El gobierno ecuatoriano ha explicado en un extenso comunicado los fundamentos jurídicos de su decisión de dar asilo en su embajada en Londres al fundador de la organización de filtraciones Wikileaks, Julian Assange. De inmediato, todos los medios de comunicación recogieron la noticia centrados en la disputa diplomática entre Ecuador y el Reino Unido y […]
El gobierno ecuatoriano ha explicado en un extenso comunicado los fundamentos jurídicos de su decisión de dar asilo en su embajada en Londres al fundador de la organización de filtraciones Wikileaks, Julian Assange.
De inmediato, todos los medios de comunicación recogieron la noticia centrados en la disputa diplomática entre Ecuador y el Reino Unido y las amenazas de este último de invadir la sede diplomática ecuatoriana para apresar a Assange y extraditarlo a Suecia, donde enfrenta acusaciones de supuesta violación.
Sin embargo, con excepción de la cadena de televisión latinoamericana Telesur, practicamente ningún medio de comunicación ha recordado que la principal acusadora de Assange en Suecia, Anna Ardin, posee vínculos con la diplomacia de ese país -fue becaria en la embajada sueca en Argentina- y con las actividades que Estados Unidos -el principal afectado por las revelaciones de Wikileaks– financia para el «cambio de régimen» en Cuba.
En el comunicado del gobierno ecuatoriano se plantea que tanto el Reino Unido como Suecia negaron a Quito garantías de que una vez en territorio sueco Julian Assange no sería traslado a Estados Unidos, donde ya el soldado Bradley Manning -presunto suministrador de información secreta norteamericana a Wikileaks– permanece aislado en una prisión militar. Esa negativa de garantías es un elemento esencial para explicar la decisión del gobierno ecuatoriano pero también ha sido ocultada por la gran prensa.
La amenaza británica de violar la inmunidad de la representación diplomática ecuatoriana en Londres, ha despertado una ola de solidaridad latinoamericana con Ecuador. Los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitieron una fuerte declaración de respaldo a Quito y han anunciado una reunión urgente de cancilleres y un evento similar ha sido convocado por UNASUR para este sábado. La Organización de Estados Americanos (OEA), tradicionalmente manejada por Estados Unidos, decidirá este viernes si reúne a sus ministros de Exteriores el 23 de agosto para analizar las amenazas británicas ante reclamos de varios de sus miembros latinoamericanos.
Todo el discurso del Superman de los derechos humanos ha sido desenmascarado por las revelaciones de Wikileaks; asesinatos y torturas en masa, compra de conciencias y fabricación de «disidentes», presiones y chantajes a gobiernos supuestamente aliados de Estados Unidos han salido a la luz gracias a la labor de la organización que encabeza Assange. Con lo que está sucediendo, los gobiernos a los que EE.UU. intenta aleccionar sobre la libertad de expresión desde organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la propia OEA ponen en evidencia la hipocresía de ese discurso.
Antes de pronunciarse sobre el asilo a Assange el gobierno ecuatoriano preguntó a Estados Unidos si existe un proceso legal en curso o la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange, a qué tipo de legislación, en qué condiciones y bajo qué penas máximas estaría sujeto y si existe la intención de solicitar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Washington respondió que no puede ofrecer esa información, «alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y Reino Unido».
Al parecer, ahora Washington tendrá un «asunto bilateral» entre Latinoamérica y el Reino Unido, veremos qué información ofrece.