El Congreso de la República, de mayoría de derecha y fascista, acaba de darle el voto de confianza al gabinete de gobierno liderado por Alberto Otárola, desoyendo la protestas y los reclamos de diversos sectores políticos y sociales y volviendo más crítico y de difícil solución lograr una salida a la crisis que sacude el país y que ya viene cobrando la vida de 46 compatriotas.
Solo el lunes en la región de Puno, al sur del país, las protestas han dejado hasta el momento, un doloroso saldo de 17 muertos por impactos de bala y un centenar de heridos. Si bien es cierto que las protestas se realizaban cerca al aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, y que existía una posibilidad latente de que los manifestantes pudieran tomar estas instalaciones, lo cierto es que la respuesta de los efectivos de la Policía Nacional fue desproporcionada, abusiva y criminal.
Los disparos fueron al cuerpo, al parecer como si se tratara de una directiva u orientación de las fuerzas de la Policía Nacional y del Ejército, como ya había sucedido anteriormente en la ciudad de Andahuaylas, Apurímac, donde también murieron 8 ciudadanos, algunos de ellos campesinos pobres de las zonas rurales y altoandinas del país.
No está demás señalar que días previos al reinicio de las manifestaciones de protesta contra el gobierno, en una entrevista televisiva, el Almirante José Cueto Acervi, congresista de la república por el partido fascista Renovación Popular, y uno de los principales promotores de la violencia de Estado, señaló muy suelto que “confiaba en que las Fuerzas Armadas eliminen a esta gente”.
Y al parecer esta es la actitud y la conducta que ha asumido el gobierno, ya que conocidos los muertos ocasionados por las protestas en Puno, el Primer Ministro Alberto Otárola, en un mensaje dirigido no a la nación, sino a las élites dominantes, enfatizó que “recuperarán el orden interno” y que lo que ha habido en el país es un intento “golpista”.
Un mensaje bravucón y falto de empatía con las familias de los fallecidos, cero autocrítica, y mal manejo del conflicto político. Quieren dialogar pero a punta de balas, una situación que ya se torna cada vez más insostenible.
Por lo pronto, la crisis se agudiza y se expande a otras regiones del país. Si hasta hace unos días se reportaban 63 puntos de tránsito interrumpidos y 13 vías nacionales bloqueadas, según la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre (SUTRAN), esta situación tiende a crecer y aumentar exponencialmente, ya que en el transcurso de los días se han ido plegando a la protesta más organizaciones y gremios sociales y sindicales, en particular de la zona norte del país, como es la provincia de Chota en la región Cajamarca, lugar de procedencia del ex presidente Pedro Castillo.
Pero mientras el conflicto escala, el gobierno parece no tener respuestas a la conflictividad social por la que atraviesa, con un accionar errático y carente de iniciativa política intenta apaciguar la protesta con mesas de diálogo cuyo eje principal es la demanda social obviando que la protesta y el movimiento es eminentemente político y cuya exigencia central es la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del congreso de la república y el llamado inmediato a nuevas elecciones generales
Por otro lado, el gobierno insiste en la declaratoria de estado de emergencia, toque de queda e inamovilidad social, algo que la gente no respeta, pero a la que insiste como una receta vacía de contenido. Lo único que demuestra el gobierno es que sólo amparado en la fuerza represiva del Estado puede controlar una situación que a todas luces ya es incontrolable e inmanejable.
Los 46 muertos son ya un camino sin retorno y las perspectivas de que la señora Boluarte pueda llegar siquiera a acabar el 2023 ya se hace cada vez más difícil e insostenible.
Esta situación sin embargo, nos plantea una alarmante involución de los derechos políticos y sociales que padece el pueblo peruano, en particular los sectores rurales y andinos del país, tan marginados y excluidos de lo que las elites denominan “desarollo”.
Esto se ha podido apreciar nítidamente en la procedencia de los muertos, la mayoría provenientes del mundo andino, campesinos pobres a quienes le quitaron la ilusión de tener a uno de sus representantes, a uno de los “suyos” en Palacio de Gobierno.
Pedro Castillo, profesor rural y rondero, quien encarnó estas aspiraciones en la contienda electoral, fue víctima del odio clasista de cierto sector de la sociedad peruana y de la ferocidad de la prensa limeña. No lo dejaron gobernar desde que asumió las riendas del Estado. ¡Ni un sólo día!.
Esto es necesario señalar para entender la representación simbólica que ejercía el ex presidente en cierto sector de la población peruana, siendo claros también en puntualizar que el gobierno de Castillo nunca fue popular y menos de izquierda.
Pero ¿qué hacer?, ¿cuál es la salida a este entrampamiento?. En lo inmediato, las circunstancias exigen la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte y del presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, quien por sucesión constitucional, debería encargarse del Despacho Presidencial.
Quedaría como salida constitucional y legal, la elección de una nueva mesa directiva del Congreso de la República que debe ser formada de manera consensuada y con participación de todos los sectores políticos. Esto es clave, porque el nuevo Presidente del Congreso de la República, al no haber Presidente ni Vicepresidente en funciones, acabaría asumiendo como Presidente de la República, como ocurrió en anterior oportunidad con Francisco Sagasti.
Este gobierno transitorio se dedicaría en el lapso de 8 meses a convocar y realizar elecciones generales, y deberá brindar a todos los sectores políticos, las garantías de unas elecciones limpias y transparentes.
Pero también la urgencia de los acontecimientos políticos, no debería impedir la discusión de la renovación del sistema político, lo que implica un cambio en las reglas del sistema de partidos políticos que establece la implementación de las elecciones primarias para la elección de representantes o líderes.
Las modificaciones constitucionales a la figura de la vacancia por “incapacidad mental” para gobernar y de la “cuestión de confianza” para la disolución del parlamento.
Y uno de los ejes centrales de la protesta, que es la consulta a la población de si quiere o no un cambio de constitución mediante una Asamblea Constituyente, ya que la del año 1993 que se dictó en el gobierno de Alberto Fujimori fue impuesto con fraude, y ya no representa el nuevo pacto social que el país exige y reclama movilizado en las calles.
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