Los y las guatemaltecas eligieron de presidente a Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, que asumirá el 14 de enero de 2016. Tradicionalmente en la segunda ronda los votantes no escogen a quien quieren, sino que votan en contra del que no quieren. La población que votó, eligió presidente después de un proceso de […]
Los y las guatemaltecas eligieron de presidente a Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, que asumirá el 14 de enero de 2016. Tradicionalmente en la segunda ronda los votantes no escogen a quien quieren, sino que votan en contra del que no quieren. La población que votó, eligió presidente después de un proceso de agitación política en el que distintas fuerzas salieron a las calles.
Algunas personas opinan que, más allá de las elecciones, los movimientos sociales de tan diversa naturaleza que han formado parte de este proceso que se dio durante el 2015 deberían aprovechar ahora la oportunidad para articularse mejor internamente y entre ellos. Asimismo, espacios de nuevas configuraciones participativas, como la Asamblea Social y Popular (ASP), son ejemplos de expectativas que van más allá del ámbito electoral.
En este artículo se analizan también los actores e intereses que participaron en las acciones colectivas que se han dado a lo largo del año en Guatemala; la situación de una izquierda dividida y la estrategia sistemática de exclusión; y la recomposición de los bloques de poder en el país centroamericano.
Considerando que lo peor para cualquier reivindicación progresista es la resignación porque eso es lo que quiere el sistema de dominación, el politólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) Rotsay Rosales aseguró que lo que no se pueden permitir los y las guatemaltecas es que por las limitaciones que existen en el ámbito político electoral se abandone siquiera la esperanza y la expectativa de una transformación.
«Lo que quieren los poderes tradicionales, la hegemonía y los poderes fácticos es que desde el campo popular progresista nos resignemos. Y por supuesto que han tenido avances en esa lucha; pero hay esperanza y no necesariamente pasa por lo electoral», dijo Rosales.
El contexto político y las acciones colectivas
Jorge Ramírez, coordinador de la Región Sur de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che ‘, explicó que lo que pasó este año en Guatemala, si bien tiene raíces históricas, empezó por los choques entre el entonces presidente Otto Pérez Molina y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y por las contradicciones entre el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos.
Después de que se destapó el caso de corrupción y se denunció el involucramiento de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y otros 30 funcionarios en el caso es conocido como «La Línea» -una estructura de defraudación a través de las aduanas del país-, surgió un clamor nacional histórico y único en esta época, dijo Ramírez.
La CICIG se estableció en el año 2007 y sus acciones son claves para EE.UU. El gobierno estadounidense ha declarado que el combate a la corrupción en Guatemala y las garantías de transparencia son medidas fundamentales para que el Congreso de ese país apruebe los recursos para implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, «cuyo propósito es promover el desarrollo humano, el crecimiento económico y la seguridad en la región, con el fin de contener la masiva migración de personas indocumentadas a Estados Unidos».
En Guatemala, a través de manifestaciones en todas las regiones del territorio nacional, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, capas medias de la sociedad y campesinos, demandaron justicia y repudiaron la corrupción destapada con el caso de «La Línea».
Hubo plantones, juntas, reuniones en las universidades y en las calles y marchas los sábados, contó Ramírez durante el Encuentro Alternativas Populares al Capitalismo, realizado a fines de setiembre en El Petén.
«Estas manifestaciones históricas se dieron con diversas expresiones. Primero, la histórica reivindicativa y democrática, de lucha social; y segundo, la del sector privado y de la burguesía», refirió Ramírez.
En el proceso hubo varios actores: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, mejor conocido como CACIF, la Embajada de Estados Unidos, la CICIG, la iglesia, los medios de comunicación, y el movimiento social y popular.
Tanto Pérez Molina como Baldetti fueron procesados por un juez, quien también les dictó prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.
Todo esto constituyó un golpe a la institucionalidad del sistema político y ocurre en un año electoral, cuando hay una disputa por el control del estado, y un ambiente polarizado y polémico, continuó Ramírez.
Es en esta coyuntura en la que se dan las elecciones atípicas de la primera ronda, el pasado 6 de setiembre, cuando se registró una de las participaciones más altas: un 71.33%. El comediante y actor Jimmy Morales quedó primera y la empresaria y ex primera dama Sandra Torres segunda.
Rotsay Rosales también comparte el criterio de que en este contexto político en Guatemala y en las acciones colectivas citadas han intervenido no sólo los movimientos sociales sino claramente grupos de presión y poderes de facto, que quizás han tenido un protagonismo y una capacidad de incidencia mayor.
«Me parece que ni fue una conspiración del triángulo de los poderes fácticos, la Embajada [estadounidense], el CACIF y los militares; ni fue una espontánea explosión desde lo popular o desde el campo popular progresista. Es que hubo de todo», señaló Rosales.
«¿Qué los movió? Por lo menos a esos sectores populares los movió la indignación, el cansancio, el agotamiento y la expectativa o la esperanza de que se podía hacer algo; y eso ha movilizado y sigue movilizando a la radicalización de la democracia en otras partes», indicó Rosales, que es profesor invitado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
«Pero más allá de esas cadenas de resistencia, no hay equivalencia de cadenas democráticas. Es más fácil movilizar para oponerse hoy en países como Guatemala por su situación estructural histórica, aprovechando una coyuntura específica, que crear una unidad, una estrategia colectiva de largo plazo», opinó Rosales.
¿Qué se puede construir a partir de aquí?
Lin Valenzuela, presidenta de la Fundación Guillermo Toriello (FGT), afirmó que durante las movilizaciones la CICIG hizo lo suyo porque tiene sus propios intereses «pero los demás actores estaban articulando fuerzas en lo subjetivo, en lo material, para colocar contenidos, hacer conciencia y empujar lo más posible y que ahora el reto es mantener ese debate».
Para Rotsay Rosales los movimientos sociales de diversa naturaleza que existen en el país centroamericano deberían ver esto como una ventana de oportunidad para articularse mejor, no solo internamente, sino entre ellos.
«La naturaleza de los movimientos sociales desde una perspectiva pluralista de la democracia no busca la homogeneidad sino la coherencia estratégica, la unidireccionalidad de la acción colectiva y la reivindicación de ciertos daños mediante vías que la probablemente la institucionalidad vigente no tiene en Guatemala», dijo.
Rosales aprovechó para recordar la diversidad de lo que se entiende por movimientos sociales en Guatemala: el movimiento estudiantil, al menos 23 etnias de pueblos originarios y el movimiento campesino.
«¿Deberían los movimientos sociales aprovechar esta coyuntura para profundizar sus luchas y al menos tener un mayor grado de organicidad y permanencia? Claramente sí desde mi visión pluralista de la democracia. Pero conociendo el contexto guatemalteco, la intervención de otros intereses de los poderes fácticos, tradicionales, nacionales e internacionales van a atentar contra esa posibilidad de mayor articulación desde el movimiento social y popular», destacó.
Nuevas configuraciones participativas y creadoras de identidad
Lin Valenzuela enfatizó en el importante papel que está jugando la Asamblea Social y Popular. La ASP realizó su tercer encuentro a principios de octubre en el Campus Central de la Universidad de San Carlos. Llegaron unas 748 personas, representantes de 73 organizaciones y articulaciones nacionales y regionales provenientes de 20 departamentos del país.
Como resultado del evento, las y los asistentes emitieron una Declaración Política, en la que reiteraban que «las elecciones no solucionan la crisis del Estado, ni las problemáticas sociales y únicamente sirven para dar apariencia de estabilidad y dar continuidad al modelo político de explotación, saqueo y corrupción».
Lo que propone la ASP es construir un nuevo Pacto desde los Pueblos «que enfrente el poder político, social y económico de los grupos dominantes». Esto implica «instalar nuevas reglas del juego en el sistema político; formular propuestas que rompan con el modelo dominante, con una visión de largo plazo, con una agenda que articule a los distintos pueblos, comunidades, autoridades, organizaciones y colectivos; con nuevas lógicas organizativas y con nuevas formas de convocar a la ciudadanía», reportó el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA).
Rosales reconoció que claramente la ASP es un ejemplo de nueva configuración participativa y creadora de identidad que empieza en lo local y que la estrategia de mediano y largo plazo debería ser la refundación del Estado a partir de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como lo han hecho otros países; por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia.
«La expectativa es que eso genere una institucionalidad de dimensiones nacionales, que se inserten dentro del esquema representativo. Tiene que ver con expectativas más allá del ámbito electoral. Me parece que si hay alguna transformación va a empezar desde esos ámbitos mas pequeños y no en materia exclusivamente electoral», prosiguió.
«Tiene que haber una estrategia, metas, una agenda mínima, procesos y apertura de ámbitos y espacios dialógicos que hasta la fecha no han existido. Tiene que haber un amplio diálogo social, incluso más amplio o similar que el de los procesos de paz de los noventas», dijo Rosales.
«Me parece que lo que tiene que darse es un proceso de largo aliento con metas de corto plazo, que reconstruya el estado nacional guatemalteco o una nueva configuración estadual. Esto no lo van a resolver las elecciones. Esto no lo va a resolver ningún presidente, ni el ejecutivo. No lo van a resolver unívocamente ni la Embajada [de Estados Unidos], ni el CACIF, y mucho menos los movimientos populares en el corto plazo», manifestó el profesor.
No obstante, Rosales juzgó que la realización de una nueva Asamblea Nacional Constituyente es hoy políticamente inviable, más si se ve que las acciones colectivas y las movilizaciones de hace escasos dos meses tenían un objetivo táctico inmediato: las elecciones.
La izquierda dividida y la estrategia sistemática de exclusión
Jorge Ramírez, de Utz Che ‘, dijo que en el contexto de este año la izquierda estuvo claramente dividida: por un lado el movimiento social que se sumó a las movilizaciones; y por el otro la izquierda partidista que participó en las elecciones.
En el año 2006 se realizó una de las asambleas nacionales de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Como resultado de la convergencia de diversos esfuerzos políticos y sociales, el 19 de noviembre de ese año se anunció la constitución del Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), la expresión político electoral de diversas organizaciones democráticas, progresistas, populares y revolucionarias, que partidariamente se canalizó en la URNG.
Para Rotsay Rosales, aún así, en Guatemala la izquierda está dividida porque hay una estrategia sistemática de exclusión y el discurso de la izquierda siempre ha sido todo lo contrario: de reconocimiento de esa diversidad y esa pluralidad y de defensa del espacio público y todo eso atenta contra los intereses dominantes en ese país, que están en una alianza sistemática, al menos entre el CACIF y los militares.
«Además de una institucionalidad que impide una expresión mayor de organicidad de la izquierda, hay una cuestión de origen que tiene que ver con la cultura política y los resabios históricos de la constitución de las naciones en Guatemala» añadió el costarricense.
«¿Cuál es la relevancia electoral de los partidos de izquierda? Mínimo. La expresión electoral no es algo que se debería abandonar. Es un campo en disputa que hay que dar; pero no me parece que en la Guatemala de hoy vaya a ser ‘la vía’ de resolución de los conflictos sustantivos de ese país», subrayó.
«Parte del entendimiento estructural de lo que sucede en la Guatemala política social y económica es entender, entre otras características, que nunca ha habido un sistema de partidos. Es decir, los partidos en Guatemala, como me decía un magistrado, nacen, no se desarrollan, no se reproducen y mueren. Mi apuesta para el futuro de Guatemala no pasa por lo electoral; entonces evidentemente tampoco pasa por los partidos», sentenció Rosales.
«¿Tenemos que abandonar desde una perspectiva popular progresista la lucha electoral? No, pero me parece que debemos profundizarla. Ese es un medio y una alternativa. Pero no es ‘la’ alternativa ni ‘el’ medio, mucho menos con un sistema de partidos inexistente, débil o por lo menos, tremendamente volátil hasta la fecha y con partidos que tampoco son institucionalizados, ni democráticos, ni inclusivos, ni plurales», refirió.
Rosales explicó que la legislación electoral en Guatemala va más allá de los partidos, ya que una asociación cívica o un comité cívico puede participar en elecciones. «El problema es que la izquierda no ha sabido tampoco articular eso; al contrario, ha sido la derecha y la personalización de la política la que ha penetrado ahí; por ejemplo, el narcotráfico».
La recomposición de los bloques de poder
Los acontecimientos de este año también demostraron, para algunos, una recomposición de los bloques de poder de la burguesía, ya que se evidenció que la oligarquía tradicional se siente amenazada por el capital emergente. Otras élites, por otro lado, procuran profundizar ese recambio en la hegemonía.
Rosales coincidió en que se han discutido las luchas internas entre las élites tradicionales y la emergencia de nuevas.
«La diversificación de los sectores tradicionalmente hegemónicos y dominantes ha sido un problema en todos los países del mundo; pero particularmente en América Latina. Eso es traumático; por ejemplo, la emergencia y empoderamiento del sector financiero, asociado a las finanzas transnacionales versus el sector agroexportador. Ahí hay una lucha entre poderes legales; pero ¿qué pasa cuando intervienen además los poderes fácticos y legales transnacionales, como el narcotráfico? La situación se vuelve mas compleja a lo interno de esas élites porque es una disputa por el reparto de la acumulación», aseveró.
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