Durante tres décadas, cientos de menores fueron torturados y violados en instituciones religiosas irlandesas y sus denuncias ignoradas por la jerarquía eclesiástica y por las autoridades civiles y políticas. Ahora el Estado pide perdón y la Iglesia intenta minimizar el impacto de la verdad.
Durante treinta años la jerarquía eclesiástica irlandesa ha negado y ocultado con arrogancia las torturas y el abuso sexual que sacerdotes, monjas y frailes infligieron a menores a su cargo. Esta es una de las conclusiones del informe sobre las denuncias de antiguos alumnos de escuelas religiosas en la diócesis de Dublín. El documento reconoce el sufrimiento de las víctimas, infligido por la Iglesia, y permitido por el Gobierno y la Policía, que decidieron cerrar los ojos ante las denuncias de las víctimas y sus familiares.
El informe recoge las denuncias de las víctimas del abuso, después de décadas de olvido y renovado abuso bajo la forma de negación, contraacusaciones y marginación. Ahora es el momento de la justicia, con organizaciones que agrupan a las víctimas, como «Uno de Cuatro» -se refiere al número de menores que sufrieron abusos bajo la tutela de instituciones religiosas-, que exigen que se inicien procedimientos judiciales.
«Si no se actúa, será una oportunidad perdida de reforzar los estándares de la protección al menor en este país», apuntaba Andrew Madden, uno de los menores agredidos por el sacerdote Ivan Payne.
Durante tres años, la jueza Yvonne Murphy ha investigado las denuncias realizadas contra 46 sacerdotes entre los años 1975 y 2004 . El resultado final ha sido un documento -descrito por el primer ministro irlandés Brian Cowen como «espantoso y perturbador»- que posiblemente será el golpe de gracia final a la influencia de la Iglesia católica en la sociedad irlandesa, y que acusa al arzobispado de Dublín de una «preocupación obsesiva por el secretismo y por evitar el escándalo» frente a «la poca o inexistente preocupación por el bienestar de los menores víctimas de los abusos».
El informe condena la actitud de los cuatro arzobispos de Dublín, de «denegación, de arrogancia y de ocultamiento» y el uso de las «estructuras y reglas» de la Iglesia católica para negar justicia a las víctimas. Pero la jueza Murphy va más allá, ya que responsabiliza al Estado de connivencia tanto por cerrar los ojos como por negarse a aplicar la legalidad vigente a los miembros de la Iglesia responsables de los abusos. El Gobierno irlandés pidió perdón «sin reservas o equívocos» por el fallo de las agencias estatales a la hora de tratar el tema de los abusos.
«Las autoridades estatales facilitaron el ocultamiento con el incumplimiento de su responsabilidad de administrar la ley con ecuanimidad para todos y permitiendo que las instituciones de la Iglesia se situaran fuera de los límites de los procesos ordinarios de ejecución legal», acusa el informe, que también apunta a que en los casos que se denunciaron ante la Policía, los oficiales al mando consideraron que los sospechosos estaban fuera de su jurisdicción, y algunos se limitaron a informar a la diócesis en lugar de investigar las acusaciones. El Comisionado de la Policía irlandesa (Garda) Fachtna Murphy, describió el contenido del informe como «difícil y horroroso», particularmente en lo que se refería a la falta de protección de las víctimas por parte del Estado.
En situaciones de riesgo
El informe concluye que las leyes de protección del menor no otorgaron suficientes poderes a las autoridades sanitarias para proteger a los menores agredidos o que se encontraban en situaciones de riesgo.
Entre las conclusiones destaca que todos los arzobispos y muchos de los obispos auxiliares de Dublín decidieron ocultar la situación, y ninguno de los cuatro arzobispos informó sobre su conocimiento de los crímenes a la Policía. Irónicamente, para acallar cualquier inquietud moral sobre sus actuaciones, las autoridades religiosas usaron el concepto de «reserva mental», que les permitía engañar a la gente sin que la Iglesia les considerara culpables de mentir. Los sacerdotes que denunciaban ante las autoridades eclesiásticas conductas inapropiadas de sus colegas eran ignorados, reforzando una política de «no preguntes, no cuentes» dentro de la Iglesia. Los sospechosos de abusos a menores eran destinados a una nueva parroquia, donde reiniciaban sus abusos.
El ministro irlandés de justicia, Dermot Ahern, promete ahora que «un alzacuellos no protegerá a un criminal» y que cazará «a los policías que permitieron los abusos».
La iglesia pide perdón mientras el Vaticano calla
El arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y el cardenal Séan Brady expresaron su vergüenza y tristeza.
Estas declaraciones, además de la reacción institucional ante el informe, han incrementado la presión sobre cinco obispos a los que se nombra en el informe como responsables de la ocultación e impunidad de los abusos a menores. El obispo de Limerick, Donald Murray, uno de los más criticados en el documento -fue obispo auxiliar durante los hechos- dijo que lamentaba sus acciones pero se niega a dimitir. Asimismo, la Iglesia irlandesa intenta evitar nuevas investigaciones en otras diócesis, después de las devastadoras acusaciones sobre Ferns y Dublín.
La publicación del informe ha renovado las críticas contra el Vaticano, que ni tan siquiera respondió a las peticiones de información, con la excusa de que las comunicaciones no habían seguido los cauces diplomáticos adecuados.