«Tenemos sentimientos encontrados: por un lado estamos felices por la extradición a Perú de Telmo Hurtado para que sea juzgado y condenado y, por otro, sentimos mucho dolor porque tenemos de vuelta a ese salvaje que mató a nuestros seres queridos», dice el activista Celestino Baldeón Chuchón. Hurtado ya espera tras las rejas en Perú […]
«Tenemos sentimientos encontrados: por un lado estamos felices por la extradición a Perú de Telmo Hurtado para que sea juzgado y condenado y, por otro, sentimos mucho dolor porque tenemos de vuelta a ese salvaje que mató a nuestros seres queridos», dice el activista Celestino Baldeón Chuchón.
Hurtado ya espera tras las rejas en Perú el juicio penal que había podido evadir por casi 26 años, pese a que desde un principio admitió ante un tribunal militar ser uno de los principales responsables de la masacre de Accomarca, en la región surandina de Ayacucho, donde murieron 16 hombres, 30 mujeres y 23 niños.
«Mató a mi madre Tomasa Chuchón Castillo y a varios tíos y primos. Los militares que ese oficial dirigía llegaron a Accomarca, violaron a varias mujeres y después juntaron a todos y les dispararon», narró a IPS Baldeón Chuchón, directivo de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca.
«Yo no estuve ese día, pero mi padre Teófilo se pudo ocultar y ser testigo de todo lo que pasó. Él se quedó solo, con sus seis hijos. Quería ver a Hurtado condenado con la más severa pena, pero lamentablemente falleció hace tres años», añadió este agricultor hoy con 56 años.
El 14 de agosto de 1985, el entonces teniente del ejército Hurtado, a la cabeza de una patrulla militar, incursionó en ese poblado indígena de Ayacucho. Al no encontrar a los sospechosos de pertenecer o colaborar con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, ordenó eliminar a todos los comuneros que encontró.
Por este caso, que sufrió los vaivenes de la situación política de los años 90, finalmente están bajo proceso una treintena de represores. Uno de los principales imputados es Hurtado, quien había sido condenado a seis años de prisión el 28 de febrero de 1992 por el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero solo por abuso de autoridad, desechando las acusaciones de homicidio.
Tres años después fue beneficiado junto a los otros acusados con la ley de amnistía que impulsó el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para los represores y, ya en 2000, huyó a Estados Unidos cuando se reanudaron los juicios en la justicia ordinaria una vez que esa norma fue derogada.
Finalmente, Hurtado fue detenido en abril de 2007 en Miami por las autoridades migratorias ante la comunicación que pesaba una causa penal contra él. Finalmente la justicia de ese país aceptó en octubre extraditarlo a Perú, fallo que se hizo efectivo el jueves pasado.
Así, casi tres décadas después de la matanza, el ex militar enfrentará un tribunal civil. Y Celestino Baldeón Chuchón vivió para ser testigo del acto de justicia.
El caso de Hurtado, conocido como «el carnicero de los Andes», es uno de los más emblemáticos de la llamada guerra sucia que llevaron adelante las Fuerzas Armadas contra las guerrillas izquierdistas entre 1980 y 2000. «La extradición de Hurtado es un claro mensaje a los violadores de los derechos humanos que pretenden burlarse de la justicia fugándose del país», dijo a IPS la abogada Karim Ninaquispe, representante de los familiares de las víctimas de Accomarca.
«Sus crímenes no quedarán impunes. La justicia tardó muchos años, pero al final cumplirá con su papel condenando a los acusados de espantosos asesinatos», afirmó.
Ninaquispe explicó que no solo existen los partes militares del operativo que ejecutó Hurtado en Accomarca, sino también su propia confesión ante la justicia militar.
«Ni bien se descubrió la matanza, este oficial asumió la responsabilidad e incluso admitió que lanzó una granada para quemar los cuerpos de las víctimas», señaló la abogada, quien agregó que el acusado también identificó a sus jefes militares.
Por su parte, el abogado Wilfredo Pedraza, quien investigó el caso Accomarca para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, manifestó que halló suficiente evidencia de que la masacre no fue un caso aislado y ejecutado por iniciativa de Hurtado, que en esa época era un oficial bisoño.
«No se trató de una incursión militar de rutina sino que fue parte de un operativo estructurado por las máximas autoridades de la zona», indicó.
Pedraza sostuvo que Hurtado no estaba en condiciones de tomar solo la decisión de dar muerte a tantas personas, porque en la lógica militar se controla y se informa todo. Por eso, la Comisión supone que la responsabilidad de ese crimen masivo es de todo el aparato militar de la zona, encabezado por el general Wilfredo Mori, puntualizó.
La escritora y académica estadounidense Jo-Marie Burt, investigadora de los casos de crímenes de lesa humanidad en Perú, también resaltó la extradición del militar, al señalar «que vuelve a nacer la posibilidad de hacer justicia en este y en tantos otros casos donde los familiares han estado esperando por años».
«A pesar de que ha habido algunos avances importantes respecto de las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el Perú, como la condena a 25 años al ex presidente Fujimori, la gran mayoría de estos casos permanecen aún en la impunidad absoluta», recordó ante IPS la también asesora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
El proceso judicial contra los responsables de la matanza de Accomarca, que involucra a 29 ex altos mandos militares y soldados de la época, comenzó el 18 de noviembre pasado y esta extradición es un punto alto en las actuaciones.
Pero traer a Hurtado ante los estrados peruanos no fue fácil. Implicó mucho esfuerzo por parte de la defensa de los familiares de las víctimas, que recibieron el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés). En el 2007, el CJA, en representación de los sobrevivientes de Accomarca, interpuso una demanda civil por crímenes de guerra, tortura y crímenes de lesa humanidad contra Hurtado. Al año siguiente éste fue condenado a pagar una indemnización de 37 millones de dólares.
«La extradición de Hurtado es una clara demostración de que la justicia está cada vez más globalizada y que hay cada vez menos tolerancia para los perpetradores de crímenes contra la humanidad», comentó Burt.
«Los tribunales internacionales para la ex-Yugoslavia y Rwanda, la creación de la Corte Penal Internacional y otros son ejemplos de como se afirma en el mundo la necesidad de investigar esos crímenes y sancionar a los culpables», observó.
Para esta investigadora, «la extradición de Hurtado es un señal de que ya no hay casi ningún refugio en el mundo para quienes violan los derechos humanos, pues tarde o temprano tendrán que enfrentar a la justicia». Por eso Celestino Baldeón Chuchón se manifiesta conforme. «Vamos a asistir al juicio de Hurtado para vigilar que se le aplique todo el peso de la ley, no por venganza sino para que no se vuelva a repetir el espantoso crimen que cometió ese hombre», sostuvo.