Represión se intensifica contra líderes campesinos e indígenas que se oponen al acaparamiento de tierras, desalojo y contaminación de fuentes de agua. Juana Raymundo, de 25 años, era una enfermera y lideresa de su comunidad en el municipio de Nebaj, en el departamento altiplánico de Quiché. En una fotografía publicada por Prensa Comunitaria, aparece vestida […]
Represión se intensifica contra líderes campesinos e indígenas que se oponen al acaparamiento de tierras, desalojo y contaminación de fuentes de agua.
Juana Raymundo, de 25 años, era una enfermera y lideresa de su comunidad en el municipio de Nebaj, en el departamento altiplánico de Quiché. En una fotografía publicada por Prensa Comunitaria, aparece vestida con un atuendo tradicional Maya Ixil -una blusa blanca bordada conocida como huipil, una falda larga roja o corte y un suéter negro- y sonríe con serenidad mientras mira directamente a la cámara.
Cinco años atrás, con una confianza en sí misma y conciencia política que no revelaban su edad, Raymundo se había unido al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y fue elegida como integrante del comité ejecutivo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el brazo político del CODECA que busca registrarse como partido y postular en las elecciones del 2019.
El 27 de julio pasado, ella salió de la casa de sus padres y se dirigió al centro de salud ubicado en la localidad de Cotzol, donde trabajaba como enfermera. Desde allí intentó viajar a Nebaj para entregar algunos informes, dice su padre, Pedro Raymundo, quien también forma parte del CODECA.
Pero la joven enfermera nunca regresó a casa. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado por pobladores junto a un riachuelo que corre entre Nebaj y la localidad de Acambalam. Su cuerpo mostraba señales de tortura.
Para activistas de Nebaj, el asesinato de Raymundo recuerda los sistemáticos secuestros y torturas de campesinos durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala, en el departamento predominantemente indígena de Quiché, donde ocurrieron algunas de las más sangrientas masacres, incluyendo actos de genocidio contra el pueblo Maya Ixil, según informes de las Naciones Unidas.
Raymundo es la víctima más reciente en una ola de violencia y represión que en lo que va del año ha cobrado las vidas de 18 líderes indígenas y campesinos, de los cuales 13 estaban involucrados en conflictos por la tierra y nueve pertenecían al CODECA. Alrededor de 600 líderes campesinos se encuentran encarcelados o tienen órdenes de detención por delitos que van desde invadir propiedad privada a robo de electricidad.
Historia del despojo
La historia de conflictos agrarios no resueltos en Guatemala, que data de la época colonial, es la causa principal del descontento del campesinado que está siendo silenciado por una ola de represión, sostienen expertos en temas agrarios.
«El modelo exportador se instauró sobre la base del modelo semifeudal durante la colonia y continuó después de la independencia. Las inversiones en café, generaron la ocupación de tierras para la explotación y el primer producto de exportación fue el café. Luego fue el banano en la costa sur y a mediados de siglo, siguió el cacao y el hule. Ahora es la caña de azúcar y la palma africana», explica a Noticias Aliadas Marcel Arévalo, coordinador del programa de estudios sobre pobreza y migración de la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO).
En los últimos 15 años, la creciente demanda de biocombustibles ha llevado a la rápida expansión de monocultivos en América Central -principalmente palma africana y caña de azúcar-, intensificando la concentración de la tierra en manos de grandes corporaciones y expulsando a los campesinos de sus tierras, especialmente en los departamentos de Petén y Alta Verapaz, en el norte y centro-norte del país.
Helmer Velásquez, director de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGOOP), precisa que organizaciones multilaterales como el Banco Mundial han promovido activamente la concentración de la tierra en manos de empresas agroindustriales bajo el argumento que traería desarrollo y generaría empleo en zonas rurales, cuando en realidad ha agravado la pobreza rural.
Un caso ilustrativo es la compra de tierras disputadas en el valle Polochic por la empresa azucarera y de palma africana Chabil Utzaj, de propiedad de la familia Widmann -una de las más poderosas de Guatemala- a través de un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el 2011, tres campesinos fueron asesinados durante un violento desalojo de familias maya q’eqchi en esa zona.
Invasión de agroindustrias
Cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ilustran hasta qué punto las agroindustrias han acaparado las tierras de los campesinos y desplazado los cultivos de subsistencia durante la pasada década. La superficie total ocupada por plantaciones de palma africana aumentó en 33% entre el 2013 y 2014 y en un impactante 80% desde el 2003 al 2014, y la extensión de cultivos de caña de azúcar prácticamente se ha duplicado en una década (de 188,000 Ha en el 2003 a 378,900 Ha en el 2014), mientras que la siembra de frijoles, alimento básico de la población pobre rural, disminuyó en un 70% entre el 2013 y 2014.
«Algunas familias vendieron porque querían y se entusiasmaron con el efectivo ya que los precios [de las tierras] eran realmente altos. Otras familias aseguran que fueron presionadas violentamente para la venta y que fueron visitadas por personajes extraños a la zona que les decían: ‘o negocias conmigo o la próxima negociación la hago con la viuda’, una clarísima amenaza de muerte. Otros se quedaron en medio de plantaciones con problemas parcelarios, lo cual los obligó a vender», dijo Velásquez a Noticias Aliadas.
Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) sobre desplazamiento campesino como resultado de la expansión de monocultivos de palma africana en el municipio de Sayaxché, en Petén, ilustra el caso anterior.
En la localidad de Semuy, por ejemplo, mientras que empresas de palma aceitera como Reforestadora de Palma de Petén SA (REPSA) adquirían cada vez más tierras, las familias campesinas que quedaban encontraron que los caminos y hasta pequeñas lagunas que usaban para bañarse habían sido compradas por la empresa, privando a esas familias de las tan necesarias fuentes de agua y obligándolas a pagar un peaje cada vez que querían dejar la comunidad para vender sus productos en los mercados locales. Algunas veces la empresa les prohibía cruzar por su propiedad o les cobraba tarifas demasiado altas que eran imposibles de pagar por una familia pobre.
En muchos casos, las empresas de palma aceitera y caña de azúcar contaminaron las fuentes de agua, privando a cientos de familias de tener acceso a este recurso básico. Uno de los casos más notorios de contaminación vinculada a la actividad agroindustrial fue el desastre ecológico del río La Pasión, en la región de las tierras bajas en el norte de Petén. En junio del 2015, pescadores del pueblo de Sayaxché se horrorizaron al descubrir cientos de pescados muertos flotando en el río maloliente.
Tres años después no se han tomado acciones legales contra REPSA, a cargo de la plantación de palma aceitera ubicada a 120 km río arriba, empresa a la que organizaciones ambientales locales responsabilizan por el desastre.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7502