El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, de 85 años, quedó ligado al proceso penal por una acusación de genocidio perpetrado durante su gobierno (1982-1983), según una resolución de la titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores.
El general retirado Efraín Ríos Montt se acogió el pasado jueves 26 de enero de 2012 al derecho de no declarar ante la justicia al comparecer por primera vez en el proceso por el exterminio de comunidades indígenas guatemaltecas cometido por el ejército durante la dictadura que encabezó a inicios de los años 80.
A Ríos Montt se le acusa de al menos 266 hechos donde habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones y se habría desplazado a por lo menos 29.000 personas, según el fiscal Manuel Vásquez. En su exposición del caso, Vásquez presentó entre las evidencias recabadas informes antropológicos y de comisiones internacionales. Vásquez acusó a Ríos Montt de autorizar masacres que tuvieron como fin explícito el exterminar al grupo étnico ixil. «En 1982, Ríos Montt dio continuación a la política de ‘tierra arrasada’ para consolidar control sobre la población donde el grupo ixil maya fue denominado como enemigo interno», expuso Vásquez durante la audiencia. Citó los planes militares de campaña «Victoria 82» y «Firmeza 83» explicando que además del exterminio de civiles, parte de la estrategia de los militares constituyó de violaciones y agresión sexual a mujeres del grupo étnico Ixil, destrucción de fetos y posteriormente exterminaciones de las mismas.
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS ha contactado directamente el Diputado del Parlamento Europeo Klute Jürgen (GUE/NGL): «tarde o temprano, se conocerá la verdad sobre la violencia estatal a la cual fue sometida el pueblo de Guatemala. La inculpación del ex-dictador Ríos Montt en este día, abre una brecha de esperanza para las familias de las víctimas, que trabajan desde hace muchos años por la verdad, la justicia y la reparación. Desde el Parlamento Europeo, seguiremos muy atentamente la evolución de su juicio y el de los otros militares implicados en estos crímenes de lesa humanidad», concluye Klute desde Bruselas (www.dielinke-europa.eu).
Raul Romeva, Vice-Presidente de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, miembro de la delegación del PE con los países de América Central, manifestó en entrevista concedida al Observatorio SELVAS que «la dictadura militar del General Efraín Ríos Montt constituye uno de los capítulos más sombríos de la historia de Guatemala. Desde hace casi 30 años esperamos que acabe la impunidad y que se dé finalmente justicia a los miles de víctimas en esta sangrienta época. Hoy el General Ríos Montt se niega a declarar en el proceso que se ha abierto en contra de él. Sin embargo, desde la Unión Europea confiamos en que la Fiscalía de Guatemala sigue estableciendo las responsabilidades para un sinnúmero de operaciones de ‘tierra arrasada’ y enjuiciando a su autor intelectual y muchas veces también material. Al mismo tiempo exhortamos a lo nuevo Gobierno de Guatemala hacer todo lo posible y necesario para alentar e impulsar el trabajo de la Justicia del país» (http://blocs.mesvilaweb.cat/raulromeva).
Jens Holm, Diputado de Suecia (y Europarlamentario del bloque GUE-NGL), ha subrayado al Observatorio SELVAS: «Hay que terminar con la impunidad lo más pronto posible, si no, no será posible construir una sociedad estable y democrática en Guatemala».
Nery Rodenas, Director Ejecutivo Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, ha comentado al Observatorio SELVAS desde Ciudad de Guatemala que «¡Si hubo genocidio!, es el lema que manifiestan las victimas y organizaciones de derechos humanos, frente a la negación de los victimarios de las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la guerra interna en Guatemala y es que es obvio que estos quieren negar sus crímenes, pero los testimonios, los peritajes de las exhumaciones realizadas en los cementerios clandestinos y en los documentos relacionados con los planes del Estado para cometer estos hechos existen y que confirman la realización de estos delitos. La reciente vinculación a proceso del General Efraín Ríos Montt es un paso importante en lo que justicia por los delitos cometidos en el Conflicto Armado Interno, las victimas tienen muchos años reclamando que se les haga justicia y el sistema en Guatemala siempre les negó ese derecho, esperamos que ahora este sistema se los proteja y los organismos del Estado puedan funcionar en una forma objetiva e independiente para que en un juicio oral y público se pueda demostrar las responsabilidades que se alegan».
René Muñoz, activista social, ha declarado al Observatorio SELVAS desde Ciudad de Guatemala que «en relación al caso Montt, quiero decirte que este es el mejor momento para él, para resolver la parte legal que debe enfrentar, ya que con la garantía de un militar en el poder y el control de la administración pública por parte de la fuerza militara a la que él pertenece, es más a la que él formó, le permite hoy pagar Q500,000.00 para tener libertad bajo fianza y pasa a un arresto domiciliar en su residencia. Ya en el pasado se le hizo una investigación por parte del tribunal supremo electoral y no pudieron ni siquiera calificarlo de golpista, ya que como se narra en el hecho histórico, el general Ríos Montt, fue llamado a gobernar dentro de un triunvirato, junto a otros dos militares, Maldonado Shaa y el Coronel Gordillo, los que después fueron puestos fuera y dejado como gobernante de facto al General Ríos Monts. Este hecho permitió que se le descargue de golpista y con ello pudo participar en elecciones, ya que los golpistas fueron militares jóvenes entre los que figuraba el actual Presidente de la República. Hay muchas opiniones a favor de que se le deje libre de cargos por su contribución a la conservación del orden y la continuidad de «nuestro sistema de libre mercado». Las fuerzas que podrían pedir una condena están totalmente debilitadas y desarticuladas, lo que las pone en desventaja. Por ello es que ahora el General se pone a disposición de la justicia, totalmente desprotegido de la inmunidad que le otorgaba el ser miembro del Congreso de la República».
David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) ha enfatizado que «este es un acontecimiento histórico para el sistema de justicia guatemalteco», declaró. «El crimen de genocidio es raramente juzgado en tribunales nacionales; no solo porque se trata de investigaciones muy complejas, sino porque además a menudo no existe la voluntad política de imputar a los poderosos por cargos tan graves». «El ICTJ y muchas otras organizaciones especializadas en justicia internacional seguirán el caso a medida que avance en los próximos meses», dijo Tolbert desde New York. «Con este caso, Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo mundial de cómo un sistema judicial nacional es capaz de investigar, juzgar y sancionar acciones que ofenden a toda la humanidad. Organizaciones de víctimas y defensores legales no gubernamentales han trabajado durante 15 años para avanzar el caso y mantener viva la esperanza de hacer justicia, presentando sus primeras acusaciones contra Ríos Montt y otros ante los organismos guatemaltecos de justicia en 1999» (www.ictj.org).
Países Bajos y Noruega respaldan lucha contra la impunidad
Países Bajos contribuye con otros $1, 250,000.00 para un monto total de $8,292,480.57.
Noruega aporta en esta ocasión $388,623.92 con lo cual suma contribuciones por $2, 619,052.73.
Los aportes ascienden a un aproximado de 13 millones de quetzales los cuales al ser recibidos se ingresan al fondo fiduciario (trust fund), el cual ha sido creado específicamente para administrar las contribuciones en apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- indicó René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país en un comunicado del dia 28 de noviembre de 2011. Las contribuciones son respaldadas por la firma de un adendum por cada país. Los recursos son utilizados en el soporte que CICIG brinda a través de las entidades nacionales, principalmente el Ministerio Público, en la lucha contra la impunidad en el país. Jan-Jaap van de Velde, Embajador de los Países Bajos, expresó el interés de su país para que la institucionalidad guatemalteca encargada de la administración de la justicia tenga éxito en sus determinación por detener la impunidad y «en ese sentido CICIG es una Comisión que ha mostrado eficacia y un gran soporte a los esfuerzos nacionales» expresó el diplomático.
Por su parte Lars Vaagen, Embajador de Noruega, expresó; «nosotros siempre nos hemos identificado con el pueblo de Guatemala y los problemas que le aquejan, así que además de las contribuciones del pueblo de Noruega con otros temas, siempre nos pareció clave brindar apoyo a la CICIG por ser mecanismo de Naciones Unidas puede ser replicable en otras latitudes» afirmó Vaagen. (http://cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=130&cntnt01returnid=246).
En defensa de los pueblos indígenas
En el debate realizado en la Eurocámara el día 27 de junio de 2011, «Pueblos Indígenas, Minería y Acuerdos Comerciales», representantes de los pueblos indígenas solicitaron al Parlamento Europeo que antes de ratificar los Acuerdos Comerciales con Colombia y Guatemala se consulte a las comunidades indígenas.
Helmut Scholz, eurodiputado del Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE) abrió el debate con una pregunta que llama a reflexionar a todos los representantes parlamentarios de los 27 Estados miembros, sobre la ratificación de estos Acuerdos. «La mitad de los pueblos indígenas de América Latina están en peligro de desaparecer», explicó en su discurso. «La amenaza proviene del incremento de la explotación agroindustrial y minera, como muestra el estudio de Impacto sostenible del TLC UE-CAN, ordenado por la Comisión Europea», previo a la firma de estos Acuerdos. Aura Lolita Chavez, representante de los pueblos Maya Kiché de Guatemala explicó a los eurodiputados la dura realidad que sus comunidades han tenido que afrontar con la llegada de los llamados proyectos de desarrollo y que incluyen violaciones graves a los derechos humanos tales como asesinatos, amenazas y persecución jurídica. «Las empresas traen ganancias a cambio de muchas vidas.» Ante esto, Francisco Rocael Mateo Morales, representante de la etnia MayaPopti-Jacatelco de Guatemala, advirtió la gran preocupación que estos Acuerdos dejan sobre su pueblo. «El modelo de desarrollo que se quiere imponer, es un modelo que trae como consecuencia el riesgo de obligarnos a desplazarnos nuevamente y ser despojados una vez más de nuestros territorios». La eurodiputada Catherine Grèze, del grupo de los Verdes, hizo un llamado para que la UE garantice que «las empresas europeas» que realicen explotaciones en los territorios colombianos y guatemaltecos, contemplados en los Acuerdos «cumplan allí con las mismas normas que cumplen en los países que integran la UE» (http://defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8639:debate-en-la-eurocamara-pueblos-indigenas-mineria-y-acuerdos-comerciales-&catid=388:europa&Itemid=539).
Catherine Grèze – Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y Helmut Scholz – Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) han difundido una declaración «a los participantes del ‘Foro por la Defensa de la Tierra y el Territorio de los Pueblos Indígenas’, que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre de 2011. Felicitamos a los pueblos indígenas de Guatemala al frente de esta importante iniciativa, y a las delegaciones de pueblos indígenas de países de otras regiones que serán parte del evento.
En el mes de junio de este año, nosotros junto a otros 34 europarlamentarios y europarlamentarias, enviamos una carta a la Sra. Catherine Ashton, Vice Presidenta de la Comisión Europea, en la cual expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos en la que se encuentran los pueblos indígenas de Colombia y Guatemala y la falta de respeto a la consulta previa, libre e informada, que es un factor importante que contribuye a esta situación. Hemos pedido a la Unión Europea que desarrolle una política unificada que respete plenamente los derechos de los pueblos indígenas e involucre a todas las instituciones y programas; y plantee preguntas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas a los gobiernos de Colombia y Guatemala. Asimismo solicitamos que se nos informe sobre los avances en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuya adopción fue apoyada por el Unión Europea en 2007 y la que fuera incluida en el marco conceptual para esta política.
También el Parlamento Europeo llevó a cabo una audiencia en la que se escucharon testimonios de delegados y delegadas indígenas de Colombia y Guatemala, en aquella ocasión presentaron testimonios de cómo se implementan en sus tierras los proyectos de minería sin un consentimiento previo, y como esto los sitúan en un grave riesgo, y además cómo los Acuerdos de Libre Comercio agravarían esta situación. Tomaremos en consideración estos testimonios para ponerlos en la agenda del debate parlamentario sobre los acuerdos de Libre Comercio en los próximos meses» (http://catherinegreze.eu/blog/?p=2075).
En contra del Feminicidio
El pasado 3 de marzo de 2011 se realizó en el parlamento Europeo la Cuarta conferencia sobre Feminicidio, seguida de una jornada de planificación estratégica. La Conferencia contó con una nutrida participación de organizaciones, y activistas comprometidas con el tema, diputados y diputadas del Parlamento Europeo, representantes de organizaciones de mujeres de México y Guatemala, así como representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Embajadora de derechos humanos de España, Sra. Silvia Escobar. Los participantes coincidieron en reconocer la disposición de la UE de avanzar en compromisos que permitan fortalecer la lucha contra la violencia contra la mujer y particularmente contra el feminicidio, no obstante, consideran que hay que eliminar la brecha existente entre compromiso y la acción.
Para el diputado Ráúl Romeva (Verdes), ponente de la resolución sobre feminicidios en México y Centroamérica, adoptada por el parlamento Europeo en el 2007, el compromiso en esta materia debe ocupar en la agenda de la UE, el puesto que se merece y no estar supeditado a otras prioridades y mucho menos ser visto como un obstáculo para las relaciones comerciales. Igualmente planteo su preocupación sobre los nuevos patrones de agresión que se están presentando, consistente en las agresiones contra defensoras de las mujeres, lo que pone en evidencia lo mucho que queda por hacer.
Para Carmen Reyna, experta Guatemalteca, la ley contra el feminicidio guatemalteca, es una conquista importante del movimiento de mujeres, no obstante su efectiva implementación plantea una serie de desafíos, en ese marco la UE está llamada a coordinar y monitorear mejor su estrategia en el país.
Al clausurar la Conferencia la diputada Ulrike Lunacek (Verdes-Alemania) expresó: » hay que hacer de la retórica, realidad para la vida de las mujeres», subrayando el compromiso del Parlamento Europeo de continuar apartando a esta lucha (www.gruposur.eu.org).
UE insta a Guatemala a no restablecer la pena de muerte
Dos meses después de la adopción de la histórica resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para una moratoria universal sobre ejecuciones, la señora Hélène Flautre (Verdes), Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y el señor Raimon Obiols, Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central y Presidente de la Conferencia de Presidentes de Delegaciones del Parlamento Europeo, han manifestado su profunda inquietud por el posible restablecimiento de la pena capital en Guatemala, el día jueves 21 de febrero de 2008.
La adopción por el Congreso Guatemalteco de una Ley que concede al Presidente de Guatemala la discrecionalidad de perdonar a los condenados a muerte o conmutar sus sentencias llena un vacío legal que bloqueaba las ejecuciones desde el año 2000 y finaliza la moratoria en las ejecuciones. Esto, junto con las declaraciones del Presidente de Guatemala, Sr Alvaro Colom, en las que expresa que él no perdonará a los condenados a muerte, ha llevado a los principales grupos de defensa de los derechos humanos a temer la inminente ejecución de los 21 condenados a muerte en Guatemala. Para Flautre, esta posibilidad «iría contra la tendencia global mundial hacia la abolición y, lo que es más grave, contraviene los propios compromisos de Guatemala de consolidar la moratoria con una total abolición y no reintroducir así la pena capital. Votando hace dos meses a favor de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Guatemala subrayó que el uso de la pena de muerte mina la dignidad humana y es una violación al derecho a la vida».
Recordando la resolución del Parlamento Europeo adoptada el 15 de Marzo del 2007 -en la cual se denunciaba la atmósfera de impunidad en Guatemala y llamaba a las autoridades a luchar contra la impunidad y a favor de la justicia- Obiols afirmó que «la pena capital de hecho perpetua el clima de violencia». De acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Nacional Unidas, y como muestra la experiencia en el continente europeo, no hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio cualquier error judicial o fallo de la justicia en la implementación de la pena de muerte es irreversible e irreparable».
Los diputados Flautre y Obiols instan al nuevo Presidente electo Colom a reafirmar la adhesión de Guatemala a los derechos humanos y a los propios compromisos contraídos por el país, y por lo tanto a mantener la moratoria de la pena de muerte e impedir cualquier ejecución que pudiera marcar el principio de su mandato con sangre, injusticia y violencia (http://www.gruposur.eu.org/Diputados-del-Parlamento-Europeo.html).
Parlamento europeo presiona a Guatemala para frenar asesinatos políticos
El Parlamento Europeo ha adoptado en marzo de 2007 una resolución en la que expresa su repulsa por los asesinatos de tres parlamentarios salvadoreños y de varios sindicalistas en Guatemala e insta a las autoridades del país a trabajar para esclarecer tales crímenes.
Así lo anunció el eurodiputado español y presidente de la delegación parlamentaria para las relaciones con América Central, Raimon Obiols (Partido Socialista, PSOE), en una rueda de prensa junto a representantes del sindicato de trabajadores de Puerto Quetzal, cuyo líder, Pedro Zamora, fue muerto a tiros el pasado 15 de enero.
El proyecto de resolución, explicó Obiols, ha sido consensuado con los principales grupos políticos: Partido Popular Europeo, Socialista, Liberal, Los Verdes, Unión por la Europa de las Naciones e Izquierda Unitaria Europea.
Expresa «la total repulsa» de la Eurocámara por los asesinatos de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en Guatemala el pasado 19 de febrero de 2007 y, posteriormente, de los cuatro policías que habían sido acusados de ese crimen.
También censura las muertes y amenazas sufridas por sindicalistas guatemaltecos, entre ellos el propio Zamora, y por dirigentes campesinos.
El texto insta al Gobierno de Guatemala a «garantizar la total independencia, libertad y seguridad en el trabajo de las autoridades judiciales guatemaltecas responsables de investigar» estos crímenes.
Asimismo, «solicita la plena cooperación de las autoridades políticas, judiciales y policiales guatemaltecas y salvadoreñas para el esclarecimiento de lo ocurrido» .
Además de la denuncia política de los hechos, la resolución tiene como propósito persuadir a la Comisión Europea de que dedique la mayor parte posible de su programa de ayudas a Guatemala para el periodo 2007-2013 a reforzar su sistema judicial, según el eurodiputado español de Los Verdes Raúl Romeva.
«En el año 2006 hubo más de 6.000 muertes violentas en Guatemala. El nivel de impunidad es del 99 por ciento», aseguró Oscar Giovanni González, vicesecretario general del sindicato de Puerto Quetzal.
El asesinato del ex secretario general de esta formación, afirmó González, se enmarca en la pugna entre trabajadores y la dirección del puerto, a cuenta de la intención de esta última de privatizar la instalación portuaria.
Sin embargo, las autoridades policiales, denunció González, no siguen esa pista, sino que proporcionan «hipótesis absurdas» como la «del crimen pasional», al tiempo que «obvian las pruebas» que apuntan en la dirección del crimen político. «La Policía llegó a alterar la escena del crimen, afirmó el responsable para América de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) , el mexicano Antonio Fritz.
«El Gobierno de Guatemala tiene que dar cuentas de por qué está ocurriendo esto, añadió Fritz.
Por otra parte, la resolución que votarán los eurodiputados urge al Parlamento de Guatemala a que ratifique el acuerdo suscrito el pasado 12 de diciembre entre el Gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas por el que se establece una Comisión Internacional de Investigación contra la Impunidad en este país centroamericano.
«Diez años después de los acuerdos de paz en Guatemala, las frías cifras estadísticas muestran un grado de violencia a veces incluso mayor que en tiempos del conflicto», lamentó hoy el socialista Obiols a la Agencia EFE – Estrasburgo, 13 marzo de 2007.
Solicitud de extradición de Ríos Montt
Los eurodiputados aprobaron en una votación a mano alzada realizada el día 26 de octubre de 2006 una resolución en la que, además de Ríos Montt, también se apoya la orden internacional de arresto de cinco de sus colaboradores, entre ellos el ex ministro de Defensa Ángel Aníbal Guevara, y el antiguo director de la Policía Nacional Germán Chupina Barahona.
«Muy poco ha cambiado Guatemala para la gente normal», coincidieron algunos de los eurodiputados durante el debate, celebrado con motivo del décimo aniversario del acuerdo de paz en el país centroamericano, que puso fin a una guerra en la que el 83% de las víctimas eran de la etnia maya y que dejó tras de sí un reguero incontable de desapariciones y desplazados.
En concreto, la resolución insta a las autoridades guatemaltecas a que cooperen en la clarificación de las violaciones de los derechos humanos, para que sus víctimas sean llevadas ante la justicia.
«No puede ser que los responsables de esos crímenes campen a sus anchas impunemente por un país que pugna por un asiento en el consejo de seguridad de la ONU y con el cual la UE está negociando un acuerdo de asociación», explicó el eurodiputado del Grupo de Los Verdes, Raúl Romeva a BBC (http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6089000/6089910.stm).
El texto, que fue presentado conjuntamente por los grupos Popular, Socialista, Liberal, Verde y de Izquierda Unitaria, salió adelante por amplia mayoría. «También había europeas, belgas y españolas, sacerdotes especialmente» destaca el Europarlamentario Meyer Willy (GUE-NGL).
El Grupo de Apoyo Mutuo GAM ha declarado que «se siente profundamente satisfecho, por los esfuerzos hechos en Bruselas, Bélgica, por parte de la Iniciativa de Copenhague para Guatemala y México (CIFCA), que junto con al menos 5 parlamentarios europeos del bloque GUE-NGL, vienen impulsando una resolución del Parlamento Europeo, en la que se hace un llamado al Estado de Guatemala, para que se procese a responsables de terrorismo en Guatemala. Para el Grupo de Apoyo Mutuo es satisfactorio que la lucha en contra de la impunidad esté globalizada, que los crímenes que se cometieron en este país no se olviden, ni dentro ni fuera de Guatemala, por lo mismo hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública nacional e internacional a apoyar los esfuerzos que se desarrollan en el Parlamento europeo, a fin de llevar a los tribunales de justicia a algunos de los más conocidos terroristas de Guatemala. Los procesos que se han abierto en Guatemala, pone en evidencia la debilidad que enfrenta el sistema de justicia nacional, por lo que consideramos justo que la justicia se busque fuera de las fronteras, haciendo uso de legislación de otros países, se destaca en una declaración del 26 de octubre del 2006 (http://alainet.org/active/14169&lang=es)
UE insta al Presidente de Guatemala a valorar las consecuencias sociales, ambientales y laborales del Tratado de Libre Comercio
El eurodiputado de ICV Raül Romeva (Verdes-España) ha visitado Guatemala en abril del 2005: a petición de los Verdes, la delegación se ha reunido también con grupos defensores de los derechos humanos, de mujeres, de campesinos, de indígenas y movimientos sociales, además de las instituciones gubernamentales y parlamentarias. Romeva, que es vicepresidente de la delegación de la UE-Centro América y miembro de las comisiones de derechos humanos y de la mujer en el Parlamento Europeo, ha transmitido al presidente de Guatemala, Oscar Berger y al vicepresidente, Eduardo Stein, su preocupación por lo que en su opinión es una clara involución del proceso de fortalecimiento institucional que está sufriendo en estos últimos tiempos Guatemala, y los ha instado a llevar el protagonismo a la Agenda de la Paz, todavía inacabada en aspectos clave como son los derechos de los indígenas y los campesinos.
Romeva se ha interesado por diversos casos recientes de vulneración de los derechos humanos como la situación de las personas desplazadas a causa de la presa de Chixoy, la situación en San Marcos, los conflictos por la tierra y la situación de las mujeres, particularmente los feminicidios (entre 300 y 400 mujeres están siendo asesinadas anualmente en los últimos años). Romeva se ha mostrado también muy preocupado por el creciente grado de criminalización y persecución que están sufriendo los movimientos sociales, críticos con el Tratado de Libre Comercio, y con la política de privatizaciones que está desarrollando el Gobierno, y ha pedido al presidente y al vicepresidente que se abran vías de diálogo con estos movimientos.
Finalmente, Romeva también ha solicitado a la Comisión Europea que tenga en cuenta las propuestas sociales y que active las consultas con sectores de la sociedad civil para incluir sus propuestas en los «Informes estratégicos de País (Country Strategy papers)» que se están elaborando en estos momentos por parte de las instituciones europeas y que han de servir para establecer las prioridades de la cooperación de la UE con Guatemala (http://www.iniciativa.cat/icv/news/9798).
Los Europarlamentarios Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto, Giusto Catania en nombre del Grupo Gue/Ngl han presentado una propuesta de resolución sobre derechos humanos en Guatemala, incluso la trata de niños, el día 4 de julio de 2005. «Considerando que, luego de la salida de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala -MINUGUA – y, a casi 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, no se avanza de manera decidida en el cumplimiento de aspectos claves como: los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y la superación de la conflictividad agraria, considerando la persistencia de los conflictos por la tierra, los desalojos violentos que han costado la vida de varias personas, heridas a muchas otras y que las acciones preventivas de la Procuraduría de Derechos Humanos no han sido atendidas ni por el gobierno, ni por el Ministerio Público. Reitera su recomendación emitida por la resolución del 10 de abril de 2003, en la cual solicita a la Comisión Europea que en la futura estrategia de la UE con Guatemala 2007-2013, se defina en el marco de la promoción de la cohesión social, el derecho a la alimentación, el desarrollo rural y a la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, como un eje prioritario de la futura política de cooperación europea; en este sentido, hace énfasis en el derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y en las acciones públicas y legislativas que deben derivarse de estos, según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT; dicha estrategia también deberá insistir en la erradicación de las adopciones ilegales en el país, el apoyo decidido a los derechos humanos, la superación de la impunidad, el respeto a los pueblos indígenas y la protección y promoción de los derechos de la mujer. Condena el echo que, tras la salida de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala -MINUGUA – y, a casi 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten problemas en los ámbitos de los derechos de los pueblos indígenas y de la conflictividad agraria, con desalojos violentos que han costado la vida de varias personas, heridas a muchas otras y condena también la criminalización de la protesta social y, el uso de dispositivo militares frente a conflictos sociales (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2005-0435&language=EN).
Defensores de derechos humanos satisfechos por la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma
El Congreso de la República de Guatemala aprobó el día martes 26 de enero de 2012 el Decreto 3-2012, con el voto favorable de 129 diputados y diputadas, que concreta la adhesión del Estado guatemalteco al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI); activistas de derechos humanos manifestaron su satisfacción por la medida, que permitirá enjuiciar a los violadores de las garantías fundamentales, en los casos en los que se hayan agotado los recursos nacionales. Nery Rodenas, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), dijo a Cerigua que se trata de un paso positivo importante para el país, ya que permitirá que las personas que cometan delitos que ofendan a la humanidad, sean juzgadas por la Corte Penal Internacional. Rodenas señaló que la medida no debería obedecer a negociaciones políticas por parte de los grupos partidistas en el Congreso o de otro tipo, ya que suele suceder que ese tipo de tratados se aprueban para favorecer la legislación de otros temas.
El gobierno de Otto Pérez trata de generar una imagen positiva respecto a la vigencia de los derechos humanos, que debe contemplar la implementación de una política de cambio; la inclusión del país al Estatuto alentará la participación de las autoridades en el esclarecimiento de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, enfatizó el Director de la ODHA.
Queremos recordar a la población que no podemos participar en un proceso electoral en donde se apoya a los genocidas que quieren enarbolar la bandera de la seguridad, dijo Nery Rodenas, durante la conmemoración de la memoria de las víctimas del conflicto armado, en el Parque Central, en julio de 2011 (www.cerigua.org).
La impunidad es la norma en las violaciones de derechos humanos generadas en Guatemala por la violencia del crimen organizado, como las pandillas y los narcotraficantes, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW), relata Prensa Libre en su edición del día 22 de enero de 2012.
Las instituciones que deben aplicar la ley han sido «incapaces» de contener a las poderosas bandas criminales, responsables en buena medida de la violencia, frecuentemente dirigida a actores de la sociedad civil y funcionarios judiciales, destacó el reporte.
En Guatemala, con uno de los índices más altos de criminalidad en América, queda en la impunidad el 95 por ciento de los casos en los tribunales, recordó la organización internacional.
A la escalada de la violencia contribuyen las poderosas y bien organizadas pandillas como la «Mara Salvatrucha» y la «Mara 18», involucradas en asesinatos y extorsiones, señaló.
Las bandas recurren a «formas de violencia letal contra quienes desafían su control, incluyendo pandillas rivales, ex miembros, colaboradores de la policía o los que se niegan a pagar sus extorsiones», según HRW, que citó el asesinato entre 2010 y 2011 de 188 conductores de buses y asistentes por rehusarse al pago.
«Los cárteles mexicanos de la droga, en particular el de Los Zetas, han añadido violencia y anarquía en Guatemala» , indica la organización.
En diciembre de 2010, precisó, el entonces presidente Alvaro Colom decretó el estado de sitio en Alta Verapaz, departamento cercano a la frontera con México, pero la violencia siguió y en mayo de 2011 Los Zetas admitieron ser responsables de la masacre de 27 campesinos de la región.
Los ataques contra activistas humanitarios, líderes sindicales, el trabajo en tareas duras y peligrosas que involucra al 16,1% de niños entre cinco y 14 años, y la crónica violencia contra las mujeres, son otras violaciones que permanecen en la impunidad.
HRW anotó ciertos «avances» en 2011 en el «establecimiento de responsabilidades» , como la condena a cuatro ex oficiales por una masacre de 1982, y destacó la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) , establecida en 2007 para apoyar a autoridades judiciales y policiales en la investigación y desmantelamiento de grupos criminales (http://prensalibre.com).
La orden de arresto y procesamiento del ex dictador Ríos Montt es una buena señal de que la justicia puede demorar pero eventualmente llega y es importante la incidencia de la movilización internacional.
El Observatorio SELVAS sigue luchando por la búsqueda de justicia en Guatemala, desde la denuncia del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) «Guatemala Nunca Más» y del asesinato del Arzobispo Juan Gerardi; en 2008 ha publicado el informe «Desafíos por la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica» (ver: http://alainet.org/active/21812〈=es) que fue publicado en la web del Premio Nobel Rigoberta Menchu (http://www.frmt.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=176&mode=thread&order=0&thold=0); en 2011 ha denunciado las agresiones a defensores de derechos humanos (http://alainet.org/active/45837&lang=es).
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS con sede en Milán (Italia). Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil. Investigador, panelista y autor de varios libros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.