«Un 75 por ciento de la comunidad permanece entre el agua. El maíz, el plátano, la okra (quimbombó), el pasto, todo se perdió», relató a IPS José Asencio, en la aldea de Santa Ana Mixtán, en el sur de Guatemala, el área más afectada por el paso de la tormenta tropical Agatha. Para sobrevivir, sus […]
«Un 75 por ciento de la comunidad permanece entre el agua. El maíz, el plátano, la okra (quimbombó), el pasto, todo se perdió», relató a IPS José Asencio, en la aldea de Santa Ana Mixtán, en el sur de Guatemala, el área más afectada por el paso de la tormenta tropical Agatha.
Para sobrevivir, sus pobladores pasaron a trabajar a cambio de víveres. «Estamos reforzando la borda (el borde) de los ríos Coyolate y Mascalate, y el alcalde nos apoya con raciones de comida, aunque tenemos dos semanas de no recibir nada porque se acabaron las reservas», explicó.
Asencio aseguró que la escasez de alimentos y de trabajo por los trastornos climáticos y las inundaciones, empeoraron la situación de las 373 familias de la localidad, situada dentro del municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla, en el extremo sur del país.
En la comunidad de Madronales, del costero municipio de Ocós, en el departamento suroccidental de San Marcos, el drama se repite. «Se inundaron las siembras de maíz y plátano, necesitamos que nos apoyen con alimentos», dijo a IPS Amparo Barrios, una lideresa local.
Al paso de Agatha las plantaciones que dan sustento a unas 210 familias quedaron bajo las aguas y «de lo poco que nos había quedado se encargó la tormenta Alex», que afectó al país un mes después, se lamentó.
Al abandonar Guatemala el 30 de mayo, Agatha dejó tras ella 165 personas fallecidas y más de 100.000 damnificados. Un mes más tarde, Alex sumó otras dos víctimas mortales y más de 2.000 afectados, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Estos fenómenos naturales también golpearon a El Salvador y Honduras, donde al menos 29 personas murieron y miles resultaron damnificadas, según los organismos de socorro.
Pero la más vapuleada por ambos ha sido Guatemala, una de las naciones más pobres de América Latina. La mitad de su población vive en pobreza y 17 porciento subsiste en la indigencia, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«El problema del cambio climático está exacerbando las condiciones de pobreza y extrema pobreza en el país y a las personas menos favorecidas se les está complicando más la vida», dijo a IPS Carlos Mancilla, director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Las inundaciones no son la única preocupación. Paradójicamente, uno de los fenómenos crónicos más complejos del territorio guatemalteco es el de la sequía del llamado corredor seco, en el norte y este del país.
«El problema de la adaptación a la sequía no es tan fácil como sucede con las inundaciones. ¿Cómo se recupera el tejido social que quedó afectado por la sequía? ¿Qué pasa con la migración del jefe de familia?, mientras que si se cae un puente por las lluvias se coloca y ya está», dijo Mancilla.
La Dirección General de Epidemiología informó que en 2009 al menos 54 niños y niñas murieron por desnutrición, a raíz de la sequía, catalogada como la peor en 30 años. En tanto, 2,5 millones de personas padecieron el impacto de la crisis alimentaria, precisó la ONU.
En Guatemala, de hecho, la tasa de desnutrición crónica infantil es de 49,3 por ciento, la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo, según el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (Unicef).
Pero Mancilla planteó que la adaptación al cambio climático debe ir más allá de la crisis alimentaria, porque el riesgo aumenta por el inadecuado emplazamiento de los asentamientos y por el tipo de construcciones.
Además de la vulnerabilidad económica, Guatemala es considerada una nación con una geografía endeble, con alto riesgo de desastres por la actividad volcánica, las fallas geológicas y la profusión de montañas y ríos.
Un ejemplo: la erupción del sur-central volcán de Pacaya, situado a unos 30 kilómetros de la capital, cuya ceniza cubrió Ciudad de Guatemala el 27 de mayo y provocó un muerto y miles de damnificados.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno para adaptarse a estos fenómenos, Mancilla citó la creación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, conformada por 17 secretarías y ministerios y que «está midiendo el impacto por sectores, incluyendo la alimentación». Así, «vemos cómo cada uno puede contribuir», explicó.
Sucely Girón, coordinadora del no gubernamental Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dijo a IPS que en el país «no se está invirtiendo en prevención», pese a existir la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
«El enfoque del presupuesto para la reconstrucción va dirigido a obra gris (construcción). Se olvidaron que Agatha y Alex dejaron a la gente sin cultivos y sin trabajo para comprar alimentos», ejemplificó tras el anuncio del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom de que requiere 1.000 millones de dólares para reconstruir el país.
La experta planteó la necesidad de promover la diversificación de la agricultura y la promoción de actividades económicas alternativas, para que romper la dependencia guatemalteca del sector.
Citó actividades como el turismo, la piscicultura y la elaboración de artesanías, entre las que podrían asegurar ingresos a las familias más afectadas por los efectos del cambio climático en sus siembras.
El Programa Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo Climático en Guatemala, una iniciativa de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunitarias y de la cooperación internacional, le apuesta a una agricultura sostenible.
Leonel Jacinto, coordinador de la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) dentro del proyecto, dijo a IPS que a través de las buenas prácticas agrícolas, se busca asegurar el alimento para las poblaciones.
En el central departamento de Baja Verapaz, afectado por la sequía, el programa impulsa actividades como evitar la quema, la agro-forestación y el uso del rastrojo, a fin de mejorar la capacidad de retención de la humedad del suelo.
El proyecto, que beneficia directamente a 791 familias e indirectamente a otras 100.000, también promueve el reciclaje para el riego de los huertos de aguas utilizadas para lavar ropa y alimentos. Además apoya la generación de energía mediante biodigestores, que producen biogás con materia orgánica.
Jacinto cree que programas como éste pueden generar un cambio en la agricultura del país y hacerla más resistente al cambio climático. Pero deben extenderse en el territorio y en el tiempo.