Juan Jiménez Mayor, expremier de la República del Perú, es el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno hondureño. La misión nace tras un millonario escándalo de corrupción en el Sistema de Salud […]
Juan Jiménez Mayor, expremier de la República del Perú, es el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada por un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno hondureño. La misión nace tras un millonario escándalo de corrupción en el Sistema de Salud de Honduras, con conexiones con las altas esferas del gobierno.
En Honduras, la corrupción y la violencia se amalgaman haciendo que este país sea el más peligroso del mundo para los ambientalistas. Un mes antes de que la MACCIH se instalase en Tegucigalpa, la reconocida líder indígena hondureña, Berta Cáceres, era asesinada en su casa al interior del país.
El Gobierno hondureño solicitó a la OEA la creación de una comisión ad hoc que se desprendiera de la MACCIH para investigar el asesinato de la activista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuiteó que la MACCIH analizaría los nexos de corrupción en el caso de Berta Cáceres. Sin embargo, los familiares de la ambientalista rechazaron a la MACCIH como ente legítimo y capacitado para investigar la muerte de Cáceres. Desde el principio, estos exigieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designase un grupo de expertos independientes (a semejanza del existente para los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa) para la investigación del caso de Berta y de las decenas de activistas medioambientales que han perdido la vida en Honduras en los últimos años.
A mediados de abril, el Secretario General de la OEA y el presidente de la CIDH, James Cavallaro, expresaron su anuencia a las peticiones de creación de un grupo independiente para el caso de Berta Cáceres. Sus declaraciones públicas cayeron en saco roto, pues el Gobierno hondureño no se pronunció al respecto.
Desafortunadamente, desde que la MACCIH se encuentra investigando los casos de corrupción en Honduras, las amenazas y asesinatos a los medioambientalistas se han incrementado. En el último medio año, dos activistas pertenecientes a la organización COPINH, que encabezaba Berta Cáceres, fueron asesinados; una de ellos a machetazos. Numerosos líderes indígenas han sido amenazados de muerte con armas de fuego, siendo los más recientes el sucesor de Berta en COPINH y un compañero de la organización. Incluso, el expediente judicial de la investigación de Berta Cáceres fue robado a finales de septiembre.
Pero el grito de alarma ha vuelto escucharse con más fuerza en estos días, cuando otros 2 reconocidos líderes campesinos fueron asesinados el 9 de octubre.
Nuestro exministro Jiménez tiene la oportunidad de utilizar su vocería en la MACCIH no solo para reunirse con políticos hondureños e incentivar leyes de saneamiento del Poder Judicial, como lo ha venido haciendo. Jiménez, quien actualmente reside en Tegucigalpa, tiene la responsabilidad moral y política de demandar al Gobierno de Honduras que apruebe la creación -a través de la CIDH- de un grupo independiente de expertos que investigue esta serie de homicidios, tal y como lo exigen todas las organizaciones de derechos humanos que tienen sus ojos puestos en el país. La corrupción en Honduras, sr. Jiménez, está imbricada con estos asesinatos, y usted se convierte en cómplice si continúa actuando de la manera aséptica que hasta ahora lo ha caracterizado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.