La CIA tejió una telaraña de centros de detención secretos a los que trasladó a sospechosos de terrorismo con la complicidad de al menos 14 Gobiernos europeos, entre ellos España. Ésa es la principal conclusión del informe difundido ayer por Dick Marty, el investigador suizo a quien el Consejo de Europa encargó hace siete meses […]
La CIA tejió una telaraña de centros de detención secretos a los que trasladó a sospechosos de terrorismo con la complicidad de al menos 14 Gobiernos europeos, entre ellos España. Ésa es la principal conclusión del informe difundido ayer por Dick Marty, el investigador suizo a quien el Consejo de Europa encargó hace siete meses investigar las supuestas actividades ilícitas del servicio secreto estadounidense. Las acusaciones de Marty desencadenaron el rechazo generalizado de los países implicados. El primer ministro británico, Tony Blair, declaró en la Cámara de los Comunes que el informe no añade nada nuevo. «Hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre esto. No hay nada más que añadir», dijo Blair. El esperado trabajo de Marty, el más exhaustivo de los publicados hasta el momento, establece por primera vez el vínculo entre aviones concretos operados por la CIA y secuestrados con nombres y apellidos. El informe recoge 17 casos de víctimas de entregas extraordinarias. Las pesquisas se basan en la información aportada por las propias víctimas, por algunos de los gobiernos, parlamentos nacionales y servicios de espionaje implicados -incluido el de Estados Unidos-. También se fundamentan en la relación de vuelos que han aportado Eurocontrol y las autoridades aeroportuarias.
Marty se ha apoyado además en los hallazgos de investigaciones periodísticas y de ONG, sobre todo las del diario estadounidense The Washington Post y Human Rights Watch, la organización también de ese país, que destaparon la existencia de prisiones secretas en Europa. Marty reconoce, no obstante, que debido a la complejidad de la cuestión y los medios a su disposición no ha sido «capaz de presentar una visión completa de los diferentes aspectos de lo que ocurrió».
Reino Unido, Suecia, Italia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Alemania y Turquía jugaron un papel «con distintos grados de responsabilidad» en el programa de las llamadas «entregas» -el secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo a países terceros para ser interrogados sin garantías judiciales, y en ocasiones bajo tortura- que Estados Unidos considera vitales en su lucha antiterrorista y que la Unión Europea dice deplorar.
«El acto de la entrega no debe constituir per se una violación del derecho internacional», explicó la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, poco antes de viajar a Europa en diciembre pasado. «Otros Estados también han expresado su derecho a detener a un sospechoso de terrorismo en un territorio extranjero, con el objetivo de llevarlo ante la justicia si los instrumentos judiciales y de cooperación no dan el resultado deseado», añadió entonces Rice, en alusión a Francia por el secuestro en África del terrorista Carlos, El Chacal. Rice no explicó, sin embargo, que estos detenidos, como los de Guantánamo, no tienen acceso a la justicia ordinaria.
Otros siete países, entre los que figura España, serían según Marty culpables de complicidad «activa o pasiva» en las entregas ilegales. En el apartado dedicado a España, el investigador considera que se trata de un país del que partieron vuelos cargados de sospechosos de terrorismo y cita la investigación judicial de Baleares. Estas pesquisas se basan en la información aportada por la Guardia Civil con los nombres de los pasajeros de uno de los aparatos que despegaron del aeropuerto Son Sant Joan, con rumbo a Skopje (Macedonia), donde muy probablemente se subió Khaled el Masri -el ciudadano alemán de origen libanés secuestrado en Macedonia y trasladado después a Afganistán, donde fue torturado- antes de continuar hacia Afganistán. Palma de Mallorca figura en el informe publicado ayer como un «punto de partida», que según la denominación de Marty, corresponde a los lugares en los que la tripulación de los aviones de la CIA planeó y preparó operaciones ilegales.
A la vista de las evidencias, el investigador del Consejo de Europa considera que «resulta inconcebible que algunas operaciones ejecutadas por los servicios estadounidenses hayan tenido lugar sin la participación activa, o al menos la connivencia de los servicios de espionaje nacionales». La principal preocupación para algunos Gobiernos ha sido claramente evitar que se enturbien sus relaciones con Estados Unidos, un aliado y socio crucial. Otros Gobiernos, aparentemente trabajan bajo la premisa de que no debe conocerse la información obtenida por sus servicios secretos.
En este punto, el informe cita el caso de Italia, donde el egipcio Abu Omar, bajo vigilancia de la policía italiana, fue secuestrado en febrero de 2003 por la CIA a plena luz del día en las calles de Milán, y posteriormente trasladado a Egipto, donde sería encarcelado. Casos como este conducen a Marty a afirmar que «la impresión que algunos Gobiernos trataron de transmitir tras desatarse la polémica de que Europa fue víctima de tramas secretas de la CIA parece no corresponder con la realidad».
Las conclusiones del informe desencadenaron el rechazo de plano de los países citados. Destaca la contundente reacción de Reino Unido, cuyo primer ministro, Tony Blair, dijo en su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes: «Hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre esto. No hay nada más que añadir», señaló el primer ministro. El Gobierno alemán señaló a través de su viceportavoz, Thomas Steg, que habrá que analizar todos los detalles del informe. Irlanda negó haber dado apoyo a los vuelos de la CIA, lo mismo que los Gobiernos de España, Polonia y Rumania. Portugal afirmó que el informe no aporta ninguna prueba concluyente, sino que recoge «alegaciones y convicciones».
También el Departamento de Estado de EE UU rechazó el informe. Su portavoz, Sean McCormack, declaró que Washington está «decepcionado por el tono y el contenido del informe».
Alemania y Macedonia
El alemán Khaled el Masri fue interrogado en Skopje y trasladado a Kabul
El 31 de diciembre de 2003, Khaled el Masri, alemán de origen libanés, se dirigía en autocar desde Alemania a Skopje, la capital macedonia. En la frontera de Serbia con Macedonia fue detenido por supuestas irregularidades en su pasaporte y trasladado a un hotel de Skopje, donde fue interrogado varias veces durante tres semanas. Según el informe, el servicio de espionaje macedonio consultó a la CIA sobre El Masri en el momento de su detención en la frontera, y le retuvieron e interrogaron a petición de los estadounidenses hasta que la CIA pudo organizar un vuelo para trasladarlo 23 días después, que salió de Palma de Mallorca. Macedonia ha negado su implicación.
El Masri fue trasladado en un avión a Kabul vía Bagdad, donde permaneció más de cuatro meses en una pequeña celda. Le interrogaron en árabe sobre sus contactos con los autores del 11-S y con otros supuestos extremistas. Durante su detención, le visitó un germano hablante, Sam, que participó en su puesta en libertad, el 28 de mayo. El Masri le ha identificado, por fotografías, como un agente de la inteligencia alemana. Según varias fuentes, dichos servicios fueron informados de la detención de El Masri en los primeros días. Durante los interrogatorios, le preguntaron por datos de su vida personal que, según el informe, difícilmente podrían haber obtenido servicios de información extranjeros.
Siniestra telaraña
En la siniestra telaraña de aeropuertos y centros de detención tejida por la CIA para capturar, trasladar, retener ilegalmente y, en algunos casos, torturar a supuestos terroristas han participado 14 países europeos, según el informe de Dick Marty para la Asamblea General del Consejo de Europa, el organismo encargado de velar por los derechos humanos. El propio relator suizo ha reconocido que no dispone aún de «pruebas en el sentido clásico» de que hubiera centros de detenciones en Europa, concretamente en Polonia y Rumania, pero sí de «numerosos elementos, coherentes y convergentes». Hemos entrado en una peligrosa época de sospecha.
Esta falta de solidez del informe ha permitido que la mayoría de los Gobiernos de los países implicados hayan rechazado de plano las acusaciones. Sin embargo, tendrán que hacer frente a ellas. Coinciden con las investigaciones en curso desde el Parlamento Europeo o de varias ONG. Y algunas están llegando a los tribunales.
El informe establece varias categorías de Estados cómplices: Rumania y Polonia, donde el informe asegura que hubo centros de detención ilegal; los que «en grado directo y no definido de forma definitiva» participaron con la CIA en estas actividades (Alemania, Bosnia-Herzegovina, Italia, Macedonia, Reino Unido, Suecia y Turquía), a los que se añaden España y Chipre, que sirvieron, con los anteriores, de «plataforma» y permitieron o no investigaron estos vuelos; y otros en que se hicieron «escalas» (Grecia e Irlanda y varios de los citados). Hay países no europeos involucrados, como Egipto, Marruecos, Argelia, Georgia y Jordania.
Exteriores desmintió ayer «de forma tajante» que España hubiera participado de forma activa ni pasiva en estas operaciones. Pero cabe esperar una información más amplia que la dada hasta ahora a remolque de los datos que han ido saliendo, y que afectan tanto a los Gobiernos de Aznar como a Zapatero. Queda claro que si no sabían es porque prefirieron no comprobarlo.
La intimidad estratégica, la confianza en el aliado, la red de intereses o la no intromisión para no agravar las relaciones con Washington tras haber criticado la guerra de Irak pueden ser parte de la explicación de lo sucedido. Pero, con ello, estos países y sus Gobiernos, y por extensión el conjunto de Europa, no sólo pueden haber sido cómplices de actos criminales, sino que han perdido credibilidad en la defensa de los derechos humanos, socavada por estos vuelos. Europa se ha hecho cómplice de EE UU en este ultraje.
Bosnia y Turquía
Seis bosnios de origen argelino llevan casi cinco años en Guantánamo
Seis bosnios de origen argelino fueron detenidos en octubre de 2001 de orden de la Corte Suprema de la Federación de Bosnia-Herzegovina, y puestos en prisión preventiva. Lajdar Bumedián, Mohamed Nechle, Hadj Budella, Belkacem Bensayah, Mustafa Ait Idir y Saber Lahmar eran sospechosos de haber planeado atentados contra las Embajadas de EE UU y Reino Unido. La investigación no produjo prueba alguna contra ellos, por lo que el 17 de enero de 2002 el tribunal ordenó su puesta en libertad. El mismo día, la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia-Herzegovina emitió una orden con fuerza legal a petición de cuatro de los detenidos, requiriendo al Gobierno a que evitara que los solicitantes fueran deportados del país.
Pero horas después, los seis hombres fueron detenidos por la policía y entregados a militares de EE UU en Bosnia. Fueron subidos a un avión, que hizo una escala, probablemente en la base turca de Incirlik, donde subieron más prisioneros, procedentes de Afganistán. El destino era Guantánamo, donde siguen detenidos. Según el informe, las autoridades bosnias sufrieron una «extraordinaria» presión de la Embajada de EE UU. El Gobierno bosnio reconoció los hechos y su obligación legal de intentar liberar a los seis hombres, pero su única acción ha sido pedir por carta su devolución a EE UU, en marzo de 2005.
Italia y Suecia
Un secuestro y una deportación que acabaron con torturas en Egipto
Los casos de Hassan Osama Mustafá Nasr, conocido como Abu Omar, y de otros dos egipcios, Ahmed Agiza y Mohamed Alzery, difieren mucho, pero tienen en común la intervención de la CIA y el resultado: la entrega a las autoridades de Egipto, donde los tres sufrieron torturas.
El 17 de junio de 2003, Abu Omar fue secuestrado en Milán, en una operación que, según la investigación judicial italiana, fue llevada a cabo por la CIA. A través de las bases militares de Aviano (Italia) y Ramstein (Alemania), fue llevado a Egipto, donde fue torturado, puesto en libertad y detenido de nuevo. Un agente de los carabineros reconoció haber participado, como parte de una operación coordinada por los servicios de inteligencia militares italianos. El detenido, un refugiado político sospechoso de militancia islamista, estaba bajo vigilancia de la policía y la justicia italiana. Su secuestro dio al traste con la investigación.
En el caso de Agiza y Alzery, las autoridades suecas denegaron su solicitud de asilo el 18 de noviembre de 2001, y ordenaron su deportación. Para que se ejecutara ese mismo día, las autoridades aceptaron el ofrecimiento de un avión de EE UU. Antes de la deportación de los dos hombres a Egipto, las autoridades suecas obtuvieron garantías diplomáticas de que no serían torturados, lo que no se cumplió. Los hechos han sido criticados por la ONU.
Los agentes de EE UU utilizaron Mallorca para planificar sus misiones y descansar
El Gobierno español niega «de forma tajante» cualquier responsabilidad en los vuelos secretos
MIGUEL GONZÁLEZ
«Era el lugar donde los equipos [de la CIA], por cierto, muy bien entrenados, y siempre de manera sistemática, iban a preparar sus misiones y descansaban después de realizarlas». Con estas palabras se refirió ayer el investigador del Consejo de Europa, el suizo Dick Marty, al papel de Palma de Mallorca en la telaraña tejida por la CIA para el secuestro y traslado ilegal de detenidos. Marty no hizo sino confirmar lo ya denunciado por el Parlamento europeo o Amnistía Internacional. Esta última suma otras dos ciudades a la lista de plataformas aeroportuarias de la CIA: Málaga y Barcelona. El informe provisional del Consejo de Europa incluye a España en la lista de países que, aunque no habrían colaborado directamente en la violación de derechos humanos, «permitieron o no investigaron» el uso de su territorio para actividades ilegales.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores negó ayer «de forma tajante» cualquier responsabilidad «por activa o por pasiva» del Gobierno español y aseguró que el ministro Miguel Ángel Moratinos «ha comparecido en varias ocasiones y ha informado de los datos de que disponía en cada momento» sobre los presuntos vuelos de la CIA.
Moratinos compareció el 24 de noviembre pasado ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a la que informó de 22 escalas de presuntos aviones de la CIA en Mallorca, Ibiza y Tenerife entre enero de 2004 y septiembre de 2005. «El Gobierno ha solicitado y obtenido la garantía de las autoridades de EE UU de que no ha habido violación de las leyes españolas en las escalas de aviones a su servicio», dijo.
Moratinos se basó en informes de la Guardia Civil, según los cuales el personal de limpieza que subió a dichos aviones no apreció la presencia de pasajeros trasladados contra su voluntad ni de modificaciones estructurales de las que se dedujera su uso como cárceles volantes.
El mismo informe, no obstante, admitía que la mayoría de los miembros de las tripulaciones gozaba de pasaporte diplomático y que los destinos de sus viajes eran tan poco habituales como Bagdad (Irak) o la base de Guantánamo (Cuba).
Para el investigador suizo hay pocas dudas de que los agentes de la CIA, que se alojaron en hoteles de Mallorca, preparaban desde allí sus misiones y descansaban tras haberlas cumplido.
El caso más palmario se produjo en enero de 2004, cuando un B-737 despegó de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) rumbo a Skopje (Macedonia), desde donde un ciudadano alemán, que había sido secuestrado en la frontera de Macedonia y Serbia, fue trasladado a una cárcel de Afganistán, para someterlo a tortura.
El informe del Consejo de Europa no alude, sin embargo, a «las escalas técnicas de abastecimiento», de menos de dos horas de duración, un total de seis en Canarias, de las que Moratinos no se atrevió a ofrecer garantías ante los diputados.
Tampoco cita los vuelos a Barcelona y Málaga, denunciados por Amnistía Internacional en su informe Por debajo del radar: vuelos secretos a la tortura y la desaparición, presentado en abril pasado. Según dicha ONG, un avión Gulfstream III, que fue utilizado para el traslado forzoso del ciudadano canadiense Maher Arar de EE UU a Siria en 2002 y realizó más de un centenar de viajes a Guantánamo en los últimos años, hizo una escala en Barcelona en octubre de 2002 y otras dos en Málaga en mayo de 2005.
Además, otro avión Gulfstream IV, utilizado para llevar en 2003 a Abu Omar hacia Egipto desde Alemania tras su secuestro en Italia, hizo una escala en El Prat (Barcelona) en enero de 2004.
Aunque Marty elogió ayer la actividad de la justicia española, la actitud de la Fiscalía de Baleares ha hecho perder más de un año en disputas sobre el tribunal competente y la Audiencia Nacional, a la que finalmente ha correspondido instruir la causa, aún no ha empezado a investigar.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso acordó por unanimidad el pasado 5 de abril solicitar al Gobierno «la elaboración de un informe detallado [sobre los vuelos de la CIA] en el que se incorporen todas las nuevas informaciones en su poder».
El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, recordó ayer este compromiso y pidió al presidente José Luis Rodríguez Zapatero «que ordene a los miembros competentes de su Ejecutivo la inmediata remisión del informe» al Congreso.
IU reiteró su petición de que comparezca ante la comisión de secretos oficiales del Congreso el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz. En sus respuestas al Consejo de Europa, el Ministerio de Asuntos Exteriores argumentó que el control de las actividades de la CIA en España corresponde al servicio secreto CNI.
«Error grave»
Por otra parte, el senador socialista catalán Lluís María Puig, presidente de la delegación española en el Consejo de Europa, calificó ayer de «error grave» la mención a España en el informe sobre los vuelos de la CIA presentado por Dick Martin, pues en su opinión no hay pruebas concluyentes para acusar a los países europeos de tolerar los traslados, informa Pablo X. Sandoval.
«En los documentos que ha presentado en París no se menciona para nada a España ni en la resolución ni en la recomendación», aseguró Puig. «Él mismo ha declarado que no podía citar a los países sin pruebas concluyentes». Por tanto, agregó, «no tenía que haberlo deslizado».
Según Puig, la mención a la posible responsabilidad de España y otros países en la exposición de motivos del informe «podría confundir a la opinión pública». A su juicio, «muchos parlamentarios [del Consejo de Europa] piensan que estas prácticas han tenido lugar, pero una cosa es eso y otra acusar a los Gobiernos de haber cooperado con ellas».
Reino Unido
Tres residentes británicos siguen detenidos tras pasar por cárceles afganas
El informe documenta la participación de los servicios secretos británicos en dos casos de entrega de detenidos a EE UU, que terminaron con tres hombres en Guantánamo. Dos residentes británicos, Bisher al Rawi y Jamil el Banna, fueron detenidos en noviembre de 2002 en el aeropuerto de Gatwick (Londres), cuando emprendían un viaje a Gambia, acusados de llevar un dispositivo que podía ser parte de una bomba. Ambos conocían a un líder islamista, Abu Qatada. Esta información fue transmitida a la CIA, pero no que el dispositivo resultó ser un cargador de baterías. Los dos fueron puestos en libertad, pero cuando al fin volaron a Gambia, agentes de dicho país, que habían sido alertados por los servicios secretos británicos, lo detuvieron. Un mes después, ambos fueron trasladados a Afganistán, y más tarde, a Guantánamo.
El otro caso es el de Binyam Mohamed al Habashi, un etíope residente en el Reino Unido desde 1994. Binyam viajó a Afganistán en 2001, y tras varios meses, pasó a Pakistán y trató de volver al Reino Unido. Fue detenido en Karachi, e interrogado por agentes paquistaníes, estadounidenses y británicos. Después, lo enviaron a Marruecos, donde fue interrogado y torturado durante meses. A Binyam lo sometieron a otra entrega, que le llevó a una cárcel de Kabul, con condiciones infrahumanas, y finalmente, a Guantánamo.
El Consejo de Europa, la conciencia de 46 naciones
R. M. DE RITUERTO
Las revelaciones de noviembre del año pasado sobre la existencia de los vuelos de la CIA causaron estupor en las dos grandes cámaras parlamentarias paneuropeas -el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, sin ninguna vinculación entre sí- que inmediatamente abrieron procesos de investigación. Para ambas instituciones es una cuestión de principios, con un previsible alcance distinto para sus conclusiones definitivas. El Consejo de Europa, que tiene como primer objetivo la defensa de los derechos humanos y del imperio de la ley, actúa como una especie de conciencia europea, sin otro poder que la influencia extraordinaria del juicio moral, mientras que el Parlamento Europeo, aun carente del poder que ambiciona, es una gran máquina política.
El Consejo de Europa, radicado en Estrasburgo y sin relación con la Unión Europea, es la más antigua organización intergubernamental del continente y hoy agrupa a 46 países, incluidos Andorra y San Marino, con un total de 800 millones de personas. Sólo Bielorrusia está fuera, aunque con estatuto de candidato desde 1993. El Vaticano tiene calidad de observador. Turquía, constantemente cuestionada en su política de derechos humanos, es miembro fundador (1949). También pertenecen al Consejo Rusia, Ucrania y Armenia, Azerbaiyán y Georgia. España ingresó en 1977. La Asamblea Parlamentaria cuenta con 315 miembros permanentes y con derecho a voto (22 españoles), elegidos internamente por sus respectivos Parlamentos nacionales.
El Parlamento Europeo, Cámara de los Veinticinco y sus 450 millones de habitantes, fue elegido por primera vez por sufragio directo en 1979 y cuenta con 732 eurodiputados, de los que 54 son españoles.
Aún no es el momento
Tras hacerse público en Estrasburgo el informe del Comité de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa se le preguntó ayer a la Comisión Europea si no consideraba llegada la hora de pronunciarse sobre los secuestros de presos por parte de la CIA en la Unión, con la complicidad de 14 países, según el informe. «Todavía no es el momento», vino a decir Friso Roscam, portavoz del comisario Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad.
«Es muy importante tener la fotografía completa antes de dar a conocer la postura definitiva de la Comisión», justificó Roscam, tras indicar que lo de ayer era sólo el informe de una comisión del Consejo de Europa, no avalado por la Asamblea Parlamentaria, y que ni siquiera el secretario general del organismo, Terry Davis, había concluido su propia indagación. Además, subrayó, el Parlamento Europeo también está investigando.
Cárceles secretas en Polonia y Rumania
El investigador Dick Marty sostiene que hay «serios indicios» de que en los dos países hubo centros de detención usados por los servicios secretos estadounidenses
A. C.
El cerco volvió ayer a estrecharse sobre Rumania y Polonia, los dos países europeos en los que la acusación de haber albergado centros de detención secretos cobra más consistencia. El investigador del Consejo de Europa, Dick Marty, consideró ayer en su informe final que «existen serias y crecientes indicaciones», de que las prisiones al margen de la ley existieron en esos países. Los Gobiernos de Varsovia y Bucarest reaccionaron ayer de forma rápida y contundente para negar las revelaciones de Marty, la información oficial más detallada ofrecida hasta el momento sobre los traslados de supuestos terroristas a Polonia y Rumania.
Fueron precisamente las revelaciones del pasado 2 de noviembre de 2005 de que hubo cárceles secretas en Rumania y Polonia, las que llamaron la atención de la opinión pública y la prensa sobre las operaciones de la CIA en Europa tras del 11-S. A pesar de que las organizaciones de derechos humanos llevaban tiempo denunciando estos hechos, el descubrimiento de que países europeos (Polonia miembro de la UE y Rumania lo será el año que viene) podían estar implicados destapó la caja de los truenos. «Después de la publicación de las acusaciones del diario Washington Post y de Human Rights Watch, centramos nuestra investigación en Polonia y Rumania», explica el informe de Marty, publicado ayer.
El periódico, que no citaba los nombres de los dos países, reconoció después que la omisión obedeció a una petición del presidente Bush, que argumentó que identificar a los Estados colaboracionistas podría poner en peligro la eficacia de la «guerra contra el terror» declarada por Washington.
En el informe publicado ayer, Marty concluye que, a pesar de que no hay pruebas «en el sentido clásico de la palabra» sobre las cárceles polacas y rumanas, sí hay «un número de elementos concordantes que indican que esos centros existieron en Europa». Sobre todo en el caso rumano, esos elementos dejan poco lugar a dudas. De las pesquisas se desprende que un avión de la CIA con matrícula N313P aterrizó en Timisoara la noche del 25 de enero de 2004 y despegó horas después, en la madrugada del 26, según confirmaron a Marty las autoridades aeronáuticas rumanas. Su siguiente destino fue Palma de Mallorca, «un conocido punto de partida» de aviones de la CIA. Los tripulantes de ese avión portaban pasaportes del Gobierno de EE UU.
El mismo N313P había volado a Kabul, Argel y Rabat varias veces. En una de las estancias en Kabul, el avión permaneció 30 horas. Allí, en Kabul, fue «entregado» Khaled el Masri, el ciudadano alemán de origen libanés que ha relatado a la prensa su secuestro en Macedonia y posterior traslado a Afganistán. En este país permaneció confinado varios meses y torturado. Teniendo en cuenta estos datos y los registros de vuelos de Eurocontrol, el investigador Marty considera que la ruta Kabul-Rumania formaba parte de un circuito habitual de las llamadas rendiciones, y que por lo tanto, «lo más probable es que el propósito de este vuelo fuera transportar detenidos de Kabul a Rumania».
No por casualidad, entre las fuentes a las que el Consejo de Europa tuvo acceso, figura un joven afgano al que el equipo del investigador suizo entrevistó y que asegura haber permanecido detenido en Rumania. Marty sostiene, además, que Rumania forma parte de un circuito de entregas extraordinarias, que continuaría en Rabat, la capital marroquí, y culminaría en la base de Guantánamo.
Bucarest no tardó ayer en negar todas estas acusaciones. La comisión parlamentaria rumana que investiga las supuestas actividades ilícitas de la CIA, aseguró que en ese país no hay ni ha habido cárceles secretas para terroristas internacionales. «De los datos analizados y de las pruebas, se desprende que no existieron centros de detención de la CIA», aseguró ayer Norica Nicoli, presidenta de la comisión parlamentaria rumana. Con parecida contundencia se expresó ayer el primer ministro polaco, Kazimierz Marcinkiewicz. «Esto es una calumnia«, dijo el político en Varsovia.
El Gobierno polaco ha emprendido una investigación parlamentaria, que por el momento no se ha hecho pública. «Para nosotros, el asunto está cerrado», indicó el portavoz del Gobierno polaco, Jaroslaw Krajewski, dando al traste con las recomendaciones del investigador del Consejo de Europa, que ayer pidió a los países implicados que desarrollaran una investigación «seria y transparente» sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en sus territorios por agentes de la CIA.
En el caso polaco, el informe de Marty indica que entre finales de septiembre y durante octubre de 2003, sospechosos de terrorismo fueron trasladados de centros de detención de la CIA en Kabul y Afganistán. Los registros de vuelos que maneja Marty muestran que durante ese periodo, los únicos vuelos de la CIA procedentes de Kabul que aterrizaron en Europa, lo hicieron en el aeropuerto polaco de Szymany.