasionando, al dejar daños importantes en plantaciones, pérdidas de ganado y aves de corral, que suponen la forma de vida de cientos de una población mayoritariamente campesina. Además la población afectada, dedicada principalmente a trabajos agrícolas y pesqueros, lleva desde el inicio de las lluvias sin poder trabajar, por lo que las familias se están enfrentando a serios problemas para obtener recursos para su alimentación de subsistencia diaria.
Por otra parte, la contaminación del agua de los pozos, las condiciones continuadas de humedad, y la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades hacen temer por las condiciones de salud de la población.
A pesar de que se observa una disminución de las horas de lluvia por día, se mantiene la previsión de lluvias intermitentes para los próximos días, en un momento en el que la saturación del terreno y las crecidas y desbordamientos de ríos hace que se haya incrementado el número de comunidades afectadas.
Las causas: cambio climático, deforestación y gestión ineficiente
Si bien es verdad que Centroamérica se caracteriza por ser azotada por fenómenos meteorológicos como huracanes, numerosas voces coinciden en destacar el carácter extraordinario del fenómeno de lluvias torrenciales fuera de temporada, que sin adquirir forma de huracán o tormenta tropical, han aumentado desproporcionadamente en los últimos años en toda la región. Estas fuertes lluvias no estacionales provocan inundaciones, desbordamiento de ríos y lagos, daños en carreteras y puentes y en la agricultura, resultando más destructivas que los huracanes a los que la región está acostumbrada.
Fuentes oficiales de El Salvador atribuyen este fenómeno a consecuencias del calentamiento global originado por el efecto invernadero, y señalan que «la capacidad de destrucción de los fenómenos derivados del cambio climático no es algo que está por venir sino que ya está ocurriendo».
Las organizaciones miembro de la Plataforma 2015 y más y sus organizaciones socias en Centroamérica destacan que aunque no hay que desdeñar la gravedad del impacto del cambio climático (causado por el aumento de las emisiones deCO2 a la atmósfera debido a nuestro consumo de combustibles fósiles), existen numerosos factores que agravan el impacto de estos fenómenos naturales. Entre ellos, destaca la gestión medioambiental, las deficientes infraestructuras y la sobre explotación de los suelos, que hacen que sean muy sensibles a derrumbamientos y deslizamientos de tierra.
A estos factores se suma la escasa inversión en prevención de riesgos. En muchas de las zonas más afectadas el impacto de las lluvias hubiera sido menor si se hubiera actuado protegiendo las zonas aledañas desforestadas. De hecho, en la práctica ocurre todo lo contrario, siendo utilizadas estas zonas para cultivos que no protegen ni mantienen el suelo, y eliminan la capa vegetal natural.
La fuerte deforestación de la región viene provocada en parte por la sobre explotación de las grandes industrias agrícolas y la situación de pobreza en la que vive la mayor parte de la población, que la hacen especialmente vulnerable. En concreto, en El Salvador la gestión ambiental de los últimos 40 años ha supuesto que la masa forestal se haya reducido sensiblemente, teniendo únicamente el 1% de su suelo como protegido. Así, un suelo sumamente deforestado y erosionado hace que El Salvador sea el país con mayor porcentaje de población en riesgo de todo el planeta (un 85%) (PNUD, 2011).
Además, muchos asentamientos humanos son precarios, improvisados, no regulados y oportunistas, tanto en su localización como en su estructura y mantenimiento. Ante la falta de planificación y ordenamiento territorial, muchas familias levantan sus casas en lugares muy vulnerables como cauces naturales de ríos y corrientes. Ello se debe al aumento demográfico de la población, sus bajos recursos económicos o la falta de educación en gestión de riesgos.