Hay un grupo de hombres y mujeres que buscan hacerle la vida lo más difícil posible a los progresistas que apoyan la Unión Europea. No son miembros del Partido Independentista del Reino Unido ni del Frente Nacional francés, sino de la Comisión Europea. Siempre que intentamos convencer a nuestros compatriotas de que la UE nos […]
Hay un grupo de hombres y mujeres que buscan hacerle la vida lo más difícil posible a los progresistas que apoyan la Unión Europea. No son miembros del Partido Independentista del Reino Unido ni del Frente Nacional francés, sino de la Comisión Europea. Siempre que intentamos convencer a nuestros compatriotas de que la UE nos ayuda a elevar nuestra calidad de vida, defender los derechos humanos, proteger el medioambiente y evitar el fundamentalismo de mercado de EE.UU., ellos se las arreglan para encontrar la manera de rebatirnos.
Nadie nos ha engañado tan hábilmente como un holandés llamado Frits Bolkestein. Hasta el noviembre pasado era el comisionado para el mercado interior de la UE. En enero del año pasado, redactó una directiva que proclamaba ser una medida de armonización de la Unión, para hacer más fácil todo tipo de transacciones, desde peluquerías a hospitales. [1]
Esta Directiva de Servicios se promovió, como toda medida similar, como una vía para crear «millones» de empleos, y es ciertamente posible que pueda ayudar a estimular la economía europea. Pero también parece imponer a los estados miembros una comercialización obligatoria de sus servicios públicos, mientras destruye la capacidad de defender a su población de la explotación de las compañías transnacionales. Debe -o debía- haber sido aprobada a finales de este año.
El geniecillo vive en unas líneas a mitad del texto del tratado, y tiene relación con algo llamado «el principio del país de origen». Las empresas, dice, «estarán obligadas sólo por las disposiciones nacionales del estado miembro de origen». [2] Traducido a grosso modo, quiere decir que una empresa con base en un país europeo, pero que ejerza su actividad en otro, sólo está obligada a cumplir las normas del país en el que tiene su sede. Si una empresa de construcción con sus oficinas en Lituania, por ejemplo, tiene un contrato en el Reino Unido, solamente está obligada a cumplir la ley lituana mientras trabaja aquí. El resultado obvio es que todas las compañías en Europa trasladarán su sede al lugar en el que las leyes sean menos restrictivas.
Y entonces la cuestión se torna realmente extraña. El estado responsable de ejecutar las normas -leyes de seguridad y salud laboral por ejemplo- será el de la sede de la compañía, no aquél en el que esté ejerciendo su actividad. [3] Si, por ejemplo, una compañía de construcción lituana obliga a sus trabajadores a usar andamios inseguros, nuestro Ejecutivo para la Seguridad y Salud Laboral no podrá hacer nada al respecto. Será el equivalente lituano el que tendrá que enviar a sus inspectores aquí y, sin conocimiento local, obstaculizados por numerosos problemas de traducción, sean quienes traten de defender las vidas de los trabajadores británicos
Teniendo en cuenta la manera en la que funcionan tales mercados de trabajo, la empresa que esté supervisando será, lo más probable, una empresa británica que ondee una bandera de conveniencia lituana. Pero si esta empresa amenaza tu seguridad en una obra en Brixton, sólo podrás buscar protección protestando ante las autoridades en Vilnius.
En otras palabras, es una fórmula para el desmoronamiento de la ejecución efectiva de las leyes restrictivas que contienen a las empresas transnacionales. La directiva podrá, en nombre de «la eliminación de las barreras», elevar estas barreras para cualquiera que intente defender sus derechos. Una queja pública efectiva se podría convertir en algo casi imposible. Éste, por supuesto, es el objetivo.
Se tiene que leer el texto completo para entender cuales serían sus efectos. En el preámbulo, por ejemplo, dice que una «derogación» (queriendo decir una exención) de las normas del país de origen debería ser posible para asuntos «relacionados con la seguridad de los servicios»[4]. Pero cuando llegamos al artículo 19 descubrimos que un estado miembro puede obtener una derogación en temas de seguridad «sólo en condiciones excepcionales». No me gustaría ser el abogado sindicalista que intente hacer uso de tal salvaguardia.
A simple vista el principio del país de origen resulta extraño. El objetivo de la reforma del mercado interno seguramente era diseñar un único conjunto de normas para toda la Unión Europea. Esta propuesta, en teoría, podría llevar a tener 25 conjuntos de normas distintos que se apliquen en un solo país. Pero al leer los documentos de los grupos de presión de las compañías transnacionales en Bruselas, te das cuenta de que de verdad van a armonizar las normas -al nivel más bajo posible que se pueda encontrar en la Unión Europea [5]. Una vez que las empresas transnacionales hayan trasladado nominalmente sus sedes a los países con las leyes menos restrictivas (al igual que los dueños de los barcos registran sus naves en Panamá o Liberia), los países con leyes más estrictas descubrirán que para mantenerse en el mercado deberán bajar sus estándares hasta equipararlos a los de los países con los suyos más bajos.
El momento elegido por Bolkestein era casi perfecto. Se adelantó al resultado de otras cuatro propuestas europeas que entre ellas podían haber definido y protegido los servicios públicos esenciales y podían haber producido un conjunto de normas (razonablemente altas) para los trabajadores de agencia y los trabajadores temporales [6]. En otras palabras, lanzó una especie de golpe de estado contra la Europa social.
Esta propuesta ha causado un gran escándalo en casi todos los estados miembros, pero no en la capital de Eurofóbia. Aquí, en el Reino Unido, mientras estamos ocupados con nuestros pánicos de costumbre sobre la prohibición de las campanas de iglesia, corgis (N.d.T.: raza de perro favorita de la reina) y plátanos curvos, nos mantenemos en la ignorancia sobre las amenazas reales a nuestra soberanía. Ése es el problema con los euroescépticos: nunca están cerca cuando los necesitas.
Pero la semana pasada, sin ayuda de nuestros propios campeones de la auto-determinación, se armó una buena en Bruselas. Charlie McCreevy, el nuevo comisionado para el mercado interior, admitió que la actual directiva de servicios no «va a volar» y comentó sobre Bolkestein que «otro comisionado hubiera tratado este tema de una manera diferente» [7] que es lo más maleducado que un eurócrata ha dicho alguna vez sobre otro.
Por supuesto, esto no ha terminado. Las transnacionales y sus partidarios se han tirado de los pelos. El Financial Times, que constantemente ha ignorado o malinterpretado las preocupaciones de los opositores a la directiva, ha declarado que McCreevy «de forma cobarde dio el toque de retirada incluso antes de que hubiera comenzado formalmente la batalla» [8] Malcolm Harbour, un conservador británico Miembro del Parlamento Europeo acusó a la comisión de perturbar la democracia [9]. (Tiene gracia ¿no?, como las preocupaciones de los Tories sobre la soberanía se evaporan cuando una política es buena para las grandes empresas). Peter Mandelson, nuestro regalo al resto de la Unión, ha instado a la comisión a que no se «rinda» ante las presiones ilegitimas [10]. Por lo que parece, con esto se refiere a las de la población europea.
Directivas como la de Bolkestein ponen a prueba hasta el mismo límite el entusiasmo europeo de cualquiera interesado en la justicia social. Para aquellos de nosotros que reconocemos que una soberanía absoluta es imposible en un mundo globalizado, y que nuestra elección no es entre alianza o aislamiento, sino que se trata de elegir entre una alianza con Europa o una alianza con EE.UU., su propuesta nos sugiere que deberíamos darnos por vencidos ya que la elección no es real. Miembros como él, Mendelson y José Manuel Barroso, han hecho un mejor trabajo para sabotear el proyecto europeo que cualquier Kilroy o Le Pen.
Su propuesta, sin duda, volverá a resurgir, y cuando lo haga la población de estas benignas islas les debe al resto de la UE un poco más de vigilancia y solidaridad. Pero, por ahora, aunque no tomáramos parte en ella, podemos celebrar esta rara victoria por un viejo ideal.
Referencias:
1. Comisión de la Comunidad Europea, 2004. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Servicios del Mercado Interior. COM(2004) 2 final/3 [regresar]
2. Artículo 16 (1). [regresar]
3. Artículo 16 (2) y Artículo 35 (4). [regresar]
4. Párrafo 40. [regresar]
5. Ver por ejemplo EuroComercio noviembre 2004. Propuesta para una Directiva de Servicios en el Mercado Interior. Documento de Posiciones. EuroComercio, Bruselas. [regresar]
6. La Asociación Médica Británica enumera el Libro Blanco de la UE para Servicios de Interés General, la Directiva de Requisitos, la Directiva para Trabajadores Temporales por Agencia y la Revisión de la CE de la Directiva de Registro de Trabajadores. Respuesta Marco de BMA a la Consulta de DTI sobre la Directiva de Servicios de la UE en el Mercado Interno, 2004. BMA, Londres. [regresar]
7. Tobias Buck, 4 de marzo, 2005. «Se arma un gran jaleo en Bruselas sobre los planes de abrir el Mercado de Servicios de la UE». Financial Times. [regresar]
8. Leader , 4 de marzo, 2005. «Flaco servicio a la UE». Financial Times. [regresar]
9. Malcolm Harbour, 3 de marzo, 2005. Se insta a la Comisión para que promueva la Directiva de Servicios. Nota de Prensa. http://www.epp-ed.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=3378&PRContentID=6362&PRContentLG=en [regresar]
10. Ralph Minder, 15 de febrero, 2005. «Mandelson impulsa la creación de fondos para proteger a las regiones más pobres de la UE». Financial Times. [regresar]