Emulando los métodos de la dictadura fujimorista, el Jurado Electoral Especial de Lima centro, en la madrugada del jueves 24 de marzo, emitió una resolución en la cual literalmente «declara infundada la solicitud de exclusión interpuesta contra la candidata a la Presidencia de la República Keiko Fujimori«. A pesar de las pruebas existentes, la instancia […]
Emulando los métodos de la dictadura fujimorista, el Jurado Electoral Especial de Lima centro, en la madrugada del jueves 24 de marzo, emitió una resolución en la cual literalmente «declara infundada la solicitud de exclusión interpuesta contra la candidata a la Presidencia de la República Keiko Fujimori«. A pesar de las pruebas existentes, la instancia electoral le da asi el visto bueno a la hija del dictador, contribuyendo a enturbiar – y con ello a deslegitimar aún más – el actual proceso electoral.
Estamos seguros que la respuesta social no se hará esperar y este 05 de abril miles saldrán a las calles en todo el Perú a rechazar el probable retorno de la dictadura y el inminente fraude electoral.
Un proceso plagado de irregularidades
Desde que el pasado 13 de noviembre del 2015 Ollanta Humala convocó a elecciones presidenciales, muchos hechos han contribuido a descalificar el actual proceso electoral, haciendo que a escasas tres semanas del 10 de abril, el tufillo de fraude se instale en la conciencia de la gente.
Una de las causas del actual desmadre, tiene que ver con la nueva ley electoral aprobada el año pasado por el congreso de la Republica. Aquí, entre otras cosas, se establece que los candidatos que directa o indirectamente ofrezcan y otorguen dádivas (regalos o dinero) a los votantes y que no cumplan al pie de la letra con los requerimientos administrativos para la inscripción de sus candidaturas, serán sancionados incluso con la exclusión del proceso electoral. Bajo esta nueva ley se vienen llevando las actuales elecciones, lo cual ha conllevado a que hasta la fecha las candidaturas de Cesar Acuña de Alianza para el Progreso y de Julio Guzmán de Todos por el Perú, sean separadas definitivamente por no respetar lo establecido en la norma.
A Julio Guzmán se lo saca de carrera por no haber cumplido con los trámites administrativos que exige la ley para la inscripción de los candidatos. Este hecho, como lo han explicado diversos especialistas, viola el derecho fundamental a ser elegido, cometiéndose asi una antojadiza y parcializada interpretación legal que saca de la competencia al candidato Guzmán justo cuando este se encontraba en segundo lugar con un promedio de 20% del apoyo electoral. Cabe destacar que Julio Guzmán construye su liderazgo político a partir de un discurso y un simbolismo orientado a cuestionar las viejas formas de hacer política en el Perú (corrupción, ineficacia, caudillismo, etc.), eso le permitió empalmar con el sentimiento de cambio que anida en millones de peruanos.
Cesar Acuña, de Alianza para el Progreso, es desaforado por haber entregado dádivas a pobladores que acudieron a sus presentaciones en Lima y provincias. Acuña, dueño de un consorcio educativo a través del cual acumuló fortuna aprovechando para ello la mercantilización de la educación universitaria implementada por Fujimori desde 1996 a través del decreto 882, inició su campaña con buen pie logrando atraer la simpatía de los sectores provincianos y de bajos recursos que fueron los más golpeados por las políticas neoliberales. Cesar Acuña sostenía su discurso en una propuesta asistencial y en su biografía personal, donde destacaba su capacidad para salir de la pobreza a partir del esfuerzo personal y la educación. Pruebas de plagio académico terminaron por derrumbar su performance académica, sin embargo, cuando fue sacado de la competencia se encontraba aun en el tercer lugar de las preferencias electorales.
La mano que mece la cuna
La entidad encargada de llevar adelante las elecciones del 10 de abril del año en curso, es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apoyado en sus órganos descentralizados (Jurados Electorales Especiales-JEE).
Esta institución la preside el Dr. Francisco Távara Córdoba, al cual lo acompañan cuatro magistrados más, quienes a su vez son elegidos por el poder judicial. Este poder del estado actualmente se encuentra copado por funcionarios muy cercanos al partido aprista, al igual que la fiscalía de la nación cuyo presidente, Dr. Jose Pelaes Bardales, no solo absolvió al ex presidente aprista y hoy candidato presidencial Alan García Pérez y a otros ex ministros apristas de la talla de Jorge del Castillo y Jose Antonio Chang, sino que también a través del Consejo Nacional de la Magistratura impidió que Francisco Tavara Córdova fuera destituido del JNE por inconducta funcional el año 2012.
A Alan García, quien encabeza una alianza contra natura entre el partido aprista y el partido popular cristiano de la derechista Lurdes Flores Nano, no le esta yendo nada bien en estas elecciones. Según los últimos sondeos electorales de la empresa encuestadora GFK (20 de marzo) su aprobación oscila entre un 5.8%, lo cual ni siquiera les serviría para pasar la valla electoral (al ser alianza electoral, requieren más del 7% de la votación). Al parecer, por esa razón, el candidato de la estrella y el mapa ha optado por mover sus influencias al más alto nivel a fin de limpiar el camino, sacando para ello de escena a quienes considera podrían obstruirle su marcha a palacio.
El efecto boomerang
Sin embargo, lo que en realidad han logrado Alan García y sus amigos es abrir una caja de pandora de efectos impredecibles, cuyas consecuencias incluso podrían terminar poniendo en jaque el status quo.
La manipulación asimétrica del proceso electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones, los ha llevado a una encrucijada tremenda. Si actuaban coherentemente con su afán legalista que les permitió sancionar a Acuña y a Guzmán, debieron sacar del proceso también a Keiko Fujimori a pesar que esta encabeza hoy las encuestas, eso los hubiera enfrentado a un sector importante de la derecha nacional conservadora, aliada natural del gran capital imperialista. De lo contrario, su parcialización quedaría expuesta a la luz pública, como viene ocurriendo ahora con la decisión tomada el último jueves 24 de marzo.
Esta decisión, sin embargo, acrecentará el anti voto fujimorista, no ayudará a Alan García a subir en las encuestas y le dará mayor protagonismo a la movilización callejera, la cual se convierte ahora en el único canal para expresar el descontento ciudadano y seguramente será un factor condicionante de los resultados del 10 de abril.
Las irregularidades que viene cometiendo el Jurado Nacional de Elecciones, también han generado un efecto colateral, no deseado por quienes están detrás. Al sacar de carrera a Guzmán y Acuña han logrado poner en vitrina las candidaturas de Barnechea y Veronika Mendoza, quienes desde enfoques distintos son críticos al actual modelo de acumulación basado en la extracción y la exportación de minerales. El pueblo desencantado con la política y con las propuestas de cambio, sobre todo después de la traición de Ollanta, pero que sin embargo rechaza el modelo neoliberal (más del 60% según última encuesta de GFK), ha vuelto ahora su mirada hacia Barnechea y Mendoza y los ubica en tercer y cuarto lugar respectivamente, con muchas posibilidades de que uno de ellos llegue a la segunda vuelta.
Veronika Mendoza tiene una oportunidad histórica
Una vez más la voluntad de cambio ha empezado a moverse. Esa misma voluntad de cambio que llevo a Ollanta Humala al gobierno el 2011, se expresa ahora en la movilización callejera que rechaza el fraude del Jurado Nacional de Elecciones y por esa vía incrementa el antivoto fujimorista y hace de la candidatura de Veronika Mendoza su instrumento para enfrentar el continuismo neoliberal.
Por eso Veronika Mendoza y el Frente Amplio tienen hoy la oportunidad histórica de convertir esa indignación ciudadana en una respuesta política de masas que nos permita trascender el actual modelo económico y abrir un periodo de transición hacia la construcción de una sociedad con justicia social y soberanía nacional. Para ello, es necesario poner en cuestionamiento el engranaje jurídico-político en el cual se sostiene el poder del empresariado local y transnacional, nos referimos a la constitución de 1993 que abrió un ciclo de reformas del estado que pusieron por delante los intereses del mercado y los capitalistas, antes que los intereses del pueblo y los trabajadores.
El pueblo debe saber que en el marco del actual régimen jurídico ningún cambio del modelo económico que beneficie al pueblo y a la soberanía nacional será posible. Eso ayudará a poner en tela de juicio las propuestas centristas de Alfredo Barnechea y le devolverá al pueblo una visión estructural y de conjunto de la problemática nacional.
Dignificar la política implica también restituir la capacidad soberana del pueblo de decidir sobre su destino sin la intervención de los poderes facticos y los políticos profesionales al servicio del status quo. Por eso la exigencia de cambio constitucional deberá ir atada a la de Asamblea Constituyente. Solo la convocatoria a una Asamblea Constituyente con participación del pueblo y los trabajadores asegurara poner en realidad la economía al servicio de la gente y de esa manera iniciar la construcción de un nuevo Perú.
El pueblo debe saber que a través de una Asamblea Constituyente empezaremos a discutirlo todo. ¿Qué hacemos con el jurado electoral? ¿Qué hacemos con los jueces, fiscales y policías corruptos? ¿Qué hacemos con los presidentes de la república y los congresistas que incumplen sus promesas de campaña y traicionan la voluntad popular? ¿Seguimos dejando la salud y la educación en manos del mercado o le devolvemos mayor protagonismo al estado? ¿Qué hacemos con la gran minería que contamina el medio ambiente y atenta contra la vida? ¿Qué hacemos con los tratados de libre comercio que nos impusieron los gobiernos sin consultarnos y que liquidan nuestra precaria industria nacional? ¿Qué hacemos con la deuda externa que nos descapitaliza y recorta nuestra soberanía? ¿Qué hacemos con las empresas que no pagan impuestos o que pagan muy por debajo de lo que ganan? ¿Qué hacemos con los derechos de los pueblos originarios?, etc.
La derecha hará todo lo que este a su alcance (guerra sucia incluida) para sacar de la discusión electoral el tema de cambiar la constitución del 93 vía una Asamblea Constituyente. Por eso el Frente Amplio con Veronika Mendoza a la cabeza, haría bien en poner como primer punto de su agenda programática este tema, que no es uno más de los tantos que hoy propone el FA, sino el más importante, por lo cual debería ser el número uno, en lo que queda de la campaña. Si se hace eso no solo se contribuirá a elevar significativamente el nivel de conciencia política del pueblo, sino que también se asegurara la vinculación a diversos sectores sociales del campo popular que de llegar Veronika al gobierno, se convertirán en su principal soporte que asegure que las promesas de campaña se concreticen.
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