El polémico indulto al ex dictador Alberto Fujimori no solo acarreó una enorme crisis política y grandes dificultades para la estabilidad de la democracia, sino que también supone un grave retroceso en materia de derechos humanos. Actualmente, el ex dictador condenado a veinticinco años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, […]
El polémico indulto al ex dictador Alberto Fujimori no solo acarreó una enorme crisis política y grandes dificultades para la estabilidad de la democracia, sino que también supone un grave retroceso en materia de derechos humanos. Actualmente, el ex dictador condenado a veinticinco años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, goza del beneficio de la libertad. Mientras que la legislación peruana no contempla estos crímenes como delitos de lesa humanidad, sí lo hace la legislación internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su ¨profunda preocupación¨[i] ante estos hechos.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) va de mal en peor. Luego de firmar el indulto pasada la Nochebuena y de una abrupta caída en sus índices de aceptación, ha conformado un nuevo Gabinete. El llamado «Gabinete de la reconciliación» es tan solo una quimera, al igual que el eufemismo de «indulto humanitario» para designar lo que, en verdad, fue un intercambio de favores con un sector del fujimorismo.
Las renuncias ministeriales
Como producto del acuerdo entre PPK y el congresista Kenji Fujimori -hijo de Alberto-, se sucedieron las renuncias de varios ministros. El primero de ellos fue Carlos Basombrío, exministro del Interior. Su renuncia fue la única presentada con anterioridad al indulto, el 22 de diciembre, luego de los cuestionamientos al mandatario por el caso Odebrecht. El 27 de diciembre fue reemplazado por Vicente Romero Fernández, quien trabajó para el fujimorato de 1994 a 1996. Recientemente trascendió una fotografía de aquella época en la que puede verse al flamante ministro junto a Keiko auspiciando de primera dama [ii], lo que incrementó las suspicacias.
El mismo 27 de diciembre, tres días después del indulto, Salvador del Solar renunció al Ministerio de Cultura. El primero de este año fue Jorge Nieto, exministro de Defensa, quien dimitió el 3 de enero. Ya en las vísperas de la juramentación de los nuevos ministros desertaron José Hernández -exministro de Agricultura y Riego- y Pedro Olaechea -exministro de la Producción-.
Durante el acto celebrado el pasado 9 de enero, en el cual prestaron juramento los nueve integrantes del «Gabinete de la reconciliación», se aceptaron también las renuncias de otros cinco ministros: Ricardo Luna del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando D’Alessio del Ministerio de Salud, Alfonso Grados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Fiorella Molinelli del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y Cayetana Aljovín del Ministerio de Energía y Minas -esta última es la única que continúa siendo ministra ya que en realidad migró de Ministerio-.
Los nuevos ministros
Cayetana Aljovín fue quien inició la sucesión de juras para desempeñarse ahora como nueva Canciller de la República, siendo este el tercer Ministerio en el que está al frente durante la gestión de PPK (primero encabezó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y hasta el 9 de enero el Ministerio de Energía y Minas). Justamente, el presidente se confundió y le hizo jurar por el cargo saliente -Energía y Minas- en lugar del nuevo -Relaciones Exteriores-.
Le siguió el Teniente General retirado de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Kisic Wagner, Comandante de Operaciones en 2001 y Jefe del Estado Mayor General entre 2001 y 2002, quien juró como ministro de Defensa. En tercer lugar, Jorge Salinas Rivas se convirtió en el nuevo titular del Ministerio de Salud al jurar «Por la memoria de Abel» -es hijo de Abel Salinas Izaguirre, reconocido dirigente aprista que fungió como ministro de Estado durante el primer mandato de Alan García-.
Como ministro de Agricultura fue designado José Arista Arbildo, ex viceministro de Hacienda de Alan García entre 2006 y 2010. Para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo juramentó Javier Barreda -exviceministro de Desarrollo Social, también durante la presidencia de García-, hecho que le valió la reciente expulsión del APRA.
La exsecretaria general en el Ministerio de Economía y Finanzas, Angela Grossheim, quien hasta el pasado 9 de enero se desempeñaba como viceministra de Energía y Minas, ascendió a la titularidad de dicho ministerio.
Lieneke Schol, ingeniera industrial que desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el sector privado -ingresó al sector público recién en 2016- juró como nueva ministra del Ministerio de la Producción. Por su parte, el escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neyra, asumió como ministro de Cultura. Finalmente, se designó a Jorge Meléndez, congresista oficialista, para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Un mal negocio para el banquero
Para el primer mandatario peruano este año empezó con el pie izquierdo y el cuerpo a la derecha. La primera encuesta de Ipsos [iii] de 2018 corrobora lo previsto: Kenji Fujimori es el gran triunfador en medio de la tempestad. La aprobación popular del controversial congresista se incrementó hasta alcanzar un 38 %, superando tanto a su hermana Keiko (30 %) como a los demás líderes políticos de mayor potencial electoral.
En lo respectivo a PPK, el recambio de ministros no gozó de la mejor aprobación por parte de los peruanos (tan solo el 37 %), aunque muy por encima de su propia imagen (23 %). Por su parte, el indulto a Alberto Fujimori sigue obrando como divisoria de aguas en el seno de la sociedad. Mientras el 53 % aprueba la medida, el 43 % está en contra.
Los desafíos ministeriales
El nuevo Gabinete ministerial se ubica aún más a la derecha que su predecesor. La mayor parte de sus nuevos integrantes son figuras vinculadas al sector empresarial, o un resurgir de apristas de antaño que han visto como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) dilapidaba su capital político tras gestiones deficientes. En pocas palabras, no representan la pluralidad de las fuerzas políticas del país. Se trata de un Gabinete débil y con muchos desafíos por delante:
1. El recientemente conformado ¨Gabinete de la Reconciliación¨ deberá dar respuestas en momentos de crisis, desatada principalmente como consecuencia del indulto, al tiempo que enfrentará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado el expediente del caso.
2. Aunque el objetivo del indulto, en palabras de PPK, es el de reconciliar al país y crear las condiciones de estabilidad, no surge de un acuerdo entre las élites políticas. Por el contrario, incrementa la inestabilidad social, política y económica en una sociedad previamente dividida.
3. Las consecuencias del escándalo de Odebrecht no han acabado para Kuczynski. Las declaraciones de Jorge Barata, exdirector ejecutivo de la constructora en Perú entre 2011 y 2016, podrían seguir comprometiendo al mandatario.
4. Se espera un aumento de la conflictividad social de cara a las próximas elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.
5. Por último, deberá hacer frente a las embestidas del fujimorismo desde el Congreso.
Cómo sorteará estos escollos y si podrán darle cierto aire a PPK para concluir su mandato es una incógnita que será develada en el futuro cercano.
Notas:
[i] http://www.oas.org/es/cidh/
[iii] https://www.ipsos.com/es-pe/
Barbara Ester (@barbaraestereo) es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
Fuente: http://www.celag.org/
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