Los sindicatos griegos convocaron este pasaado 10 de junio una nueva jornada de huelga general con paros en los transportes públicos y el cierre de buena parte de la administración, en una jornada de protesta contra la nueva reforma laboral.
A pesar de que las tiendas y la restauración, que reabrieron hace apenas unas semanas tras medio año de confinamiento, no echaron el cierre, la indignación por el proyecto de ley es generalizada y toda la oposición se ha unido para exigir su retirada.
Las manifestaciones de protesta han sido multitudinarias en muchas ciudades del país y tan solo en Atenas cerca de 20.000 personas, entre ellas la plana mayor de los partidos de oposición, marcharon por el centro para protestar contra lo que consideran una ley que socava los derechos laborales y sindicales conquistados a lo largo de más de un siglo.
Uno de los puntos que mas ampollas ha levantado es la flexibilización de las ocho horas de trabajo diario y la ampliación de las horas extraordinarias anuales.
Mientras que en otros países se discute reducir la semana laboral, el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis ha optado por mantener las cuarenta horas, aunque con la posibilidad de trabajar cuatro días a razón de diez horas, o acumular horas que se compensan con días libres más adelante.
Aunque el Gobierno asegura que la flexibilización del horario solo se aplica a petición del empleado, sindicatos y la oposición aseguran que en la práctica solo cimenta legalmente una situación que ya existe en la vida cotidiana de cada empleado: el exceso de horas no remuneradas.
El proyecto de ley extiende además las horas extraordinarias anuales permitidas de actualmente entre 90 y 120 (dependiendo del sector) a 150.
El ministro de Trabajo, Kostís Jatzidakis, insiste en que la introducción de la tarjeta de control horario en todas las empresas protegerá al trabajador de todo abuso, pues todas las horas quedarán registradas.
En un país como Grecia, regida por el principio de ‘hecha la ley, hecha la trampa’, este tipo de herramientas no consiguen asustar a ningún empleador.
Lo viven en carne propia muchos trabajadores cuando llega la Navidad y el patrón les obliga a devolverles la paga extraordinaria que les acaba de desembolsar, con el argumento de que de lo contrario la empresa se hundiría.
Con la tarjeta, cuya introducción además está prevista a medio plazo mientras que la flexibilización de horarios sería inmediata, podría ocurrir algo similar. Bastaría con «convencer» al empleado de que se quede unas horas mas después de haber fichado su salida.
En el debate de la ley en comisiones, que comenzó esta semana, incluso algunos parlamentarios conservadores como la diputada Anna Efthimiu mostraron sus reservas y pidieron claras salvaguardas para evitar el abuso de los derechos laborales.
«No existe una relación de igualdad entre empleador y empleado, pero sí una relación de dependencia», dijo Efthimiu, quien pidió garantías para que la flexibilización del horario sea claramente en provecho del trabajador.
Otro de los puntos de conflicto es la eliminación de facto de los convenios colectivos en pro de acuerdos entre el empresario y el empleado, que ya abolieron los conservadores cuando Grecia vivía al dictado de los acreedores y que el Gobierno izquierdista de Syriza volvió a restablecer.
El nuevo proyecto de ley, que previsiblemente se votará el próximo 17 de junio (el Gobierno conservador tiene la mayoría absoluta en el Parlamento), también limita la posibilidad de convocar huelgas, y entre otras cuestiones, prohíbe que un paro, cuya celebración ha sido declarada ilegal pueda ser convocado por otro sindicato en términos similares.
La ley también incluye algunos aspectos positivos, como el aumento de la baja por paternidad o el derecho a la desconexión cuando se teletrabaja, pero, según la oposición, lo que predomina es la vuelta al «thatcherismo» o como señaló una diputada del izquierdista MeRA25, la ley tiene algo de palo y zanahoria, solo que la zanahoria es muy corta y el palo muy largo.