Los autores creen que son un ejemplo «del sinsentido económico del rescate»
El pasado 20 de septiembre se celebraron elecciones generales en Grecia. En esta ocasión, la atención mediática fue notablemente menor que la que recibieron los anteriores comicios, que tuvieron lugar en enero de este mismo año. No es sorprendente: parece claro que el partido ganador se encargará fundamentalmente, al menos a corto plazo, de poner en práctica las políticas económicas dictadas por las condiciones del tercer rescate a Grecia.
Estas exigencias quedaron plasmadas en el Memorándum de entendimiento entre la Comisión Europea, la República de Grecia y el Banco de Grecia. En él, a cambio de ayuda financiera, se pide a las autoridades griegas que «hagan suyo un programa de reformas» que «proporcionará la base para una recuperación sostenible». Parece difícil negarse a algo que suena tan razonable: quien no tenga más datos que esos no entenderá tanta resistencia griega al rescate, la cual probablemente le parecerá irresponsable. Si además recibe una buena dosis de desinformacion, su opinión será seguramente peor.
Lamentablemente, no suele haber lugar para mucha más información en los telediarios, ni tan siquiera en muchos medios escritos. Tanto es así que, incluso quien es consciente de que las políticas contenidas en el tercer rescate son esencialmente las mismas que han llevado a Grecia (y, salvando las distancias, a España) a la situación de empobrecimiento en que se encuentra ahora, no siempre tiene a mano ejemplos concretos. Como en tantas ocasiones, el sector eléctrico nos los proporciona.
La información relevante la encontramos en la sección 4.3 del Memorándum de entendimiento, «Regulated Network Industries (Energy, Transport, Water)». Comienza con una introducción que denuncia:
«Los mercados energéticos griegos necesitan amplias reformas para alinearlos con la legislación y política de la UE, hacerlos más modernos y competitivos, reducir las rentas e ineficiencias monopolistas, promover la innovación, favorecer una mayor penetración de las renovables y el gas y asegurar que los beneficios de todos estos cambios sean transferidos a los ciudadanos.»
No hay en el Memorándum ningún dato que acompañe a estas afirmaciones, y se hace complicado, especialmente desde la distancia, valorar imponderables como «moderno» o términos poco precisos como «amplias» y «alinear» (aunque probablemente debiera haber sido igual de difícil para los burócratas de Bruselas que escribieron el memorándum, o para los políticos que lo inspiraron e impusieron). Es cierto que, con los datos que manejaba la Unión Europea durante el primer rescate, la compañía pública de electricidad (PPC, en sus siglas en inglés) controlaba el 80% del mercado mayorista y el 97% de la comercialización, y ninguna otra empresa llegaba al 5%. En particular, PPC poseía en ese momento el 100% de las centrales de carbón, el 83% de las centrales de gas, el 95% de la capacidad hidroeléctrica del país y un 9% del resto de centrales de tecnologías renovables.
Número de empresas con más de un 5% del mercado mayorista (wholesale) y minorista (retail) por país. Fuente: Comisión Europea.
Proporción del mercado doméstico controlada por el generador más grande. Fuente: Comisión Europea (usando datos de la OCDE de 2007).
Al final del artículo retomaremos y valoraremos esta clasificación. El hecho es que, como resultado del análisis de la introducción, entre las medidas a tomar por Grecia está la siguiente:
«Reducir en un 25% la participación de PPC en los mercados mayorista y minorista, hasta dejarlas por debajo del 50% en 2020.»
Ya durante el primer rescate a Grecia, la Comisión Europea hablaba de tomar medidas en este sentido. Para ello, pedía:
«Asegurar portafolios equilibrados a los competidores de PPC dándoles acceso a centrales de carbón o hidroeléctricas […] vendiéndoles centrales existentes o garantizando la explotación de nuevas centrales».
Estas medidas harían pasar el sector eléctrico de ser un monopolio a ser un oligopolio; y, lo que es más importante, de estar controlado por el estado (e indirectamente por los ciudadanos) a regirse siguiendo intereses privados. Es bastante dudoso que tal cosa vaya en beneficio del pueblo griego, como discutiremos a continuación. Pero es que ni siquiera es cierto que las reformas, puestas en práctica bajo la supervisión de la Troika, hayan ido hasta ahora en esa dirección. PPC sigue prácticamente monopolizando la comercialización y la producción. La diferencia es que ahora ya es parcialmente privada, tras la venta por parte del estado de un 49% de su participación. Tras la firma del tercer rescate, se planea que venda otro 17%. No cabe duda de que encontrará compradores dispuestos a entrar en un monopolio con un volumen de negocio de 5.900 millones de euros.
Pero sobre cifras y monopolios naturales hablaremos en un siguiente artículo. En este nos limitaremos a mostrar las enormes analogías con el caso español. Al fin y al cabo, obtener mejores condiciones de competencia que permitieran conseguir la modernización del sector, siempre en beneficio del consumidor, fueron también los motivos esgrimidos literalmente por los ministros Rodrigo Rato y Josep Piqué para liberalizar nuestro sector eléctrico en los años noventa. También la empresa pública ENDESA, como la griega PPC, fue privatizada gradualmente en los años ochenta y noventa. Por cierto, precisamente uno de los objetivos de los últimos tramos de aquella privatización fue amortizar deuda pública para reequilibrar el estado y la sociedad (sic); se argumentaba explícitamente que reducir la deuda permitiría cumplir los objetivos de Maastricht, exigidos a los países europeos que quisieran ser admitidos en la Eurozona [1].
Y, efectivamente, si volvemos a mirar las gráficas que discutíamos antes, vemos que España puntúa muy bien, lo contrario que Grecia. Que eso tenga alguna conexión con el bienestar de los ciudadanos y la competitividad del país es otro asunto: tenemos un sector eléctrico oligopólico que no favorece sino que frena la expansión de las tecnologías renovables, con empresas que superan ampliamente en beneficios a sus homólogas europeas y a las que debemos miles de millones de euros, con una de las electricidades más caras de Europa y con millones de ciudadanos en situación de pobreza energética (dado que en la ley por la que se liberalizó el sistema eléctrico se abandonó además explicitamente la noción de servicio público). En particular, Endesa se convirtió en una de las patas de este oligopolio privado y ha acabado en manos de la italiana Enel, que le ha arrebatado sus activos en Latinoamérica y la ha endeudado para repartirse desmesurados dividendos.
Esto nos lleva a preguntarnos por las motivaciones de Bruselas para imponer medidas que en otros países no han funcionado. ¿Estamos ante un automatismo ideológico? Quizás. Desde luego, algo de esto se detecta en el texto del Memorándum. Pero resulta bastante dudoso que en Bruselas no sepan que privatizar no es lo mismo que introducir competencia, especialmente en un sector como el de la electricidad. Más bien parece que el mantra de la liberalización sirve una vez más para hacer pasar a manos privadas un buen negocio. Aun así, ¿cabe la posibilidad de que el caso griego sea diferente al español? ¿Es posible que, si bajamos a los detalles y a los números, veamos que las medidas sobre energía contenidas en el Memorándum tienen sentido económico? En el siguiente artículo hablaremos sobre una exigencia todavía más sangrante contenida en dicho documento: la privatización de la empresa pública de transporte de electricidad. Ahí no nos quedará ninguna duda: la respuesta es «no».
Nota:
[1] Un repaso detallado a cómo se llevó a cabo la privatización de ENDESA y la liberalización del sector eléctrico puede leerse en el libro del Observatorio Critico de la Energía «Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español», editado por Akal.
José Luis Velasco es miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colabora con el Círculo Economía, Ecología y Energía de Podemos.