La divulgación de un documento sobre Cooperación Regulatoria vuelve a señalar el secretismo de un tratado que introducirá a las multinacionales en el corazón de los procesos legislativos de los Estados norteamericanos y europeos.
Un documento filtrado y publicado por la web Corporate Europe Observatory (CEO) ha puesto en evidencia otro de los riesgos del Acuerdo de Libre Comercio que se negocia entre Estados Unidos y la UE, conocido como TTIP. Según dicho documento, las iniciativas legislativas de los Estados -tanto los europeos como los 50 Estados de EE UU- podrán ser vetadas por «potenciales» conflictos con los intereses de las multinacionales.
La propuesta, indica CEO, aumenta el peligro de la llamada Cooperación Regulatoria, una de las claves del TTIP, un mecanismo que consiste en armonizar las regulaciones y legislaciones de ambos lados que afecten al comercio, las inversiones y otros asuntos previstos en el acuerdo. Es «un insulto a la democracia en sí misma», ha explicado a CEO Max Bank, de la organización Lobby Control.
De esta forma, el recorrido de la legislación en las distintas administraciones -y no sólo en la Comisión Europea- podrá ser monitorizado por empresas y lobbies, algo que limitará leyes que puedan ser entendidas como perjudiciales para las empresas. Por ejemplo, acciones de control de los pesticidas como las que ha implantado el Estado de California o la regulación para limitar los agentes químicos implantada por Francia, podrán ser cortadas de raíz por las secretarías de Comercio a instancias de las empresas.
«Lo vemos muy peligroso, los lobbies van a tener mucha influencia, van a poder tener una estrategia sobre España, por ejemplo», indica a este medio Lora Verheecke, de CEO. Desde este organismo se denuncia que la Comisión Europea da un paso más allá de sus competencias con esta disposición, que afectará a las nuevas leyes y también a las que ya están vigentes. Como indicaba Susan George en Diagonal, de aprobarse el Tratado, los Estados tendrán las manos atadas para llevar a cabo determinadas leyes que prioricen cuestiones de índole medioambiental o de salud pública por encima de los deseos de las multinacionales.