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Estrasburgo da prioridad a la demanda contra la ilegalización de Batasuna

Fuentes: Gara

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo concede prioridad al análisis de la demanda presentada contra la ilegalización de Batasuna, EH y HB, ejecutada por el Tribunal Supremo español y confirmada por el Constitucional. Así se desprende de los plazos concedidos para la tramitación de los distintos recursos que están relacionados con ése. Cronológicamente, desde […]

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo concede prioridad al análisis de la demanda presentada contra la ilegalización de Batasuna, EH y HB, ejecutada por el Tribunal Supremo español y confirmada por el Constitucional. Así se desprende de los plazos concedidos para la tramitación de los distintos recursos que están relacionados con ése.

Cronológicamente, desde Euskal Herria se presentaron cuatro demandas contra estas decisiones: la primera fue la interpuesta por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y las candidaturas populares a las que se vetó el acceso a las urnas en 2003; posteriormente se presentó la de respuesta a la ilegalización de Batasuna, EH y HB por los tribunales españoles; después llegó la correspondiente a Herritarren Zerrenda (HZ), a la que se imposibilitó concurrir a las europeas del año 2004; y más tarde la relativa a la anulación de la candidatura de Aukera Guztiak (AG) al Parlamento de Gasteiz en 2005.

Sin embargo, la Corte de Estrasburgo evidencia que está tramitando la demanda contra la ilegalización ­que supone el conflicto central­ en primer lugar. Así, hace diez días se conoció que la Abogación del Estado español había presentado ya sus alegaciones ante la demanda, de las que se ha dado traslado a las partes. En ellas, el Estado defiende la iniciativa de ilegalización a las formaciones de la izquierda abertzale. Ahora, los demandantes en nombre de Batasuna, HBy EH tienen tiempo para responder antes del 14 de setiembre.

Sin embargo, en el caso de la demanda de AuB y las plataformas populares, aunque se presentó con anterioridad, por el momento no ha concluido el periodo dado al Estado español para que dé a conocer su posición sobre el litigio. Puede hacerlo aún hasta el 4 de setiembre.