En Latinoamérica se producen al año alrededor de 4,5 millones de abortos inseguros, que en el 21 por ciento de los casos terminan con la vida de la mujer, y El Salvador no es la excepción. Karina del Carmen Clímaco fue condenada en noviembre de 2002 a 30 años de prisión, porque según fallo judicial, […]
En Latinoamérica se producen al año alrededor de 4,5 millones de abortos inseguros, que en el 21 por ciento de los casos terminan con la vida de la mujer, y El Salvador no es la excepción.
Karina del Carmen Clímaco fue condenada en noviembre de 2002 a 30 años de prisión, porque según fallo judicial, ella mató a su hija recién nacida.
En principio Karina había sido acusada por aborto consentido, luego el cargo pasó a homicidio agravado, motivo por el cual fue condenada a 30 años de cárcel. Sin embargo, casi siete años y medios después – 9 de julio de 2009- fue liberada debido a que se comprobó que las pruebas con las cuales había sido condenada en el 2002 eran deficientes.
Pero el caso de Karina no es aislado, pues también Cristina Quintanilla fue condenada a 30 años por el asesinato de su hijo aún en gestación.
En el caso de Cristina la autopsia de Medicina Legal ni siquiera había determinado la causa de la muerte del feto. Tampoco había otra prueba que la incriminara. Pero a pesar de ello paso cuatro años privada de libertad por supuestamente haber asesinado a su bebé.
Cuando el ministerio de Justicia y Seguridad Pública se dio cuenta de su error y decidió conmutarle la pena -22 de julio de 2009-, es decir, disminuirla de 30 años a 3 años, ella ya había cumplido cuatro en la cárcel.
Además está el caso de Marlene Ponce, una joven de 18 años, quien cuando tenía como siete meses de embarazo -17 de junio del 2009- fue al baño y perdió su feto. Ella fue acusada de aborto consentido y alternativamente de homicidio agravado, finalmente el juzgado Tercero de Paz del municipio de Ciudad Delgado le otorgó sobreseimiento provisional en enero de 2010.
Aunque podría parecer irónico decir que Karina, Cristina y Marlene, tuvieron suerte, en realidad sí fueron más afortunadas que María Edith Hernández, porque al menos lograron salir con vida.
María Edith, quien fue acusada en un inicio de haber abortado a su hijo, al final fue condenada a 30 años de cárcel, de los que sólo pasó un poco más de dos tras las rejas, pues el cáncer linfático que padecía le ganó la batalla y murió el 30 de abril de 2010, dejando en la orfandad a sus dos hijos, actualmente de 9 y 11 años de edad.
Su caso todavía esta siendo estudiado para determinar su inocencia, pues según el abogado defensor, Denis Muñoz, el caso de Edith, al igual que el de las otras tres mujeres, estuvo llenó de irregularidades.
Muñoz afirma que en el caso de María Edith buscarán «una indemnización para los niños, porque murió su madre y los abuelos no serán eternos».
La problemática del aborto se agravó más en este país después de su penalización total en 1998, según las organizaciones que luchan por la despenalización. Desde entonces, El Salvador está entre los cinco países de Latinoamérica, junto a Chile, República Dominicana, Nicaragua y Honduras, que condenan cualquier forma de aborto.
Criminalización del aborto
Antes de 1997 el aborto era criminalizado en El Salvador, pero existían tres excepciones; se permitía el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto. Con el Código Penal de 1998 el aborto pasó a ser penalizado en todas su formas.
«Las leyes restrictivas del aborto se solidificaron en 1999 cuando por medio de reforma constitucional se definió como ser humano al feto desde el primer momento de la concepción», sostiene la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
A partir de dichas reformas «en El Salvador muchas veces los abortos espontáneos, partos prematuros que las mujeres enfrentan han terminado convirtiéndose en delitos agravados y han implicado condenas de hasta treinta años para mujeres, y no es un sólo caso», dijo a ContraPunto, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Según Herrera, la mayoría de mujeres que están siendo condenadas injustamente, como Karina, Cristina, Marlene y María Edith, tienen un mismo perfil: «Mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes que tienen un bajo nivel de instrucción educativa, conocen poco de leyes, tienen poco apoyo para hacer una defensa de su caso. Entonces son condenas fáciles que la Fiscalía General de la Republica (FGR) consigue y las mujeres quedan soterradas en las cárceles».
En opinión de la activista, a las mujeres se les está negando el derecho a la presunción de inocencia, ya que «pasan directamente del hospital a la cárcel, llegan en estado grave de salud, sin darse cuenta y sin comprender lo que les ha pasado, se ven en un proceso judicial que las lleva directamente a la cárcel y a una condena mas grande».
El Código Penal de este país define todas las formas de aborto como un crimen punible con entre 4 y 8 años de prisión, pero generalmente cambian la tipificación del delito a homicidio agravado, lo que implica de 30 a 40 años de cárcel.
«Ellos exponen una situación como que a la mujer se le hubiera venido el bebé y han sido acusadas y han sido encarceladas y eso es una ficción. ¿Por qué? Porque yo he conocido cantidad de mujeres que han pasado por el dolor en su corazón de haber perdido un hijo y en la vida las han enjuiciado, en los casos que se han sometido a juicio es porque existe una razón justificable», dijo a ContraPunto Georgina de Rivas, Directora Ejecutiva de la Fundación Sí a la Vida.
«Por ejemplo en el caso de Clímaco el bebé fue estrangulado», agregó, aunque las ultimas pruebas con las cuales recuperó su libertad niegan esa declaración.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, esa grave situación ha llevado a muchas mujeres que han sufrido abortos espontáneos a no ir al hospital, lo que ocasiona que muchas mujeres mueran.
Sin embargo, la doctora Sofía Villalta, Coordinadora de la Unidad Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aseguró que en los últimos dos años no han registrado muertes por abortos en el ministerio.
«Nosotros tenemos pocos casos documentados de muertes por abortos sépticos, porque aquí antes se daba 15 por ciento de muertes maternas ocasionadas por muertes por abortos, ahorita las hemorragias sólo se dan por partos. Tenemos sólo una de hace como tres años de muerte por aborto».
Aunque reconoció que las muertes indirectas -enfermedad que se agrava en el embarazo- por cardiopatías se pudieron haber prevenido si existiera en el país el aborto terapéutico. «Asumimos que si esa mujer hubiera conocido su riesgo antes de embarazarse o hubiera tenido opción a un aborto terapéutico no se hubiera muerto», indicó.
De acuerdo a estadísticas del MSPAS en 2009 fallecieron 70 mujeres embarazadas; mientras que 65 murieron en 2010. En ambos años 6 murieron por cardiopatías.
El 5 por ciento de las jóvenes menores de 19 años han sufrido un aborto en el país, aunque no precisan si fue espontáneo o provocado, indica una encuesta realizada el año pasado por el Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud (IEPROES) a 142 embarazadas que recibían asistencia médica en siete de las principales unidades de salud de San Salvador.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el aborto en condiciones de riesgo representa el 13 por ciento del más de medio millón de muertes maternas que se presentan cada año a nivel mundial.
En Latinoamérica se producen al año alrededor de 4,5 millones de abortos inseguros, que en el 21 por ciento de los casos terminan con la vida de la mujer.
En este país, el personal médico, ante cualquier sospecha de aborto criminal, denuncia a las pacientes, tal como ha pasado con los casos citados al principio de este reportaje, aseguró a ContraPunto la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Las cuatro mujeres a la que se hace referencia fueron a parar a la cárcel por las denuncias médicas.
Pero Villalta del MSPAS negó a ContraPunto que los doctores estén realizando ese papel de denunciantes. «Desde que yo estoy en el ministerio no conozco ninguna denuncia de parte de los médicos, de las instituciones de salud, para decir que una mujer se ha provocado o no un aborto», indicó.
Mientras algunas mujeres como Karina, Cristina, Marlene y María Edith han sido condenadas de forma injusta según lo ha demostrado la justicia al retractarse de su sentencia, otras que en verdad lo han hecho de forma criminal ni siquiera pusieron un pie en una delegación policial, porque el hecho de que el aborto sea penalizado en todas sus formas no quita que más de alguna se lo practique ilegalmente.
Este es el caso de Erica (nombre ficticio), quien a sus 22 años de edad decidió abortar al bebé que llevaba en su vientre por dos razones: era muy joven y tenía mucho que perder si asumía la responsabilidad de un hijo, pues ya estaba estudiando último año de la universidad.
«Necesito verte», le dijo a su novio en una llamada que delataba su angustia. Se reunieron en un lugar de comida rápida y allí, llorando sin consuelo, le dijo «estoy embarazada, tengo seis semanas».
Atónito, él la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Mario López (nombre ficticio), de 23 años, quien también está en el último año de universidad, tenía sentimientos encontrados y no sabía el paso que seguía. Todo era confusión.
Después de una larga plática optaron por interrumpir el embarazo, indagaron en Internet y encontraron a quien les vendería la solución. Les costó $60 la dosis para terminar con el «problema que frustraría sus metas y sueños».
Unas cuantas pastillas dentro de su vagina, y otras que se debía tomar, fueron la solución a su problema. El cuarto oscuro de un motel de la ciudad de San Salvador, el escenario del crimen.
Él la ayudó y la acompañó durante cinco horas en ese cuarto oscuro. «Sangraba y sangraba», dijo López, con los ojos hechos agua, «manchamos las sábanas, las toallas, yo la cargaba para ir al baño y así durante esas horas», aseguró.
A diferencia de otras mujeres que se arriesgan a realizarse un aborto, ella no tuvo ninguna consecuencia. Según el ginecólogo Víctor Alas las consecuencias de un aborto son tan drásticas que si no se tratan a tiempo «pueden quedar estériles o perder la vida».
«Pueden quedar restos placentarios, o del producto, y eso en algún momento puede complicarse. Al haber infección del útero, puede terminar en una infección de todo el útero y que el tratamiento único terminaría siendo incluso hasta quitarle la matriz a una mujer», dijo Alas.
De acuerdo al doctor por lo general «ese tipo de complicación se da en aquellas pacientes que se provocan el aborto de forma ilegal, pero no con medicamentos sino que con aparatos, utensilios, como barrillas de sombrías».
Según la psicóloga Sidalia Rodríguez, aunque una mujer logre salir bien de un aborto físicamente, psicológicamente no es así.
«Una joven después de practicarse un aborto puede padecer de depresión, baja autoestima, sentimientos de culpabilidad y frustraciones», detalló. Incluso afirmó que en algunos casos se les dificulta volver a rehacer su vida personal.
Abogan por la despenalización
El pasado 28 de Septiembre de 2010 esta Agrupación Ciudadana que está a favor de la despenalización del aborto interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El documento aboga porque se reinstauren las tres formas aborto que fueron eliminadas con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 1998
«La penalización del aborto es una injusticia que podemos reparar. Creo que la sociedad salvadoreña ahora está preparada para una despenalización del aborto ético, terapéutico y eugenésico», opinó Morena Herrera.
Por su parte, el abogado Muñoz indicó que se «tienen que reivindicar las figuras que ya se encontraban e incluir el aborto espontáneo. Esas cuatro figuras para que no se sigan vulnerando los derechos de las mujeres».
Pero al parecer la sociedad salvadoreña aún no está preparada para la despenalización, como dice Herrera, pues siempre que se toca el tema los sectores conservadores saltan y se arma un conflicto.
«La posición de la fundación continúa siendo la misma, que es defender la vida desde el momento de la concepción», dijo Rivera de Sí a la Vida.
También indicó que no «existe ningún tipo de aborto ético porque desde el momento en el que estamos sacrificando una vida ya no hay ética».
«Toda vida es sagrada. No puedo sacrificar una vida para salvar la otra. Las dos vidas son sagradas y la del niño es todavía más indefensa. Este es un tema muy difícil», señaló a ContraPunto el Arzobispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez.
En opinión del abogado Denis Muñoz, la dureza con que son juzgadas las mujeres es injusta y desproporcionada, lo que produce agravios comparativos evidentes.
«Esto ya no es de un derecho sexual y reproductivo, sino también es un derecho al acceso a la justicia de las mujeres, porque no se vale que muchas otras personas que delinquen no les impongan ni penas ni de 10 ni de 20 años y ellas 30 les tocan», reflexionó el letrado.
En El Salvador el 80 por ciento de los homicidios quedan impunes. Diariamente 11 personas son asesinadas a quema ropa y en muchos casos no les pasa nada a los asesinos.
También él considera que es una cuestión de derechos humanos, debido a que irrespetan los pactos y convenios firmados por El Salvador y las recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas en donde «exhortan directamente a El Salvador que hagan esto, que despenalicen el aborto», sentenció Muñoz.
En el país se levantó toda una polémica cuando la ex directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Julia Evelyn Martínez, firmó el Consenso de Brasilia en julio de 2010, el cual en su punto seis establece el compromiso de los firmantes de «promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», y en el apartado «f» ordena a los estados «revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos».
Algunos consideran que por tal decisión al final la ex directora término siendo destituida.
Decisión que llenó de desconcierto a las organizaciones de mujeres en el país, pues antes de este Consenso en febrero de 2010 el gobierno, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya se había comprometido a acatar las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación al aborto.
«Nos permitimos expresar que tal como se nos ha recomendado -recomendación 37- se promoverá el diálogo nacional amplio y participativo, con los distintos sectores sociales y las entidades públicas relacionadas, sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sobre las implicaciones de las leyes restrictivas del aborto», se comprometió el gobierno salvadoreño el año pasado con la ONU. Así lo destaca un informe de dicha entidad internacional.
Aunque las organizaciones de mujeres sostienen que tanto el Consenso de Brasilia como las recomendaciones aceptadas por Cancillería perseguían el mismo fin en cuanto al aborto, el canciller, Hugo Martínez, aclaró a ContraPunto que son dos cosas diferentes.
«Es muy diferente esa posición -la expresada por el gobierno ante la ONU- a la posición que se estableció en la resolución en Brasilia de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde se establecía por parte de los suscritores un compromiso de revisar o de promover la revisión de la legislación salvadoreña en ese campo. Aquí lo que nosotros hemos hecho -en las recomendaciones de la ONU- , no de una, si no de las 118 observaciones, es explicar el método de trabajo del gobierno».
Según Hugo Martínez, el método que utilizan para este tipo de observaciones consiste en que el gobierno realiza un proceso para escuchar la opinión de los diferentes sectores. «Aunque el gobierno tenga una posición, puede ser alimentada con los insumos de esos diferentes sectores», matizó diplomáticamente el Canciller para no comprometer al gobierno.
Sin embargo, no se sabe si ese diálogo se ha producido, y si lo ha hecho, no se ha conocido resultado alguno.
En cuanto al Consenso de Brasilia, dijo Martínez, «las instrucciones del presidente se han seguido y se traslado la información que debíamos trasladar a CEPAL».
El presidente Mauricio Funes indicó que se enviaría una carta comunicando a la CEPAL que la ex directora del ISDEMU no estaba autorizada para firma el Consenso de Brasilia, por lo que se infiere que a eso se refería el Canciller.
Derecho Canónico y el aborto
Si hay una institución opositora a cualquier tipo de apertura en el asunto del aborto, es la Iglesia Católica. El dogma emanado de la cúpula romana es de total negación de este derecho de las mujeres y de la mera posibilidad de debate.
Sin embargo, de acuerdo a la organización «Católicas por el Derecho a Decidir», el Derecho Canónico de la Iglesia Católica no excomulga ni considera pecado algunas formas de aborto.
Según Rosa Hernández, secretaria técnica y asesora teológica de dicha organización, el Código del Derecho Canónico, que es la ley que rige a la Iglesia Católica, en su canon 1323, establece que no es motivo de excomunión, ni pecado dentro de la iglesia, realizarse abortos si la mujer está en problemas de salud (terapéutico), si la niña es menor edad, cuando padece de alguna deficiencia mental, etc».
«Entonces la ley de la Iglesia Católica es bastante flexible en cuanto a eso, pero la jerarquía de la Iglesia no da a conocer esto, sino que lo penaliza y excomulga a las mujeres que se lo practican», indicó Hernández.
Ante dicha posición, Monseñor Rosa Chávez manifestó que son mujeres que no están de acuerdo con la posición de la Iglesia, pero que ésta siempre considera y seguirá considerando que la vida una humana es sagrada desde el momento de la concepción.
Además aclaró que el canon 2350 sí condena y ex comulga el aborto. «Los que procuren el aborto incluso la madre, incurren, si el aborto se verifica, en ex comunión, y si son clérigos pueden ser depuestos», leyó el obispo.
Hablar de la despenalización del aborto en esta sociedad doble moralista es un tema muy espinoso, porque rápidamente salen los grupos conservadores en ataque de quienes lo promueven. Lo cierto es que con o sin aborto legal, éste se sigue practicando, como el caso de Erica, quien a diferencia de las otras mujeres lo hizo con plena conciencia, pero a pesar de ello no le pasó nada legalmente.
Cada año en todo el mundo se producen un aproximado de 46 millones de abortos, de los cuales 19 millones son ilegales.
Fuente: http://www.contrapunto.com.sv/salud/el-dilema-del-aborto-en-un-pais-con-doble-moral