Más que alegría, el resultado del segundo referéndum celebrado en la República de Irlanda sobre el Tratado de Lisboa provocó un generalizado alivio entre los dirigentes políticos de la Unión Europea porque, si el «no» se hubiera vuelto a imponer como ocurrió hace un año, el sentimiento que habría embargado a quienes dirigen las instituciones […]
Más que alegría, el resultado del segundo referéndum celebrado en la República de Irlanda sobre el Tratado de Lisboa provocó un generalizado alivio entre los dirigentes políticos de la Unión Europea porque, si el «no» se hubiera vuelto a imponer como ocurrió hace un año, el sentimiento que habría embargado a quienes dirigen las instituciones comunitarias y el de los líderes de los principales estados que la conforman habría sido una mezcla a partes iguales entre la frustración y el ridículo. En esta ocasión, los irlandeses han votado mayoritariamente a favor del documento en lo que no deja de ser un ejercicio democrático, porque igualmente podían haberse inclinado hacia el «no», aunque la propia reedición de esta consulta tenga un incontestable tufo antidemocrático, ya que esta nueva oportunidad sólo les ha sido brindada porque en la primera ocasión no votaron de acuerdo a lo que dictaban las élites políticas de la UE. Ahora, claro está, nadie buscará subterfugios legales para que el referéndum se repita en la isla, por ejemplo, dentro de un año o de cinco.
Lo que resulta paradójico es que las primeras reacciones de esa élite quisieran destacar, precisamente, el carácter democrático del apoyo recogido por el Tratado tras su paso por las urnas irlandesas, obviando que la mayoría de los estados miembro eludieron esa consulta para evitar, en primer lugar, que la democracia se consolide como un modelo de participación del conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, que el periplo del cuestionado documento no se eternizara en el tiempo.
Más allá de las repercusiones políticas y sociales que este resultado tenga en Irlanda, en el conjunto de la Unión pocas cosas cambiarán. El Tratado de Lisboa no es más que una reforma muy limitada del funcionamiento de las instituciones comunitarias y, si finalmente se llega a aplicar, sus consecuencias ya estarán «descontadas» en el balance general de quienes siguen de cerca la evolución de la Unión desde su ampliación a Veintisiete.
Tampoco conviene olvidar que el «problema irlandés», ya resuelto, no es el último escollo que tienen que superar los promotores del Tratado, que ayer miraban con cierta preocupación hacia Varsovia y Praga. Tanto el Parlamento polaco como el checo han dado ya sus respectivo síes, pero los presidentes de ambos países aún no han puesto su firma sobre esos acuerdos (nuevos ejemplos de una democracia limitada a la lucha de intereses particulares entre las élites políticas). Lech Kaczynski se ha comprometido a rubricar el «sí» polaco tras conocer el resultado favorable en Irlanda, pero Vaclav Klaus intenta ponerlo más difícil. Ayer mismo, cuando en Dublín se daba a conocer el resultado del referéndum, el presidente checo participaba en Praga en una manifestación contra el Tratado de Lisboa. No obstante, la adhesión de Praga no depende realmente de la firma presidencial, sino de un fallo del Tribunal Constitucional, y sería una sorpresa mayúscula que éste fuera negativo una vez que ya se posicionó a favor en primera instancia.
Menos consistentes parecen por el momento las especulaciones sobre la «promesa» preelectoral de los conservadores ingleses de someter a referéndum el Tratado en caso de que, como auguran las encuestas, en los comicios que se llevarán a cabo la próxima primavera desbanquen a los laboristas del poder en Londres. Para entonces es más probable que los tories ni siquiera tengan que justificar un cambio de posición porque el plazo para celebrar la consulta ya se habrá agotado.