[En todos los países europeos, el código de trabajo o estatuto de los trabajadores es objeto de ataques por parte del poder. Esto constituye un elemento importante de la guerra de clases. Gérard Filoche [Exinspector de trabajo y una autoridad en la materia] ha calificado de este modo la función de Robert Badinter, encargado de […]
[En todos los países europeos, el código de trabajo o estatuto de los trabajadores es objeto de ataques por parte del poder. Esto constituye un elemento importante de la guerra de clases. Gérard Filoche [Exinspector de trabajo y una autoridad en la materia] ha calificado de este modo la función de Robert Badinter, encargado de elaborar la réforma: «El informe presentado el 26 de enero por la comisión Badinter sanciona la condena a muerte del Código del Trabajo construido desde hace un siglo.» Aunque el presidente de la comisión que elaboró la propuesta consideró conveniente escribir sin modestia que se trataba de una «empresa difícil» y de una «tarea compleja que no habría podido llevarse a cabo en el breve plazo que tenía fijado el comité encargado de elaborar la reforma», un estudiante de bachillerato podría haber realizado en menos tiempo y sin dificultad lo que básicamente no es más que un corta y pega de los 50 artículos «fundamentales» que ya había escrito el tándem Badinter/Lyon-Caen hace más de seis meses en su libro Le travail et la loi publicado en junio pasado.
En aquel entonces, este intento de reescribir el código ya era pretencioso y ridículo, pero si comparamos veremos que el corta y pega del «informe» comportaba aún más renuncias con el objetivo de complacer a sus destinatario: Manuel Valls (primer ministro) y Emmanuel Macron (ministro de Economía). Pierre Gattaz (presidente de la patronal, Medef) acababa de decir que «el Código del Trabajo es el enemigo n.º 1 de los empresarios«. Pues ya está: ahora lo será menos.
Para ser justos, los 61 artículos actuales, que se supone que establecen los principios fundamentales del derecho laboral, ya no contienen, de ningún modo, esas escorias que exponían demasiado claramente el nuevo credo patronal, del tipo «El trabajador ejecuta con diligencia la prestación acordada«, pero se agrava el contenido ajustándolo aún mejor a la indicación de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que había insistido en que haya una perfecta armonía con el texto de la ley que, de hecho, suprimirá dentro de poco la jornada legal.
Un efecto positivo de la presentación de este proyecto de Ley es que ha servido para reactivar el campo de la contestación social, totalmente a la deriva desde hace años, pero especialmente tras los atentados del 13 de noviembre y la implantación del estado de excepción. De entrada, se dio un llamamiento unitario de un amplio espectro de la izquierda social y política para denunciar sus contenidos -documento que reproducimos a continuación- y llamar a la movilización, que más tarde tuvo su continuidad con el llamamiento a la huelga general a través de las redes sociales para el 9 de marzo, fecha en la que el Gobierno va a dar luz verde al proceso para aprobar la contrarreforma. Un llamamiento que se marcó como objetivo alcanzar 1 000 000 de firmas y que a estas alturas ya las ha logrado; como también el apoyo de la izquierda política y sindical, con la implicación de sindicatos como la CGT, FO, FSU, Solidaires UNEF, UNL et FIDL.
En estos momentos es difícil saber hasta qué punto esta jornada de lucha será un éxito y si marcará un punto de inflexión tras la derrota del movimiento social en 2010 (Huelga general contra la reforma de las pensiones), pero sin duda constituye un acontecimiento importante que tiene interés seguir. A fecha de hoy ya están programadas movilizaciones en más de 130 ciudades. Red.]
Bajo el mandato de François Hollande, los trabajadores han perdido derechos. No permitiremos que la ley El Khomri los recorte todavía más. El proyecto de ley de la ministra El Khomri pretende facilitar los despidos ¿para favorecer el empleo? La experiencia, sin embargo, enseña que facilitar los despidos no hace más que eso, facilitar los despidos. E inflar los beneficios.
Desde hace un siglo, la patronal denuncia ese «yugo» que es, según ella, el Código del Trabajo. «Vuestras leyes sociales hunden una industria que de por sí es frágil«, lanzó en 1909 el senador Touron, presidente de la Asociación de la Industria y de la Agricultura, a René Viviani, ministro socialista de Trabajo, quien impulsó la redacción del primer Código. En 2006, a Laurence Parisot le salió este grito del alma: «La libertad de pensamiento desaparece allí donde comienza el Código del Trabajo«.
Manuel Valls y François Hollande quieren suavizar el Código del Trabajo. ¿Con qué propósito? ¿Para combatir el paro? Bajo Nicolas Sarkozy, la misión Combrexelle expurgó el Código suprimiendo 1,5 millones de caracteres, 500 leyes. Un Código light disparará el empleo, dijo la derecha. No ha creado ni un puesto de trabajo. Hasta la OCDE lo reconoce: una legislación que protege a los trabajadores no influye en la destrucción o creación de puestos de trabajo.
En este país no se habla nunca de los trabajadores quemados en el trabajo: víctimas innombrables de una guerra económica innominada. Y eso que todos los años se producen 500 accidentes laborales mortales, 700 suicidios, 650 000 accidentes con parada de la producción, 4 500 personas resultan discapacitadas por causas directamente asociadas al trabajo. ¿Números? No, vidas. Condenadas al paro, a la precariedad, a la miseria. Arruinadas. Invisibles. Despreciadas.
El Código del Trabajo no es ni grueso ni ilegible. De por sí ya concede a las empresas demasiadas derogaciones desfavorables para los trabajadores. No es suficientemente regulador, no está suficientemente controlado ni se aplica suficientemente: las agresiones a los agentes de la inspección de trabajo se han multiplicado por cuatro en diez años, las consecuencias judiciales de las actas respectivas brillan cada vez más por su ausencia y los medios con que cuenta la inspección de trabajo se reducen progresivamente.
Las propuestas de reforma del Código del Trabajo, anunciadas hoy, son inaceptables.
¿Referéndum de empresa? Deslegitima la intervención sindical. Permite redoblar las presiones de la patronal, los chantajes con los despidos. En Smart habría permitido a la dirección aplicar directamente su proyecto de 39 horas pagadas como 37. En la Fnac comporta el riesgo de obligar a trabajar en domingo.
Por encima de las 35 horas, las horas suplementarias ¿deberán «compensarse» y ya no pagarse con la cuantía del salario más un 25 %, como ocurre actualmente? Emmanuel Macron dice la verdad: es el fin de las 35 horas. Hoy por hoy, los sindicalistas parten de la base de un incremento del 25 % al 50 % de la paga de las horas suplementarias para negociar. ¿A cuánto ascenderá la «compensación»? Seguro que menos.
¿Propone El Khomri aumentar la duración de la jornada si la empresa lo decide? Esto implicará trabajar más para cobrar menos. Su texto, por cierto, rebosa disposiciones contrarias a los trabajadores. Para reducir las indemnizaciones en caso de despido abusivo, para disuadir a los trabajadores de atacar a la empresa ante el tribunal de lo social, para obligarla a revisar a la baja sus condiciones de trabajo, etc. El proyecto de El Khomri convierte al empresario en rey.
Sin embargo, lo que se sabe del proyecto de El Khomri no es más que el comienzo. Hay muchas más cuestiones inquietantes, pues los informes de Combrexelle y Badinter socavan ciertos fundamentos del derecho laboral, reduciendo su campo de aplicación. Por ejemplo, el principio de favor, que establece que en caso de contradicción entre la ley, el contrato laboral o un convenio colectivo, prevalece la norma más favorable para el trabajador. Combrexelle no lo acepta a menos que se añada que «si la ley no dispone lo contrario«. La obligación de recolocación, que estipula que la empresa ha de hacer todo lo posible por recolocar a su trabajador antes de proceder a su despido por motivos económicos. «Salvo derogación prevista en la ley«, replica el informe Badinter. Cosa que abre no pocas brechas: suprime la obligación de recolocación de los despedidos por motivos económicos y por los que quedan inválidos, en particular.
Veamos qué dice el artículo 13 de dicho informe: «El contrato de trabajo tiene una duración indeterminada. Solo podrá concluirse por un tiempo determinado en los casos previstos en la ley«. No se retoma la formulación vigente: el contrato de duración indeterminada es «la forma normal y general de la relación laboral«. ¿Mera casualidad? No se reafirma la garantía actual frente a las derogaciones: el contrato de duración determinada solo debe cubrir las necesidades temporales de la empresa. ¿Por qué este olvido? Cuando la patronal Medef sueña con recurrir sin trabas a los contratos de duración determinada.
El artículo 1 proclama: «Las libertades y derechos fundamentales de la persona están garantizados en toda relación laboral. No podrán limitarse salvo si ello se justifica por el ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales o por las necesidades del buen funcionamiento de la empresa…» Estamos hablando del Código del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de la «persona» y no de los «trabajadores»? En derecho, las palabras cuentan. No hablar de los trabajadores equivale a no hablar de los empresarios ni de los poderes de la patronal. Es reproducir la filosofía liberal contractualista, según la cual el contrato laboral es puro acuerdo de voluntades puras entre personas iguales. Este artículo, por cierto, sitúa el buen funcionamiento de la empresa en el mismo nivel que las libertades fundamentales. Como en el Tratado de Lisboa de la UE, que otorga el mismo rango a la dignidad de las personas, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.
En la carta por la que se instaura la Comisión Badinter, Manuel Valls declara: «La doble función atribuida al derecho laboral se cumple cada vez peor. Aunque debe tanto proteger a los trabajadores como dar garantías a las empresas para que puedan desarrollarse…» No es esta, ni debe serlo, la misión del Código del Trabajo. Como estipula el artículo L. 120-3, este Código está destinado a poner coto a «la relación de subordinación jurídica permanente con respecto a la empresa«. Desde 1910, y con cada avance social, ha desempeñado esta función. El primer Código es fruto de las resistencias obreras. Hoy, las luchas de los trabajadores aspiran a menudo a reforzar esta barricada jurídica que es el Código. Pretender que proteja a las empresas es escribir la historia al revés.
Juntos, en los meses que vienen, vamos a defender los derechos de los trabajadores y sentar las bases de un Código del Trabajo que los proteja.
Clémentine Autain (Ensemble), Olivier Besancenot (NPA), Eric COQUEREL (Parti de gauche), Gérard Filoche (PS), Willy Pelletier (Fondation Copernic), Pierre Laurent (PCF), Eric Beynel (Solidaires), Fabrice Angei (CGT) y Noël Daucé (FSU)
Fuente: https://npa2009.org/arguments/social-autres/fortifions-le-code-du-travail-tribune
Traducción: VIENTO SUR