El CADTM acoge con bastante satisfacción la decisión del tribunal de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)/1 de rechazar las demandas interpuestas por los Países Bajos y el Reino Unido contra Islandia por el litigio del Icesave/2. La sentencia establece claramente que no es responsabilidad de un Estado cubrir los costes de las garantías […]
El CADTM acoge con bastante satisfacción la decisión del tribunal de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio)/1 de rechazar las demandas interpuestas por los Países Bajos y el Reino Unido contra Islandia por el litigio del Icesave/2.
La sentencia establece claramente que no es responsabilidad de un Estado cubrir los costes de las garantías del sistema bancario de una sociedad financiera con sede en el mismo, y que el mecanismo de seguridad debe ser financiado por los propios bancos. Esto confirma de forma implícita que el proceso de liquidación normal, tal como se aplicó a «Landsbanki» -casa matriz de Icesave-, es totalmente correcto en el caso en que un banco, incluso «demasiado grande para caer» tenga más deudas que activos. Y esa sería la situación en la que estarían la mayoría de los grandes bancos europeos si, en sus balances, se hubiera contabilizado los activos tóxicos de acuerdo a su valor real.
Sin embargo, desde el año 2007 y el comienzo de las repetidas crisis financieras se hizo todo lo contrario ya que había que salvar a los grandes accionistas, a costa de la población. Los gobiernos de los países industrializados concedieron garantías a sus bancos en riesgo de quiebra, utilizando sin ninguna justificación los fondos públicos para facilitar la liquidez de los mismos. Al mismo tiempo, esos gobiernos comenzaron a machacar con la consigna de que la población era la responsable del déficit estatal. Ese discurso tenía por fin convencer a los ciudadanos y ciudadanas que debían aceptar, puesto que eran los responsables, la reducción de salarios, la reducción de la cobertura de la seguridad social, el aumento de la precariedad y el deterioro de las condiciones laborales. Pero no se puede penalizar a los pueblos y éstos no están de acuerdo con las medidas de austeridad que se les imponen. Esta decisión del tribunal de la AELC demuestra el carácter legítimo de la opinión de la ciudadanía evidenciándose el carácter ilegítimo de esas medidas de austeridad.
El sistema bancario europeo sigue conteniendo la respiración hasta el día en el que sus activos tóxicos lleguen a su vencimiento y ya no se puedan ocultar. En ese momento se le pedirá (más bien se le ordenará) a la ciudadanía que lo rescate una vez más. Los gobiernos mediante unas estructuras ya establecidas, mendigarán ante los mercados financieros para conseguir préstamos -de su propio dinero- que dirigirán a los bancos que mantengan sus activos tóxicos. Con la decisión de la AELC, sabemos ahora que no son los pueblos (el griego, el irlandés, el portugués u otros) los que deben pagar y que la voluntad de los gobernantes para actuar de esa manera demuestra su complicidad con las entidades bancarias.
Las crisis financieras continuarán hasta que los bancos sean expropiados sin indemnización, socializados, puestos bajo control popular y democrático y al servicio de la población y no de los mercados financieros. También es necesario identificar, mediante una auditoría ciudadana de la deuda pública, todas las deudas ilegítimas, en particular las que provienen del rescate bancario, para poder anularlas.
Trad. Griselda/Jérôme
Notas
1/Cuatro países, Liechtenstein, Suiza, Noruega y Islandia, conforman la Asociación Europea de Libre Comercio, véase el sitio oficial http://www.efta.int/