La recesión de la Eurozona es ya la más larga en la historia del área de la moneda única, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas la semana pasada, mientras la economía se encogía de nuevo en el primer trimestre de este año. Una comparación con la economía de EEUU puede arrojar alguna luz sobre […]
La recesión de la Eurozona es ya la más larga en la historia del área de la moneda única, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas la semana pasada, mientras la economía se encogía de nuevo en el primer trimestre de este año. Una comparación con la economía de EEUU puede arrojar alguna luz sobre cómo este profundo fracaso económico puede ocurrir en países de alto ingreso y alta educación en el siglo XXI.
Mientras la economía de EEUU es aún débil y vulnerable, el desempleo récord del 12,1% en la eurozona es peor que nuestro 7,5%. Las principales víctimas, como España y Grecia, tienen una tasa de paro de cerca del 27%.
El contraste entre EEUU y Europa es más que chocante, porque Europa tiene unos sindicatos mucho más fuertes, partidos democráticos sociales y un Estado de bienestar más desarrollado. Sin embargo, al eurozona ha implementado políticas muy a la derecha del Gobierno de EEUU, causando un sufrimiento innecesario a millones de personas. ¿Por qué sucede esto? Las respuestas tienen poco que ver con la «crisis de la deuda» y todo que ver con política macroeconómica, ideología y -quizá lo más importante- democracia. Tales preguntas son relevantes no solo para las poblaciones de esas dos superpotencias económicas, sino para la mayor parte del mundo.
Empecemos con la democracia: la mayoría de países de la eurozona tiene un control pequeño o nulo sobre las políticas más importantes que un Gobierno puede utilizar para aumentar el empleo y los ingresos, incluyendo la política monetaria, el tipo de cambio y, de manera creciente, la política fiscal. Ese control se ha cedido a las autoridades de la eurozona, muy en particular al Banco Central Europeo (BCE). Los que deciden sobre los países más victimizados -España, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia- son ahora «la Troika»: el BCE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ellos tienen su agenda propia, y su prioridad no es ni restaurar el empleo ni traer una recuperación económica más rápida.
Antes de volver a esa agenda, comparemos los que toman las decisiones en la eurozona con los que deciden en EEUU. Nuestro banco central, la Reserva Federal, es oficialmente independiente del Gobierno. Al igual que el BCE, ha actuado a menudo contra los intereses de la mayoría, favoreciendo intereses financieros poderosos -lo más reciente, permitiendo la burbuja inmobiliaria de ocho billones de dólares que provocó la Gran Recesión-. Pero el Fed está aún sujeto de algunas maneras a control. El presidente del Fed, Ben Bernanke, tiene que informar regularmente al Congreso, y el Fed tiene cierto temor de que el Congreso pueda reducir su autonomía si ignora el interés público de manera muy flagrante. (Los del Fed no se sintieron agradados con la legislación aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado, que requería, por primera vez, una auditoría de los libros del banco; la iniciativa permanece bloqueada en el Senado).
El BCE, por contra, no tiene esos constreñimientos. De hecho, durante la mayor parte de los tres últimos años, la Troika ha utilizado la recurrente crisis financiera en la eurozona para desarrollar una agenda política: echar hacia atrás, tanto como sea posible en un contexto europeo, el Estado de bienestar. El BCE podría haber evitado la mayor parte de -y posiblemente toda- esa crisis solo mediante la estabilización de los tipos de interés en los bonos de Estado españoles e italianos. Pero, como se evidenció en numerosos informes, el BCE y sus aliados temieron que levantar la amenaza de una crisis financiera total «removería la presión» sobre los gobiernos para hacer las reformas que ellos querían: recortar las pensiones y el seguro de desempleo, debilitar los derechos de negociación colectiva de los sindicatos (en España) y reducir en general la Administración pública.
Finalmente, en el otoño pasado, el presidente del BCE, Mario Draghi, hizo algunas afirmaciones indicando que el BCE estabilizaría los bonos españoles e italianos. Aparentemente, se había cansado de las experiencias límite; y, después de que más de una docena de gobiernos europeos (incluyendo el de Sarkozy en Francia) hubieran perdido el poder, el BCE y sus aliados se movilizaron contra ciertas limitaciones políticas. Este cambio de actitud, que puso fin a la más severa crisis en Europa, puede ser atribuido en parte al impacto muy lento de una forma extremadamente limitada de acción democrática. También influyeron, por supuesto, las masivas protestas callejeras y acontecimientos electorales como el surgimiento del partido izquierdista griego Syriza.
Pero esta «democracia» es demasiado restringida y lenta para salvar a los millones de desempleados cuyas vidas se están desperdiciando; y, lo más importante, solo ha puesto fin a la crisis aguda, pero no a la recesión en curso causada por las medidas de austeridad impuestas por la Troika. Esto tiene una lección importante para cualquier país: no entregues tu soberanía económica sobre las políticas macroeconómicas más importantes de las que depende la existencia de su nación, a menos que sean transferidas a un conjunto de instituciones en las que tú realmente confíes. Lo cual, por supuesto, es lo contrario a lo que se ha creado en la eurozona, con su incorporada parcialidad hacia la austeridad en plena recesión y un banco central religiosamente comprometido a no preocuparse por el empleo.
De nuevo, merece observarse el contraste con EEUU. Incluso si Mitt Romney hubiera sido elegido presidente, no se habría atrevido a implementar el tipo de austeridad que hubiese empujado a EEUU de vuelta a la recesión. Él habría querido ser reelegido. Eso no significa que los funcionarios de la eurozona tengan el monopolio de la estupidez macroeconómica: el secuestro [paquete de recortes] en EEUU está frenando en la actualidad la economía nacional y causando un daño innecesario. Pero no resultó tan fácil conseguir aquí esas medidas; tampoco son tan drásticas; y será más fácil revertirlas que en Europa.
¿Cuál es, entonces, la esperanza de Europa? Otra lección política, que conoce la mayoría de líderes sindicales, es que resulta difícil ganar cualquier concesión sin contar con poder de negociación. Hasta ahora, casi ninguno de los líderes políticos de los países más victimizados, incluyendo España y Grecia, están dispuestos a tan solo rechazar las condiciones de la Troika, por miedo a que ello podría conducir a su salida del euro. Por tanto, la Troika no ve mayores motivos para ceder en la austeridad. En ese sentido, el acontecimiento reciente mas prometedordo, el acontecimiento reciente más prometedor ha sido el ascenso meteórico del populista Beppe Grillo y su Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Él ha manifestado su deseo de hablar de un referéndum sobre una salida del euro, y su movimiento consiguió el mayor número de escaños parlamentarios de cualquier partido individual en las elecciones italianas de febrero. [Nota de El MONO POLÍTICO: El Movimiento Cinco Estrellas sufrió un batacazo en los comicios municipales de mayo, aunque ese hecho no contradice el contenido del artículo].
Hay que promover la causa, y explicarla al público -como el economista Paul Krugman hizo recientemente en el caso de Chipre-, de que años de desempleo masivo son un precio muy alto para mantener el euro. Los políticos no necesitan proponer la salida del euro, ya que eso sigue siendo tabú. Pero un rechazo a aceptar condiciones recesionistas desviaría a las autoridades europeas la carga de decidir su ellas quieren echar a un país fuera de la unión monetaria. Lo más probable es que no quieran. Pero, sin una voluntad de simplemente rechazar la condiciones de la Troika, revertir el daño innecesario infligido en la que solía ser una de las regiones más democráticas del mundo será un camino largo y lento.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.