El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha admitido a trámite el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización, a la vez que ha rechazado el de la plataforma Ameztak, cuya lista fue anulada en las elecciones municipales del 2003. La decisión, que según publicó ayer el diario El Mundo se hará pública antes de […]
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha admitido a trámite el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización, a la vez que ha rechazado el de la plataforma Ameztak, cuya lista fue anulada en las elecciones municipales del 2003.
La decisión, que según publicó ayer el diario El Mundo se hará pública antes de final de año, es significativa porque solo el 1,5% de las demandas presentadas ante Estrasburgo son admitidas a trámite y, superado ese paso, en el 80% se reconoce la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Esta es, además, la primera vez que el tribunal comunitario se pronuncia sobre la ilegalización de partidos aberzales, marcando diferencias entre formaciones y plataformas electorales, como Ameztak. Tras la resolución, Estrasburgo deberá hacer frente a numerosos recursos similares de otras tantas listas ilegalizadas que también han recurrido a la justicia comunitaria.
El alto tribunal ya abordó esta cuestión, sin embargo, hace tiempo al rechazar el recurso del Gobierno vasco contra la ley de partidos, pero no entró al fondo del asunto, al afirmar que una parte del Estado no puede demandar a otra.
La decisión puede demorarse un mes
Antes de final de año, por tanto, el tribunal comunicará al Gobierno español que está dispuesto a escuchar los argumentos de Batasuna, aunque la decisión final puede tardar un mes en llegar.
No ocurre lo mismo con Ameztak, cuyo recurso no ha sido admitido a trámite. Esta plataforma presentó su candidatura al ayuntamiento guipuzcoano de Amezketa en las elecciones del 2003 incluyendo a tres miembros de antiguas listas ilegalizadas, por lo que el Supremo anuló la candidatura.
En este caso, el tribunal europeo ha aceptado los argumentos presentados en anteriores ocasiones por la Abogacía del Estado, al considerar que en una situación de existencia del terrorismo, el Estado puede blindarse de las opciones políticas que secunden la violencia.