La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) calificó de «un atentado contra la educación pública y la niñez» el anuncio del Departamento de Educación de que se propone cerrar 283 escuelas al finalizar el presente semestre escolar. La Secretaria de esa agencia, Julia Keleher ha dicho que el cierre permitirá un ahorro de $14 […]
La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) calificó de «un atentado contra la educación pública y la niñez» el anuncio del Departamento de Educación de que se propone cerrar 283 escuelas al finalizar el presente semestre escolar. La Secretaria de esa agencia, Julia Keleher ha dicho que el cierre permitirá un ahorro de $14 millones que servirá de alivio a la crisis fiscal que enfrentan. La organización magisterial señala que ello contrasta con que se inviertan $17 millones «en un contrato de dudosa moralidad con la empresa Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics para implementar la enseñanza de valores en las escuelas».
«Definitivamente el gobierno tiene las prioridades invertidas cuando cierra escuelas y usa el dinero de los niños para un programa que busca favorecer una empresa con vínculos con las estructuras de poder en Puerto Rico y que no ha mostrado resultados tangibles en contratos anteriores con la agencia», denunció Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
Entre los efectos que tendrá este nuevo cierre de escuelas, la dirigente federada apuntó que «golpeará de manera despiadada a más de 60,000 niños y niñas que hace menos de un año vivieron los estragos de un huracán devastador y la irresponsabilidad, insensibilidad e ineficiencia del Departamento de Educación para reabrir las escuelas». Apuntó que el daño es mayor en el caso de los estudiantes de diversidad funcional adscritos al Programa de Educación Especial.
«Los estudiantes sufrirán hacinamiento y problemas de adaptación en las escuelas receptoras que afectarán su aprovechamiento académico y el desarrollo de sus habilidades. Lanzarán a la calle a cerca de 7,000 transitorios y los educadores permanentes estarán sujetos a traslados y constantes declaratorias de excedentes. La desestabilización resultante de este atropellado proceso de ataque a la educación empujará a miles de familias a abandonar el país», explicó Martínez Padilla.
«Las escuelas a cerrarse son principalmente las ubicadas en zonas rurales y de desventaja económica, lo que creará un problema de falta de acceso a la educación de parte de los niños de familias pobres e hijos de trabajadores. Contribuirá al aumento en la deserción escolar y, por ende, a la profundización de los problemas sociales. Las estructuras abandonadas se convertirán en estorbos públicos como ya ocurre con los planteles descartados anteriormente», añadió.
Ya bajo la administración del ex Secretario de Educación Rafael Román, como en el primer año de la incumbencia de Julia Keleher, se han cerrado unos 340 planteles.
La Federación de Maestros aseguró que «estos cierres buscan generar ahorros para pagar la deuda con los bonistas buitres que mantienen su espada de Damocles sobre Puerto Rico y hacer de las escuelas negocios atractivos para los privatizadores». Las empresas que adquieran la administración de las escuelas mediante el modelo chárter cobrarán al gobierno una tarifa por cada estudiante. Un plantel con muchos estudiantes les permite una mayor ganancia.
Martínez Padilla hizo un llamado urgente a las comunidades escolares a comunicarse con la Federación de Maestros para, en conjunto, establecer un plan de lucha para impedir que continúe el cierre de escuelas. Invitó a participar en la ASAMBLEA de trabajadores de la educación que anunciará el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP). «En el pasado padres, madres, maestros y estudiantes se han unido para resistir y han vencido. Tenemos la fuerza y la razón. Vamos a defender la educación pública y a derrotar la privatización,» concluyó.
Enlace con las escuelas que serán consolidadas y sus respectivas escuelas receptoras: https://deprgov-