Es un hecho muy conocido que la globalización ha borrado las fronteras de los denominados Estados-Nación para ponerlos al servicio del Capital Financiero Internacional y de las grandes Transnacionales; esto, es, en manos de los dueños del mundo. Las secuelas son devastadoras: hambre, desempleo, estrés, enfermedades, y un largo etcétera de negatividades para las grandes […]
Es un hecho muy conocido que la globalización ha borrado las fronteras de los denominados Estados-Nación para ponerlos al servicio del Capital Financiero Internacional y de las grandes Transnacionales; esto, es, en manos de los dueños del mundo. Las secuelas son devastadoras: hambre, desempleo, estrés, enfermedades, y un largo etcétera de negatividades para las grandes mayorías locales. En eso no voy a ahondar.
El caso panameño resalta, tanto por su historia, como por lo que sucede en el presente. Panamá enganchó su vagón en la locomotora de los EEUU desde 1850 cuando se inició la construcción del ferrocarril transístmico que comunicaba la costa este norteamericana industrializada, con la oeste rica en oro. La separación de Colombia en 1903 se dio con el apoyo norteamericano para construir su ambicioso sueño: el Canal. En 1968 cuando las protestas populares se fortalecían para exigir el desarrollo de un proyecto nacional dentro de un Estado Soberano que expulsara a las tropas norteamericanos de la Zona del Canal y que el mismo fuera devuelto a los panameños, se dio el golpe de Estado Militar, que, además de reprimir y cooptar el movimiento popular, termina firmando en 1977 los Tratados Torrijos-Carter, que, si bien se les devuelve a los panameños las estructuras físicas del Canal y su manejo, se les permite intervenir a los EEUU en nuestro país cuando ellos a bien lo tangan. Se trata del único país que firma con sus colonizadores un tratado que les permite intervenir en los asuntos internos, no sólo de una pequeña extensión denominada Zona del Canal, sino en todo el país. El mismo General Omar Torrijos aceptó que ese tratado «nos coloca dentro del paraguas protector del pentágono».
Panamá también aceptó desde la década de los ochenta del siglo pasado, no sin grandes protestas populares, las recetas fondomonetaristas. Podemos afirmar que en noviembre de 1984, el vicepresidente del Banco Mundial, Señor Ardito Barleta, impuesto por los EEUU y los militares como presidente de la República, impulsó la primera medida del las Instituciones financieras internacionales (IFI´s), la que fue rechazada por el primer movimiento de masas contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega, denominado Coordinadora Civilista Nacional (COCINA); pero posteriormente se fueron implementando a la fuerza.
Los gobiernos pos invasión fueron muy complacientes con las IFI´s, al punto que la industria cultural hizo su trabajo tan bien, que a excepción de los obreros y los médicos, las medidas se aceptaban como dogmas divinos. El socavado tema del «clima para las inversiones» caló en la sociedad. La «flexibilidad» laboral no se cuestiona. La sobreexplotación del trabajo obrero y del intelectual no tiene parangón en nuestra historia, con la diferencia que a éste último se le ha hecho ver que pertenece a la Empresa, y por tanto, trabaja para ella las 24 horas al día, los 365 días al año. Y encima, complacido. El paro y el trabajo precario ya ni se registran.
Panamá es, lamentablemente, el patio andaluz de los EEUU. Como lo he denunciado, ellos han convertido a nuestro país en una gran base militar, actuando al margen de la constitución que lo impide. Pero ahora, para darle el golpe de gracia a nuestro maltrecho Estado Nación, el congreso de los EEUU acaba de aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Panamá. Por lógica deducción, el Presidente Obama no iba enviar al Congreso, en este periodo preelectoral, un tratado que desfavorezca los intereses de su nación. Ese tratado tiene, como objetivo mediato e inmediato para Panamá, la eliminación de la producción nacional, tanto industrial, como agrícola; la eliminación de la micro, pequeña y mediana empresa; la desaparición de los puestos de trabajo vinculado a las mismas. Para terminar de acabarnos, la Asamblea Nacional va a aprobar el proyecto de ley No 349, por medio del cual se privatizan todas las construcciones en infraestructuras (carreteras, puertos, hospitales, edificios, etc.) y la privatización de todos los servicios públicos (la atención de salud, la educación, el agua, el Canal). Esta ley faculta al Presidente de la República a manejar, sin ningún tipo de fiscalización, las concesiones de estas privatizaciones a las Transnacionales, con lo que no sólo se hace un homenaje a la corrupción, sino que desaparece nuestro precario Estado Nación. El TLC y la nueva ley marchan de la mano. Ya el término «globalización» se quedó corto. Ahora hay que hablar de «englobalización». Panamá va a ser englobado o fagocitado en su totalidad por los dueños del mundo.
La remilitarización no está diseñada para combatir el narcoterrorismo. El narcotráfico es consustancial al sistema capitalista. Esta actividad inyecta al capital financiero 700 mil millones de dólares al año. La remilitarización es para reprimir las protestas sociales. Están preparados para reprimir a un pueblo que ya empieza a organizarse. Doy la voz de alarma a nivel internacional.
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