“Hay sectores (en la sociedad peruana) que promueven el racismo y la discriminación y que no aceptan que personas ajenas a los círculos políticos tradicionales ocupen el sillón presidencial” -Pedro Castillo
En el informe preparado por la Comisión de la OEA, que visitó Perú en noviembre del 2022 para evaluar la situación política de ese país, se incluyen estas palabras de Pedro Castillo, presidente electo de la República: “hay sectores que promueven el racismo y la discriminación y que no aceptan que personas ajenas a los círculos políticos tradicionales ocupen el sillón presidencial”.
El expresidente se refería a los estratos dominantes, hispano hablantes, que han gobernado por más de quinientos años, acostumbrándose a que prevalezcan sus intereses económicos, ideología y cultura sobre los otros estamentos sociales, estableciendo un statu quo de apariencia inamovible. Aquellos son los que han atizado el odio racial promoviendo la destitución y el apresamiento de Castillo.
Desde luego que el primer mandatario clausure el Congreso no está contemplado por la Constitución de Perú. Sin embargo, no es menos cierto que los mencionados segmentos sociales han ejercido el poder anteponiendo la defensa y el incremento de sus intereses por encima de todo. Lo que se ha manifestado con claridad en la vida política.
Aún antes de la elección de Castillo, fueron los “pitucos” dueños de los grandes capitales y medios de comunicación, los que acosaron día a día al mandatario, empujándole hacia la inconstitucionalidad.
Los problemas del Estado, en relación con los pueblos originarios, en Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia han determinado el surgimiento de categorías idóneas para referirse a los nativos: pueblos originarios, pueblos históricos, nacionalidades. En Perú, donde viven seis millones de indígenas, se les llama con términos peyorativos: “terrucos”, «serranos ignorantes», «indios atrasados».
Tal comportamiento resulta paradójico si acudimos a los 7 Ensayos de José Carlos Mariátegui, uno de los más importantes pensadores latinoamericanos, que ya en 1928 despejó la perspectiva para establecer formas estatales y jurídicas favorables a los pueblos indígenas.
El caso de Pedro Castillo demuestra que en el corazón mismo de la sociedad peruana las relaciones humanas, económicas y culturales están marcadas por una ideología colonizada, lo que redunda en el bajo nivel de conciencia política de los propios indígenas, que pusieron sus esperanzas en un gobierno solidario que habría podido proteger sus derechos.
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