1. Introducción Una evaluación del Acuerdo de «transición» del 20 de febrero [hasta junio a más tardar, con los plazos de pago de la deuda en julio y agosto] muestra que se trata de una tregua conseguida a iniciativa del gobierno griego y aceptada por la otra parte (las «instituciones», es decir, la UE, el […]
1. Introducción
Una evaluación del Acuerdo de «transición» del 20 de febrero [hasta junio a más tardar, con los plazos de pago de la deuda en julio y agosto] muestra que se trata de una tregua conseguida a iniciativa del gobierno griego y aceptada por la otra parte (las «instituciones», es decir, la UE, el FMI y el BCE). En el próximo período hasta el final del trimestre, se van a crear las condiciones para la negociación del próximo acuerdo. Desde cierto punto de vista, esto significa que nada es aún definitivo. Pero esta visión no es verdad. En primer lugar, el acuerdo «de transición» altera el equilibrio de poder por su propia naturaleza. En segundo lugar, como las «hostilidades» continuarán durante todo el semestre -durante el seguimiento de los compromiso y la re-interpretación de los términos por cada una de las partes [ver el artículo del Financial Times de 2 de marzo 2015 que cita en extenso a Jeoren Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo]- lo primero es entender el marco de las negociaciones.
2. Acuerdo de 20 de febrero. Un primer paso en una pendiente resbaladiza …
2.1. Los objetivos de las negociaciones
El gobierno griego fue a la reunión de los ministros de finanzas del Eurogrupo del 12 de febrero, es decir, la primera fase crítica de las negociaciones, buscando un acuerdo para un nuevo «programa de transición», declarando expresamente que era imposible ampliar el programa existente, que había sido rechazado por el pueblo griego:
1. El «programa de transición» no estaría sujeto a condiciones, evaluaciones, etc. Sería la expresión formal de la voluntad de todas las partes de negociar sin presiones y chantajes y sin ninguna acción unilateral.
2. En este contexto, Grecia renunciaría a las cuotas pendientes del programa anterior -además de a los 1.900 millones de dólares que el BCE y los bancos centrales de los estados miembros deben devolverle, producto de los beneficios por la tenencia de bonos griegos, programas SMP (Programa de Seguridad para los Mercados) y ANFA (Acuerdo sobre Activos Financieros Netos)- y además tendría la posibilidad de emitir bonos del tesoro, más allá del techo de 15 mil millones, para cubrir situaciones de emergencia.
3. Al final del período de transición, (a) Grecia presentaría sus propuestas finales, que de acuerdo con la agenda del gobierno incluiría un nuevo marco para la aplicación de su estrategia financiera para los 3-4 años venideros, así como un nuevo plan de reforma nacional, mientras que (b) abordaría el tema de las negociaciones sobre la reestructuración y la condonación de la deuda
El gobierno alemán y las «instituciones» (UE, BCE, FMI) llegaron a las negociaciones con una posición: Grecia debía solicitar una extensión «técnica» del programa existente (MOU) de seis meses (que a efectos de comunicación ha sido denominado «Acuerdo existente»), que permitiese evaluar y aprobar su aplicación. [1]
2.2. El resultado de la negociación
El acuerdo de 20 de febrero, incluye una extensión de cuatro meses (hasta el 30 de junio) del Acuerdo Marco de Servicio de Asistencia Financiera (AFFF) -que depende de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF)-, que se basa en una serie de compromisos, de condiciones a cumplir.
La extensión del Acuerdo («que se basa en una serie de compromisos») significa: (A) evaluaciones realizadas por los tres «instituciones»; (B) «compromisos o condiciones»; (C) la continuación de la financiación, a partir del plan de pagos del programa existente, condicionado a una evaluación positiva; (D) el retorno de los beneficios del BCE y los bancos centrales nacionales producto de la tenencia de bonos griegos, pero de nuevo sólo en caso de una evaluación positiva por parte de las «instituciones» (dada la «independencia» del BCE).
En definitiva, se trata de un rechazo y retirada de los puntos 1 y 2 de las posiciones iniciales del gobierno griego en las negociaciones. También hay que señalar que no se hace referencia explícita a la cobertura de las necesidades de financiación (por ejemplo, que se permitirá la emisión de Letras del Tesoro a fin de pagar los salarios, intereses y necesidades urgentes) mientras dura la evaluación – a menos que la referencia a «la independencia del BCE» no implique la «posibilidad» de este último de juzgar por si mismo si el gobierno griego cumple con los «compromisos» que acompañan a la prórroga del acuerdo (lo que sin duda complica todos los esfuerzos de «interpretación» que el Gobierno tiene la intención de hacer con el Acuerdo).
Al mismo tiempo, en el acuerdo del 20 de febrero, leemos la siguiente posición: «Las autoridades griegas también se han comprometido a garantizar los superávits fiscales primarios requeridos, o los ingresos necesarios, para garantizar la sostenibilidad de la deuda, según lo definido por el comunicado del Eurogrupo de noviembre de 2012». Esto significa que el gobierno griego renuncia al objetivo de las negociaciones de una devaluación-reestructuración de la deuda y adopta un «plan de viabilidad», basado en «el pago del principal de la deuda» a través de superávits primarios. Esto significa el rechazo y la retirada del párrafo (b) del artículo 3, con el que el gobierno griego había acudido a las negociaciones.
2.3. Lo que el gobierno griego ha conseguido (excepto el cambio de terminología, sobre la que hubo un gran debate)
1. La parte (a) del artículo 3 (2.1) de sus propuestas, a saber, el derecho a proponer para aprobación de las «instituciones» (otra fórmula de la troika) reformas para la consolidación fiscal y el crecimiento. Y las medidas decididas por el gobierno anterior fueron rechazadas (reducción de las prestaciones de jubilación y aumento del IVA en las islas) y decidió centrarse en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, la reforma del sector público, la reforma del sistema fiscal, etc.
2. La negociación sobre el nivel de superávit primario en 2015 (superávit antes del pago de intereses). En lugar del acuerdo del 3% del PIB, el nuevo acuerdo deja la cuestión abierta de determinar una tasa más baja: «las instituciones, en cuanto al objetivo de superávit primario en 2015, tendrán en cuenta las condiciones económicas de 2015». [2]
Por tanto, es claro que el acuerdo es una tregua, y en este caso, la tregua no significa «un empate». El acuerdo es un primer paso en una pendiente resbaladiza. Aunque queda tiempo para el siguiente paso, el escenario resultante es, sin embargo, sofocante, y apenas tiene que ver con el «mínimo» que el gobierno pretendía conseguir antes del 12 de febrero.
3. ¿Hay todavía espacio para cuestionar el neoliberalismo?
3.1. El seguimiento como un equilibrio entre el riesgo «político» y el riesgo «moral»
La estrategia política de Syriza y la izquierda europea es la reversión del neoliberalismo, es decir, la política económica y social que busca someter todos los procesos sociales (educación, sanidad, desde la seguridad social a la deuda pública) a una jurisdicción o tribunal superior y al «papel regulador» de los mercados. La izquierda europea tiene por objetivo garantizar un ejercicio libre de la política que le permita reducir el poder de los mercados, para volcarse en atender las necesidades sociales.
El neoliberalismo es un «programa» de continuo fortalecimiento de los intereses capitalistas en contra de los intereses de los trabajadores, «profesionales» (médicos, etc.), jubilados, jóvenes, pequeños y medianos empresarios. El neoliberalismo extremo, tal como defiende, por ejemplo, el señor Schäuble (ministro de finanzas de Alemania), no carece de objetivos y estrategias racionales, a pesar de las ventajas retóricas que ofrece pretender lo contrario a quienes se oponen a él. El neoliberalismo está tratando de resolver racionalmente -y hasta ahora lo consigue- dos problemas.
En primer lugar, la legitimidad de un modelo de mercado de trabajo sin derechos y sin protección social, con bajos salarios y flexible, sin la posibilidad de negociación sustancial por parte de los trabajadores, a fin de crear condiciones favorables para la rentabilidad y la acumulación capital.
En segundo lugar, la organización de la zona del euro (coordinación de las políticas fiscales, programas de rescate, unificación bancaria, etc.) hacia una unión económica y monetaria en la que los Estados miembros no cederán al «riesgo moral» de sufragar costes sociales (y otros) mediante el uso de la deuda pública. Los Estados miembros tendrán que elegir entre austeridad-reducción del gasto-privatización o el riesgo de impago de la deuda, lo que resulta en este último caso aceptar un rescate, cuyo contenido es, por supuesto, más austeridad-reducción del gasto-privatización.
Esta opción a favor de la privatización y del superávit primario para pagar la deuda no es contradictoria con reformas como las propuestas por el Gobierno griego (y que podrían ser necesarias para la sociedad griega), al igual que a una mejor organización del sistema de recaudación (fiscal), la reorganización del sector público, el debilitamiento en general de los oligopolios. Incluso puede acomodar amablemente a nuevos políticos, porque comprende que el ciclo de desgaste y la falta de legitimidad popular del antiguo personal político se estaba acelerando.
La preservación del antiguo personal político, desacreditado ante la mayoría social, es considerada por la estrategia neoliberal como un «riesgo político», ya que puede conducir de manera incontrolable a una explosión social.
Sin embargo, el neoliberalismo considera paralelamente un «riesgo moral» cualquier política que apoye los intereses de la clase obrera, que amplíe el espacio público, que desarrolle el Estado de bienestar, que permita la reproducción de la sociedad más allá y fuera del alcance del mercado.
En otras palabras, la visión neoliberal considera muy necesaria la austeridad para que el «riesgo político» no aumente, evitando al mismo tiempo, el «riesgo moral».
En general, los dos riesgos -«moral» y «político»- son inversamente proporcionales, y cambian con la coyuntura. Cuando disminuye el riesgo «moral», aumenta el riesgo «político» y viceversa. Por lo tanto, la tensión entre estas dos tendencias termina cuando se consigue el equilibrio adecuado entre el «riesgo moral» (que es cuando los gobiernos sucumben al «riesgo» de aceptar defender los intereses de las clases más bajas) y el «riesgo político» (es decir, la desintegración de las élites políticas y la aparición de fenómenos incontrolables, como manifestaciones de masas). Las «autoridades independientes», que no están de ninguna manera controladas «democráticamente», especialmente en temas relacionados con la «economía» como la «independencia» del BCE, son una forma de mantener el equilibrio entre los dos «riesgos» . Esto, sin embargo, no se considera suficiente.
En la Unión Europea (UE), el papel clave radica ahora en la «evaluación de los acuerdos». Cuando pensamos en el acuerdo del 20 de febrero, enseguida apreciamos que sigue siendo ambiguo por lo que se refiere a las exigencias que aumentan el «riesgo moral», que promueven soluciones favorables al Estado de bienestar y el mundo del trabajo. Sin embargo, un punto clave del acuerdo es que las «instituciones» evaluarán qué reformas no constituyen un problema para las finanzas públicas, las perspectivas de crecimiento económico y la estabilidad, así como el funcionamiento del sistema financiero [3]. La evaluación, es decir, la vigilancia, es un obstáculo importante para la ejecución del programa y las transformaciones sociales que quiere Syriza.
Además de la cuestión explícitamente planteada de la cobertura de las necesidades de financiación, aparece una primera definición de la evaluación continua – que imponen tanto el Acuerdo como la relación con el BCE como fuente indirecta de financiación – tanto en la carta del BCE, como en la del FMI que «interpretan las reformas» como medidas «equivalentes» a los compromisos (condiciones) que figuraban en el programa anterior. En particular, el FMI no renuncia a la aplicación de medidas para liberalizar el ejercicio profesional, la privatización, la liberalización del mercado de trabajo y la reducción de prestaciones (aun más) de la seguridad social. Son elementos recogidos en el «Programa» (memorándum) anterior. Cabe señalar la no cuantificación de objetivos, que el déficit no se especifica, la ausencia de cualquier discusión explícita sobre el cálculo de la brecha financiera, que dejan permanentemente abierta la «interpretación» de la cuestión del cálculo de la eficiencia de las medidas «equivalentes». [4]
3.2. Donde está la clave. La táctica y la estrategia de la negociación
La principal pregunta sobre la importancia del acuerdo del 20 de febrero, además de las estrategias que se entrelazan y se centran en ella, es la capacidad (a pesar de los estrechos márgenes) que da al gobierno para implementar su programa. Pero primero tenemos que identificar las «dificultades» que llevaron al gobierno al repliegue del 20 de febrero.
El acuerdo del 20 de febrero estuvo determinado tanto por factores externos – el marco neoliberal ya conocido de las «instituciones» -, como por factores internos, que en última instancia, fueron los decisivos.
La mala preparación del gobierno y las tácticas contradictorias del ministerio de finanzas han tenido sólo una importancia secundaria. Por ejemplo:
Primero. La falta de un plan serio, basado en cifras y análisis. Incluso en el anexo publicado por el ministerio de finanzas como resumen técnico se puede ver el nivel de superficialidad. Además, en éste se hacen suposiciones esenciales como que la sostenibilidad de la deuda depende de un superávit primario (posición que constituye una estrategia de repliegue importante).
En segundo lugar. La definición en Londres de ciertos principios generales en la propuesta para la depreciación de la deuda, [por Varoufakis, el 2 de febrero]. Aquí se trata de un error táctico. Sin discutirlo con el BCE un país -Gran Bretaña, que esta fuera del euro- hace una sugerencia que implica un intercambio de deuda por «bonos perpetuos». Esta es una propuesta que supone cambiar las reglas del BCE y que inevitablemente obliga directamente al BCE a rechazarla por razones obvias relacionadas con la política y los equilibrios en el Consejo. Ello se suma a los ataques que el BCE ya sufre por violar las «normas que le rigen» al adoptar una política de «flexibilización cuantitativa» (es decir, una flexibilización monetaria que tiene lugar mediante la compra de bonos). También es evidente que no hay que involucrar al BCE directamente en un acuerdo de este tipo, porque se puede conseguir lo mismo de otra manera que sea compatible con los equilibrios actuales en el Consejo del BCE. La otra parte de la propuesta, que los préstamos del FEEF estén indexados a la tasa de crecimiento, es una propuesta vaga. Obviamente se tratará en la segunda fase de las negociaciones.
Tercera. Parece que el gobierno dio demasiada importancia al tema de la gestión de la comunicación en comparación con otras dimensiones. Lo cual da una señal negativa tanto cara al interior como al exterior. Por ejemplo, el incidente con Dijsselbloem (la tensión con Varoufakis, el 30 de enero), evidentemente ha estimulado el «sentimiento nacional», pero también disminuyó el poder de negociación, porque a lo largo del fin de semana el gobierno tuvo que intentar tranquilizar a los mercados que abrían el lunes, 2 de febrero. Un hecho que indica que el gobierno no tiene una táctica de negociación estable y coherente (y por supuesto, en la misma reunión, incluso para los observadores inexpertos, fue obvio que el equipo de miembros del gobierno en la negociación no estaba coordinado).
Es fácil entender porqué esta negociación mal organizada, a pesar del tiempo dedicado por los protagonistas, parecía un salto en el vacío con los ojos vendados. Además, las diferencias y la mala gestión han demostrado a los socios que la parte griega es susceptible de manipulaciones.
Pero, en última instancia, el asunto no fue decidido por los movimientos tácticos o en el extranjero, sino en el interior. Lo que determinó el repliegue de la parte griega fue la decisión política estratégica de construir unas relaciones estables, en términos de representación social, con los estratos sociales que consideran impensable perturbar la «normalidad» del mercado. Y ello a pesar de que todos sabemos la importancia de lo que está en juego. El escenario de una fuga de depósitos siempre debe ser construido (y, por tanto, ser considerado más allá de las técnicas de intervención concretas) en el contexto social de las relaciones de poder. Al mismo tiempo, es inconcebible adoptar el argumento alegado de que tras un «colapso bancario» habría inevitablemente «una salida del euro,» un escenario de probabilidad cero. Este era el «argumento» de los gobiernos Papandreou-Papademos-Samaras para que la sociedad griega aceptase los memorandums [5]]. Sigue siendo un «arma» de los neoliberales extremos, tipo Schäuble.
3.3. El desafío. Nada se puede cambiar, o ¿otro mundo es posible?
Todo lo anterior, en su versión más suave, nos lleva a la conclusión de que el acuerdo alcanzado limita considerablemente el ejercicio de la política sobre las finanzas públicas, pero también en otras áreas. Por lo tanto, el plan económico con el que cuenta el gobierno para la negociación y la evaluación del acuerdo final es muy resbaladizo.
El hecho de que el gobierno opte por calificar el repliegue aparente y la obligación de cambiar su programa como una «victoria» es una mala señal para el futuro. De hecho, muestra que está más interesado en la comunicación que en lo esencial. Esta perspectiva podría llevar a una derrota real si la señal transmitida y recibida por la sociedad refuerza la convicción siguiente: «No creas lo que dicen los políticos; solo quieren permanecer en el gobierno».
Consideremos el siguiente hecho simple. Este gobierno no llegó al poder apoyando el 70% del memorándum [afirmación de Varoufakis de que un mero 30% no era aceptable]. Si lo hubiera hecho, no podría incluso ahora explicarse ante el Parlamento.
Tratar de reescribir su mandato para incluir el 70% del memorándum es tratar de modificar las relaciones de representación y las alianzas sociales que lo sustentan. Porque al parecer ese 70% es, en sí mismo, un índice ambiguo (¿por qué no el 68% o el 72%? ¿En relación a las páginas, los capítulos o las medidas?). La elección de esa el 72%? ¿En relación a las páginas, los capítulos o las medidas?). La elección de esa cifra es un reto a la razón y a la representatividad del gobierno.
La pregunta que surge, incluso al gobierno, es si prevalecerá la lógica comunicativa de «victoria» y hará caso omiso de las cuestiones cruciales que han surgido, o si se pretende analizar en profundidad el retroceso que implica el acuerdo y los términos de este repliegue; y mientras tenemos tiempo todavía (muy apretado, porque ya comienza la próxima ronda de negociaciones).
Con los nuevos datos negativos que implica el acuerdo del 20 de febrero, el gobierno y Syriza sólo tienen una manera de salir del callejón sin salida del yugo de la Europa neoliberal: ¡ir hacia adelante!
• Hacia adelante, con un medio: la verdad. Comenzar por admitir las concesiones para buscar formas de prevenir el daño a largo plazo, es decir, que el gobierno reintroduzca en la agenda de nuestros compromisos programáticos la redistribución de la renta y del poder a favor de las masas trabajadoras para reconstruir el Estado de bienestar, la democracia y la participación.
• Hacia adelante, teniendo como herramienta la reforma fiscal radical para que finalmente el capital asuma las responsabilidades que le incumben para la consolidación de la vida pública. Acabar con prácticas ilegales que lleva a cabo una parte de la oligarquía griega: contrabando de petróleo y productos del tabaco, las operaciones financieras en el seno de un mismo grupo de empresas, la evasión de impuestos y los préstamos abusivos, etc.
• Es necesario alentar una nueva ola de cambio en el país, a fin de construir nuevas alianzas con las clases subalternas. Metafóricamente, lo que falta y lo que, desgraciadamente, parece alejarse con el acuerdo del 20 de febrero es un memorandum interno «sobre la riqueza», al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de vida de la clase obrera. El objetivo es obligar a la oligarquía a pagar, porque nunca ha sido más necesario.
• En una sociedad donde la pérdida del 25% del PIB y el empobrecimiento de una gran parte de la población son sólo el aspecto visible del rápido crecimiento de la desigualdad social, en una sociedad en la que el desempleo masivo está asociado a condiciones de trabajo medievales, en una sociedad de muchos contrastes y grandes expectativas, la «popularidad» del gobierno no se mantendrá por mucho tiempo en un 87% o 80%.
Para que la política gubernamental sigua siendo hegemónica, debe alinearse con los intereses de la mayoría del mundo del trabajo, desafiar la estrategia neoliberal. No hay espacio para una política «nacional» que defienda en general y vagamente todo lo que es «griego» o «europeo». Además, nunca ha existido y nunca existirá en una orientación efectiva de la izquierda.
Notas:
[1] Y ahora, por supuesto, las decisiones requieren la aprobación de las «instituciones»: «Las autoridades griegas se han comprometido a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que anulen o modifiquen políticas y reformas estructurales que puedan afectar sus objetivos financieros, o la recuperación y la estabilidad económica y financiera, como son evaluados por las instituciones».
[2] Pero aquí el diablo está en los detalles: en la forma que adopte la reorganización.
[3] No se olvide, por ejemplo, que el crecimiento en el programa actual depende de las exportaciones y que el aumento de los salarios reduciría el grado de competitividad de la economía griega y evitaría el crecimiento de las exportaciones (visión equivocada como ahora prueba la experiencia, pero las «instituciones» mantienen esa opinión). Además, otro ejemplo, el ajuste de los préstamos «rojos» (abusivos) obviamente afecta al sistema financiero y es un programa condicionado, pero también en el alcance, el tiempo y el modo de aplicación, si alguna vez entra en vigor.
[4] En una carta fechada el 24 de febrero 2015 a Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi dice: «Tomamos nota de que los compromisos asumidos por las autoridades [griegas] difieren de las obligaciones del plan en ciertas áreas. En tales casos, se deberá evaluar, la hora del examen, si las medidas que no son aceptadas por las autoridades serán sustituidas por medidas de igual o superiores calidad en el logro de los objetivos del programa».
[5] El «Grexit» (salida del euro) se utiliza como una razón para el compromiso, por ejemplo, por James Galbraith: «ningún acuerdo hubiera implicado controles de capital, o quiebras bancarias, moratoria de la deuda, o el abandono prematuro del euro»): «Frente a las interesadas (o incompetentes) interpretaciones de los medios de comunicación dominantes: la lectura correcta del pacto griego.»
(Sin permiso traduce de la versión francesa de la revista suiza A l’Encontre y Anna Christopoulou.)