En República Dominicana la prohibición absoluta del aborto tiene consecuencias devastadoras en la vida de las mujeres y niñas con embarazos no deseados pues se ven obligadas a elegir entre continuarlo o acudir a un aborto inseguro, razón que causa 8 por ciento de las muertes maternas en este país, alertó Human Rights Watch (HRW). […]
En República Dominicana la prohibición absoluta del aborto tiene consecuencias devastadoras en la vida de las mujeres y niñas con embarazos no deseados pues se ven obligadas a elegir entre continuarlo o acudir a un aborto inseguro, razón que causa 8 por ciento de las muertes maternas en este país, alertó Human Rights Watch (HRW).
En el informe «Es tu decisión, es tu vida. La criminalización total del aborto en República Dominicana», la organización internacional defensora de los Derechos Humanos recupera testimonios de mujeres, niñas y proveedores de servicios de salud para exponer las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres la prohibición absoluta del aborto en este país.
El Código Penal de República Dominicana prevé hasta 2 años de prisión para las mujeres que se practiquen un aborto y hasta 20 años para el personal médico que induzca una interrupción del embarazo. HRW señala que aunque son infrecuentes en este país los casos en que se inician acciones penales contra las mujeres por abortar, esta ley crea un temor generalizado.
El Ministerio de Salud Pública sugiere que la mitad de los embarazos en República Dominicana no son planeados, al respecto HRW entrevistó a 50 mujeres en edad reproductiva, 47 de ellas confirmaron haber tenido un embarazo no deseado, porque enfrentaron obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos, fallas de los mismos y hechos de violencia sexual.
En varios casos las mujeres que presentaron un embarazo por una violación sexual no tuvieron la opción de interrumpirlo de manera segura. Por ejemplo, una médica compartió su experiencia para el informe, dijo que asesoró a una niña de 11 años de edad con un embarazo de 15 semanas, había sido violada por su padrastro. Como en República Dominicana la prohibición del aborto es absoluta, tuvo que derivarla a atención prenatal.
Human Rights Watch expone que negar la posibilidad del aborto seguro a víctimas de violación sexual es equivalente a la tortura o trato cruel, inhumano o degradante. En este país según datos oficiales aproximadamente una de cada 10 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida.
En los casos de mujeres víctimas de violencia sexual que se someten a abortos inseguros, debido a la criminalización de esta práctica, les es imposible acceder a servicios de apoyo para denunciar el abuso que enfrentaron. En otra entrevista que realizó HRW, una médica lamentó que no pudo derivar a una paciente víctima de violencia sexual para una denuncia, debido a que la conoció por atenderle un aborto inseguro.
Se estima que en República Dominicana cada año 25 mil mujeres y niñas son atendidas en el sistema de salud público por complicaciones en abortos inducidos. Un ginecólogo que entrevistó la HRW aseguró que en un hospital de Santo Domingo atienden entre 10 a 12 mujeres que se presentan cada día con abortos incompletos, estos casos si no son tratados implica un riesgo para la vida de las mujeres.
De acuerdo al Ministerio de Salud las complicaciones vinculadas a abortos inducidos causan ocho por ciento de las muertes maternas en República Dominicana, que tiene un índice de 70 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.
Sin embargo, las mujeres que se practicaron un aborto de manera clandestina y acuden a los servicios médicos porque tuvieron complicaciones, e incluso aquellas que perdieron un embarazo, tienen que lidiar con las negligencias, maltratos o abusos por parte del personal de salud.
En dos experiencias de este tipo que recolectó HRW, las entrevistadas describieron los abusos que vivieron por el personal médico: demoras extremas en la atención médica, las dieron de alta sin un examen suficiente hasta el punto de que sus vidas estuvieron en peligro; suministro insuficiente o nulo anestesia para el alivio del dolor cuando les retiraron el tejido del útero, y preguntar o comentarios hostiles, amenazadores e irrespetuosos.
Estas situaciones de violencia obstétrica se presentan a pesar que el sistema de salud del país cuenta con protocolos sobre la atención obstétrica y ginecológica, que incluyen el tratamiento de abortos incompletos o partos fortuitos, recalca HRW en su informe.
Intentos por despenalizar el aborto
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, ha instado al poder legislativo del país a despenalizar el aborto mínimo en tres circunstancias: cuando la vida de las mujeres esté en riesgo, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, o cuando el feto presente condiciones severas incompatibles con la vida.
Pero las y los legisladores dominicanos se han negado a realizar estas modificaciones al nuevo Código Penal el cual llevan debatiendo desde hace más de dos décadas. Según el informe, en dos oportunidades, 2014 y 2016, el presidente vetó las reformas al Código Penal que plantearon los legisladores porque mantenían la prohibición absoluta del aborto.
Con este informe Human Rights Watch hace un llamado al gobierno de República Dominicana a despenalizar el aborto. Recordó que en los últimos años muchos países han modificado las restricciones entorno a esta práctica. De acuerdo con el Instituto Guttmacher (de salud sexual y reproductiva) entre 2000 y 2017, unos 27 países ampliaron el acceso legal al aborto.
República Dominicana es uno de los ocho países del mundo que prohíbe totalmente el aborto, los demás son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Suriname, Malta y el Vaticano.