El organismo compuesto por los ministros de los Estados miembros ha remitido una carta en la que se opone a la comisión de investigación, formada por 65 eurodiputados
Arrancará dentro de 15 días, en Bruselas, la comisión de investigación europea sobre los papeles de Panamá. Un grupo de 65 eurodiputados analizará durante 12 meses la información publicada, entrevistará a testigos e implicados y preparará las líneas guía para atajar el uso masivo de los paraísos fiscales destapado por la investigación.
Antes incluso de haber empezado a pasar el listado de citados, esta comisión ya se ha ganado la antipatía del Consejo de la Unión Europea. Este organismo está compuesto por los ministros de los 28 países de los gobiernos europeos y adopta y coordina las leyes comunitarias. Sin que hubiera una interpelación previa, su servicio legal remitió el pasado mes de julio una carta al grupo de coordinadores de la comisión de investigación para trasladar que los Estados miembros no deberían colaborar en este grupo de trabajo. Esta comisión, opina el Consejo, no cumple con los requerimientos legales. En opinión de más de un eurodiputado preguntado por este diario, con la carta se está intentando «boicotear» la comisión de investigación.
El documento consta de 35 puntos que ponen en entredicho la esencia misma de la comisión de investigación. A juicio del Consejo, no se especifican con claridad los temas a tratar en este grupo de trabajo y lo mejor, para los Estados miembros, es evitar cooperar con ello. De hecho, sigue el Consejo, los 28 deberían plantear una «estrategia conjunta» y amparada por el Consejo antes de acercarse a la comisión.
Como recuerda un portavoz del Consejo, ningún Estado está obligado por ley a seguir las directrices de este documento. Pero sí se trata del primer papel en el que queda marcada la opinión de este organismo. Y su punto de vista es «perturbador», aseguran desde la comisión de investigación.
Esta comisión basará su trabajo en un mandato que abarca un amplio abanico de temáticas. De acuerdo con su denominación oficial, el grupo deberá examinar nada menos que «las alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales, la elusión y la evasión fiscales, sus competencias, composición numérica y mandato». En total, se investigarán la infracción u omisión de hasta 12 directivas europeas. Un panorama «demasiado amplio y poco concreto», según el Consejo de le UE.
Los conocidos como los papeles de Panamá se componen de más de 11 millones de documentos internos de uno de los mayores despachos del mundo en creación de sociedades ‘offshore’. Su análisis y publicación, coordinada por el ICIJ y el ‘Süddeutsche Zeitung‘ en colaboración con El Confidencial, La Sexta y más de 100 medios en todo el mundo, ha permitido demostrar cómo se utilizan estas compañías para ocultar bienes a las haciendas nacionales y para esconder actividades de financiación del terrorismo, narcotráfico o compraventa de armas. Una maquinaria engrasada con la ayuda de grandes bancos y despachos de abogados y utilizada también por altos cargos públicos y más de 70 jefes de Estado.
¿Trabajo conjunto?
La comisión es el único instrumento con el que los eurodiputados podrían interrogar a los implicados en esta maquinaria o a expertos de diferentes países, una de las principales actividades de las comisiones de investigación europeas. Pero el Consejo rebate que esta actividad podría «alterar el equilibrio existente entre los diferentes estados». Algo que podría ocurrir si la comisión viera la necesidad de unificar criterios en asuntos como, por ejemplo, definir qué países son paraísos fiscales y cuáles no lo son. A día de hoy, no hay una lista compartida de países considerados como tales, sino que cada Gobierno se basa en los acuerdos firmados con diferentes estados. Una lista compartida obligaría a más de un país a prescindir de esos acuerdos bilaterales. En el caso de España, podría verse presionada para romper el visto bueno con países como las Bahamas o justamente Panamá.
Maite Pagazaurtundúa (UPYD) es eurodiputada española y miembro de la comisión de investigación. «Si no hay nada que esconder, ¿por qué el Consejo no colabora en que se haga más luz?», pregunta en conversación con este periódico. «En vez de poner obstáculos, son los mismos Estados miembros quienes deberían proponer no solo una colaboración leal con el Parlamento Europeo y con la comisión, sino ir más allá y no aplicar normas que perjudican a cada contribuyente», añade.
En la misma línea se expresa Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y también miembro de la comisión de investigación: «Es paradigmático que el Consejo, órgano de representación de los estados, no facilite y apoye la labor de la comisión», explica a este diario. Es necesario, asegura, que la comisión analice «el plan estructural» de la cuestión y que el trabajo de los eurodiputados «no se quede en un juicio sobre la moralidad de personas concretas [como los exministros Soria y Cañete]», sino que se centre «en el sistema que permite este tipo de prácticas».
El lavado de dinero, de fondo
El trabajo de la comisión de investigación llega en un momento turbulento para la lucha contra el lavado de dinero. Publicaciones como el listado de clientes del HSBC de Ginebra, facilitado por Hervé Falciani, o casos de corrupción -desde el caso Defex hasta la trama Gürtel, por citar ejemplos españoles- han destapado el uso de paraísos fiscales para lavar dinero. Pero la última directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero no incluye ningún paraíso fiscal entre los que se consideran «en riesgo» de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
Un grupo de diputados del Parlamento envió la pasada semana una carta a la comisión señalando esta y otras pegas de la directiva. Los Estados miembros deberán cortar sus lazos con los países incluidos en la directiva a partir de junio de 2017.