Amnistía Internacional expresó hoy su consternación ante el fallo emitido el 11 de agosto de 2004 por el Tribunal de Apelación británico en el que se establece que las «pruebas» obtenidas mediante tortura son admisibles en los tribunales del Reino Unido. «Los derechos humanos y el Estado de derecho se han convertido en víctimas de […]
Amnistía Internacional expresó hoy su consternación ante el fallo emitido el 11 de agosto de 2004 por el Tribunal de Apelación británico en el que se establece que las «pruebas» obtenidas mediante tortura son admisibles en los tribunales del Reino Unido.
«Los derechos humanos y el Estado de derecho se han convertido en víctimas de las medidas adoptadas tras los atentados del 11 de septiembre. Este fallo es una aberración, tanto desde el punto de vista ético como jurídico», dice Amnistía Internacional.
El Tribunal de Apelación rechazó los recursos interpuestos por 10 ciudadanos extranjeros internados sin cargos ni juicio en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad de 2001.
En su decisión, adoptada por dos votos a favor y uno en contra, la segunda instancia judicial de apelación de Inglaterra y Gales aclaró que las «pruebas» obtenidas mediante tortura no serán admisibles cuando hayan sido obtenidas directamente por ciudadanos británicos o cuando éstos hayan sido cómplices en el acto de su obtención.
«Esta salvedad no constituye una medida para impedir la comisión de actos de tortura por agentes de otros Estados; por el contrario, en la práctica la alienta y promueve. Es deber fundamental de todos los tribunales oficiar de baluarte contra las violaciones de derechos humanos. Hoy, el Tribunal de Apelación, de manera vergonzosa, ha abdicado de esta importantísima obligación», señala Amnistía Internacional.
El Tribunal de Apelación rechazó todos los fundamentos en los que se basaban los recursos de los apelantes contra los fallos emitidos en octubre de 2003 por la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, incluido el de que las «pruebas» admitidas mediante tortura son admisibles.
«Si se cuenta con suficientes indicios que justifiquen la reclusión de estos individuos, debe acusárselos de un delito común reconocible y enjuiciárselos mediante procedimientos que se ajusten plenamente a las normas internacionales de imparcialidad procesal. De lo contrario, debe devolvérseles la libertad», añade la organización.
Información complementaria
La Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad faculta al ministro del Interior a certificar que un ciudadano extranjero no susceptible de deportación es un «sospechoso de terrorismo internacional» y a disponer su detención indefinida, sin cargos ni juicio. En consecuencia, Amnistía Internacional considera que esta ley es discriminatoria.
En diciembre de 2003, el Comité de Consejeros Privados, al que se había encargado revisar esta ley, recomendó que se revocaran con carácter urgente las disposiciones que permiten la detención de ciudadanos extranjeros durante periodos potencialmente indefinidos. A principios de este mes, el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento británico concordó con esta recomendación.
En la fecha de hoy, 12 personas siguen internadas en el Reino Unido en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad. Han estado recluidas en centros de alta seguridad y sometidas a regímenes cargados de restricciones. La mayoría de los internados llevan más de dos años privados de libertad. A otra persona, conocida solamente como «G» por motivos legales, se le ha concedido la libertad bajo fianza en condiciones que constituyen arresto domiciliario. Hasta ahora una sola persona, conocida como «M» por razones legales, ha tenido éxito en su apelación contra la certificación como «sospechoso de terrorismo internacional».