En las últimas semanas, el ambiente político panameño ha estado atravesado por el debate surgido en torno a la propuesta del presidente Juan C. Varela de dos nuevas magistradas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos nombres han sido objetados por la evidente cercanía al presidente lo que indicaría una voluntad de Varela de […]
En las últimas semanas, el ambiente político panameño ha estado atravesado por el debate surgido en torno a la propuesta del presidente Juan C. Varela de dos nuevas magistradas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos nombres han sido objetados por la evidente cercanía al presidente lo que indicaría una voluntad de Varela de «blindarse» ante futuras demandas de corrupción, tal y como han hecho los presidentes que le precedieron.
El consejo de gabinete ha propuesto a la Asamblea Legislativa el nombramiento como magistradas: primero, Zuleyka Moore, actual fiscal anticorrupción, acusada por algunos sectores de ser el instrumento parcializado de la procuradora y el presidente para perseguir a sus enemigos políticos; segundo, ha propuesto a Ana Lucrecia Tovar de Zarak, de la Superintendencia del Mercado de Valores y esposa del ex ministro de economía de Varela, Iván Zarak. Esta última también ha sido miembro del bufete Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, del ex ministro de Cambio Democrático, José Raúl Mulino. Lo que prueba los vasos comunicantes entre los partidos empresariales, pese a la demagogia electorera.
Para el Polo Ciudadano el problema de fondo en la forma de designación de estas nuevas magistradas es que obedece a la lógica corrupta impuesta por este régimen oligárquico y antipopular, de manera que el Órgano Judicial se convierte en el último garante de la impunidad para los delincuentes de alto perfil que le roban al estado.
El país entero ha sido testigo de cómo, pese a las supuestas investigaciones y medidas cautelares, no ha habido hasta ahora reales condenas de corrupción contra ninguno de los jerarcas políticos y empresariales que han lucrado a costa del estado panameño. Apelando a diversos subterfugios legales, a investigaciones deficientes del ministerio público y con la actitud complaciente de jueces y magistrados no ha sido condenado ni Ricardo Martinelli, pese a toda la cháchara que se ha gastado.
Ni hablemos de sonados casos en que sectores populares se han visto afectados y han acudido a la justicia, siempre se ha fallado contra el pueblo, desde el asesinato de miles de panameños con el envenenamiento de dietilenglicol hasta el caso del incendio del bus 8B-06.
El Polo Ciudadano señala que el debate sobre la forma de designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia va más allá de los nombres que se han mencionado en este momento específico. La realidad muestra que, para acabar con la corrupción en el Órgano Judicial, igual que en toda la administración pública, se requiere una Asamblea nacional Constituyente originaria. Además de la creación de un mecanismo verdaderamente democrático de elección de jueces y magistrados por voto popular, como se ha establecido en Bolivia.
Pero para crear las condiciones políticas que permitan al pueblo panameño barrer la corrupción a través de una Constituyente, se requiere la creación de un gran movimiento nacional unitario de los sectores populares que logre derrotar en las calles al régimen corrupto, oligárquico y antidemocrático.
Pero ese movimiento no puede estar liderado por bufones o charlatanes figuritas de radio o televisión, que obedecen y acatan ordenes de los dueños de estas empresas mediáticas, que son las que acaparan grandes millonadas pautando cuñas y anuncios publicitarios de los partidos políticos burgueses y que cada cinco años engañan a la gente ofreciendo falsas alternativas de candidat@s que representan sus intereses.
Ante esa realidad, Polo Ciudadano plantea que es necesario la creación de una Mesa Horizontal de Discusión Popular, que apunte a la Construcción de un verdadero Movimiento Popular Unitario e Independiente que agrupe a gremios profesionales, sindicatos obreros, gremios docentes, al movimientos ambientalistas, indígenas, comunitarios, campesinos, de mujeres, a estudiantes y demás sectores agremiados u organizados que verdaderamente se identifican y luchan por los intereses del pueblo, para que de esta forma y con dignidad a través de las luchas contundentes organizadas en las calles, podamos barrer al régimen corrupto existente en todas las instancias y estructuras del Estado.
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