Los medios de comunicación nos mantienen informados de buena parte de lo que sucede en Grecia, fundamental si tenemos en cuenta que este país funciona como laboratorio de unaspolíticas de rescate más que preocupantes. Sabemos que desde el inicio de la crisis, cada trabajador o trabajadora de Grecia ha perdido, como media, el 40% de […]
Los medios de comunicación nos mantienen informados de buena parte de lo que sucede en Grecia, fundamental si tenemos en cuenta que este país funciona como laboratorio de unaspolíticas de rescate más que preocupantes. Sabemos que desde el inicio de la crisis, cada trabajador o trabajadora de Grecia ha perdido, como media, el 40% de su salario mientras que el aumento del precio de productos básicos como la leche y el aumento de los impuestos lleva a un debe y haber familiar ciertamente imposible e insoportable. Igual que en nuestro país, los índices de desempleo crecen, desaparecen subsidios, se recortan servicios básicos como la sanidad y se regulan políticas laborales que nos convierten en países low cost. Pero hay otra realidad menos conocida -o más bien silenciada- de estos experimentos de rescate que debemos conocer y analizar, porque los resultados de ensayos parecidos en el Estado español se van haciendo progresivamente más visibles.
ME REFIERO A otra de las imposiciones de la troika para paliar la deuda griega: poner en venta todos los recursos naturales o explotarlos sin mesura. En Grecia los mecanismos utilizados conllevan modificar disposiciones legales que, como dice Roxanne Mitralias, militante en temas agrícolas y ecológicos, «mal que bien, cerraban el paso a la sobrexplotación de los recursos naturales». Con las nuevas normativas llegan a cuestionar la Constitución, que impedía la explotación privada del litoral y de los espacios forestales, explica Roxanne. Por ejemplo, a finales de enero del 2013, el lago de Casiopea, en Corfú, fue vendido a NCH Capital y desde la primavera del 2012 las playas se pueden ceder por 50 años, lo que previsiblemente desencadenará una ola de privatizaciones que acabará en complejos turísticos irreverentes con el medio natural y exclusivos para las personas más adineradas.
Por otra parte, la explotación de los recursos mineros está dejando el mapa griego señalado de puntos conflictivos. Se habla de bolsas de petróleo en el mar que -si se encuentran- no generarían beneficios más que a las empresas extranjeras, explotadoras de los yacimientos. En el norte del país, en Skouires, desde hace más de un año hay una gran movilización social, reprimida constantemente por cuerpos especiales de la policía, para defender sus bosques de un proyecto de dos empresas, una griega y otra canadiense, de minas para la extracción de oro. Y así una larga lista que, demasiado parecida, encontramos en nuestro país, donde se repiten las mismas quimeras: petróleo en Canarias, minas de cielo abierto para extraer oro en Galicia, uranio en Catalunya o fracking en muchos puntos del norte peninsular. Como en Grecia, hay que denunciar las leyes (dos) que el Gobierno central dispone para servir el territorio en bandeja de plata y abierto en canal, para permitir el saqueo de nuestros bienes comunes.
Por un lado, tenemos la ley de protección y uso sostenible del litoral que sustituye a la ley de costas de 1988 y que vulnera principios constitucionales básicos. De cumplirse la ley, bienes de dominio público pasarían a manos de inversores privados, quedarían desprotegidas zonas de alto valor como humedales o esteros marinos y sangraría las playas -que pertenecen al mar- para entregarlas a proyectos urbanísticos. Y por otro, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la ley Montoro, que mintiendo respecto al logro de una supuesta eficiencia quiere desmantelar los sistemas de gobernanza de los pequeños municipios y pedanías, para poder poner a la venta los montes y suelos públicos que estos ayuntamientos o concejos de vecinos han gestionado colectivamente durante cientos de años. De nuevo una ley que olvida que hablamos de bienes de dominio público que, según la Constitución, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
¿PODEMOS permitir la venta de la naturaleza para pagar rescates bancarios o facilitar el lucro de un puñado de inversores? Si pensamos en el planeta como el sistema del que somos parte, con bosques y suelos como pulmones y montes y ríos como arterias, donde convivimos con una fantástica diversidad de seres vivos y que es la única garantía para la vida de nuestros descendientes, poner el interés privado por encima del público es de una tremenda miopía y mediocridad. Una agresión que quizá a nuestros gobernantes les puede parecer menor, con la que está cayendo a nadie le importará que vendamos o quememos unos cuantos bosques o arenales, piensan los que están al mando de este expolio silencioso. Pero ahí también su mirada es antigua. La sociedad ha tomado conciencia del significado del más humilde de los árboles, como hemos visto en la plaza Taksim, en Estambul, o en otros mil lugares.
Artículo publicado en El Periódico de Catalunya el 19 de Julio de 2013