Hablábamos en un artículo anterior respecto a dos medidas sobre energía exigidas a Grecia, tal como quedaron plasmadas en el Memorándum de entendimiento entre la Comisión Europea, la República de Grecia y el Banco de Grecia: liberalización del sector eléctrico y privatización de la empresa pública de electricidad PPC. En ese artículo, nos centrábamos en […]
Hablábamos en un artículo anterior respecto a dos medidas sobre energía exigidas a Grecia, tal como quedaron plasmadas en el Memorándum de entendimiento entre la Comisión Europea, la República de Grecia y el Banco de Grecia: liberalización del sector eléctrico y privatización de la empresa pública de electricidad PPC. En ese artículo, nos centrábamos en discutir la fuerte componente ideológica del memorándum, y en mostrar qué resultados habían tenido similares políticas en España. Aun así, dejábamos abierta la puerta a que después de todo, debido la idiosincrasia griega, tuvieran sentido y los números salieran. En este segundo y último artículo de la serie veremos que no.
Nos centraremos en otra medida sobre energía que ya había aparecido, casi literalmente, en el acuerdo de la Eurocumbre de Julio de 2015, que firmó Grecia después del referéndum (con la única diferencia de que no había en ese documento la sorprendente referencia a dar pasos «irreversibles»):
«Para octubre de 2015, las autoridades darán pasos irreversibles (incluyendo el anuncio de una fecha para el envío de ofertas vinculantes) para privatizar la compañía de transporte de electricidad, ADMIE, salvo que se encuentre un esquema alternativo con resultados equivalentes en términos de competencia y de atracción de la inversión»
La empresa de transporte de electricidad ADMIE comenzó a operar como tal en 2012, tras desgajarse (pero sin dejar de ser pública) de una gran empresa estatal que participaba en varios segmentos del sistema eléctrico. Tuvo ese año unos ingresos de 325 millones de euros y un EBIT (beneficio antes de impuestos) de 26 millones; los dos años siguientes, 2013 y 2014, con un volumen de negocio similar, ganó antes de impuestos 75 y 96 millones de euros respectivamente; antes, en 2011, había tenido un EBIT de 117 millones. Un margen de explotación de alrededor del 30% puede parecer enorme a primera vista, pero no se sale de lo común: números similares o incluso mayores pueden encontrarse en los resultados que arrojan otras empresas de transporte de electricidad europeas, como REE en España, Terna en Italia, RTE en Francia o TenneT en Holanda y parte de Alemania.
En realidad, esto no tiene nada de extraordinario, puesto que, si hay un ámbito de la economía que ni el más acérrimo liberal discutiría que constituye un monopolio natural, ese sería el del transporte de electricidad: parece obvio que construir más de una línea de alta tensión desde una central generadora tiene en general poco sentido, y que la primera empresa en construir dicha línea se queda con el negocio. Hay dos formas básicas de gestionar este monopolio natural:
- El estado establece una empresa pública que es titular y además gestiona la red. Esta ha sido históricamente la opción preferida en Europa y hasta Felipe González, a estas alturas nada sospechoso de radical, la eligió en 1985, creando Red Eléctrica de España (luego, eso sí, se fue privatizando parcialmente y el estado, aunque máximo accionista, sólo la posee al 20%).
- El estado le concede la gestión a una empresa privada, ya sea vendiéndole la propiedad de la red de alta tensión o no. Esto, vender la empresa de transporte y sus activos, es lo que se exige a Grecia.
En ambos casos, por ser el transporte de electricidad un servicio esencial, se suele marcar una regulación muy estrecha, incluyendo fijación de los precios y de los objetivos de inversión. En suma, públicas o privadas, estas empresas son gestoras de un sistema ya desarrollado, en un marco regulatorio preestablecido, sus ingresos se fijan por decreto y son por tanto tan rentables como el estado quiera que sean. Y aquí llega la diferencia fundamental (y obvia) entre los dos modelos: en el caso de la empresa pública, estos beneficios irían las arcas públicas, tanto la parte del beneficio que corresponda al estado en calidad de accionista como el impuesto de sociedades; en el caso del monopolio privado, solo el impuesto.
¿Por qué entonces se obliga a Grecia vender una empresa que le da beneficios? Ya hemos visto que ADMIE tiene un margen de ganancia en la media de otras empresas europeas, así que no parece que haya una gran oportunidad de corregir supuestas ineficiencias públicas y que esto revierta en beneficio para el consumidor. Cualquier ganancia extraordinaria va a venir de empeorar las condiciones de los trabajadores de la empresa (poco probable, ya que es un tipo de compañía poco intensivo en mano de obra), de reducir las inversiones o de aumentar la factura de la electricidad. Podría quizás ser una operación por la que Grecia, como le viene exigiendo la UE, obtendría ingresos, los dedicaría a pagar parte de su deuda pública, gastaría a partir de entonces menos dinero en pagar intereses y mejoraría con ello su situación. Veamos si es así con un ejemplo numérico sencillo.
Es difícil saber cuánto vale ADMIE (lo decide, de facto, el estado griego al fijar su retribución anual). Pero si aventuramos que los beneficios anuales de ADMIE se van a estabilizar en 120 millones de euros [1], podemos asumir tentativamente que Grecia podría venderla por 2.000 millones de euros. ¿Cómo hemos calculado ese número? De la siguiente forma: un inversor razonable que, en otros negocios, tiene un 6% de rentabilidad [2], exigirá esa misma rentabilidad anual si retira su dinero de dichos negocios y lo dedica a comprar ADMIE; un 6% de 2.000 millones de euros es 120 millones. Si ahora Grecia dedica esos 2.000 millones a devolver deuda, los años venideros tendrá menos intereses que pagar: suponiendo que esté pidiendo prestado a un tipo de interés del 2%, se ahorra 40 millones de euros al año. Nótese que para ello ha renunciado a recibir los 120 millones de euros al año que le daba ADMIE y por tanto, después de realizar esta operación, Grecia estará en una situación más insostenible que antes. Si, en virtud de los términos de acuerdo del rescate, quiere mantener (no ya reducir) el déficit público, estará obligada a hacer recortes adicionales por valor de 80 millones anuales.
Visto de otro modo, la operación sólo tiene sentido económico (reduciendo el déficit público sin sacrificios adicionales) si el comprador exige una rentabilidad razonable igual o menor que el interés al que se financia Grecia. Y eso está muy lejos de suceder, a pesar de los números que hemos tomado como hipótesis en nuestro ejemplo (6% y 2% respectivamente) son muy generosos: por un lado, Grecia se financia a un tipo menor del 2%, precisamente como parte de las condiciones de rescate; por el otro, parece dudoso que Grecia, obligada a vender ya (y sólo tres meses después de aceptarlo al firmar el rescate), consiga hacerlo a un precio razonable.
Y esto nos lleva a preguntarnos nuevamente por las motivaciones de Bruselas para imponer esta medida. Como hemos visto, garantizar financiación barata y obligar a vender empresas rentables es un contrasentido económico, si el único objetivo es la sostenibilidad de las finanzas públicas ¿Estamos pues ante un castigo? ¿Ante un automatismo ideológico de Bruselas? Decíamos en el anterior artículo que parece mentira que desde Bruselas no se hayan enterado de que privatización no equivale a liberalización, y que la competencia no surge mágicamente, especialmente en un sector como el de la electricidad. Menos todavía ocurre en el ámbito del transporte de electricidad. Tal vez el problema es que se han enterado perfectamente. Quizás la única respuesta posible es la más simple: que la recuperación económica griega no es el único objetivo del rescate. De hecho, en el caso particular que estamos discutiendo, ni siquiera parece un objetivo, puesto que se trata prácticamente de un problema de suma cero: si Grecia hace un buen negocio vendiendo ADMIE, otro alguien hace un mal negocio comprándola. Y, sobre todo, viceversa.
La privatización de la empresa de transporte de electricidad griega nos da una muestra de qué medidas incluye el rescate a Grecia. Quizás esta breve serie de dos artículos ayude a comprender el porqué de la resistencia del gobierno griego al rescate. Aún después de este, el 28 de septiembre, el recién nombrado ministro de energía Skourletis ha afirmado tajantemente que no van a continuar con el proceso de privatización de ADMIE, lo cual va contra los términos que Grecia tuvo que acordar. No sabemos cómo terminará el tira y afloja, pero ya hemos visto que hasta ahora no ha sido la discusión sobre el sentido económico de las reformas lo que se ha impuesto, sino la fuerza. Y esto es sintomático del tipo de Europa en la que vivimos.
Notas:
[1] En los últimos 5 años los beneficios de ADMIE han oscilado entre 26 y 117 millones a causa de la inestabilidad financiera. Escogemos 120 millones como margen de beneficio para que los números sean redondos y porque la tendencia parece ser creciente, pero nada cambiaría en nuestras conclusiones si el EBIT de ADMIE se estabilizara finalmente en, por ejemplo, 60 millones de euros.
[2] Elegimos la cifra de 6% por ser la cantidad promedio que se obtiene en los estudios acerca de la diferencia de rentabilidades entre activos de riesgo y activos seguros (equity premium puzzle).
José Luis Velasco es miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colabora con el Círculo Economía, Ecología y Energía de Podemos